LA OTRA REPUBLICA-PARTE 5

El nuevo siglo: hacia las malas decisiones

Hacia 1890 la mal llamada oligarquía (en realidad la única clase coherentemente estructurada que ha conocido hasta hoy la historia argentina) controlaba todos los resortes económicos y funcionales del país.

El poder político, por tanto, devenía de la riqueza y el prestigio social; se heredaba dentro de la misma familia y grupo de familias, tanto en la Capital como en las provincias, y nadie podía ni siquiera imaginar que ello fuese pasible de cambio alguno. Cambio que, por lo demás, no parecía hasta entonces necesario, ante los resultados de organización y progreso que el país le reconocía a quienes habían tomado su conducción luego de las desangrantes guerras intestinas.

Las grandes decisiones políticas solían tomarse fuera del marco legal (gabinete, Congreso), en las tertulias de los clubes selectos y el resto del país se asemejaba a un gran establecimiento agropecuario cuya única función –aceptada por todos- era la de producir mucho y barato para Europa, que era cliente mayoritario.

De este modo se despolitizaba hacia abajo la sociedad, la "res pública", difundiendo como único camino posible las tareas de paz y administración, con el consiguiente desaliento de cualquier lucha por las ideas, que dispersara esfuerzos destinados al fortalecimiento económico del sistema.
Y todo lo que tuviese que ver con la vida política del país –necesaria para plantear ante propios y extraños un proceso moderno y democrático- se concentraba en el P.A.N. con una hegemonía que se dilató entre las dos presidencias de Roca (1880/1886 y 1898/1904).

La "Liga de Gobernadores", integrada por los miembros de pocas familias tradicionales de las provincias, era quien designaba a los presidentes, diputados y senadores que los comicios posteriores invariablemente iban a convalidar a través de métodos que casi nunca tenían que ver con las prácticas democráticas pero que eran aceptados y aún promovidos como la única forma de sostener al país por los caminos del bienestar tan anhelado.

Para perpetuarse en el poder, el régimen recurría en la práctica a la limitación de las libertades políticas ciudadanas; el derecho a voto estaba concedido a muy pocas personalidades de pro incluidos en las listas respectivas. No había escrutinio secreto ni obligatorio y la inclusión en las listas electorales dependía de la voluntad de las autoridades, quienes también anulaban los comicios según la índole de sus conveniencias y resultados.

En las elecciones legislativas de 1886 en la Provincia de Buenos Aires, que contaba con alrededor de medio millón de habitante, había un padrón electoral de sólo 18.000 inscriptos. Así funcionaba el sistema y de la mano de este funcionamiento comenzaban a aparecer crujidos de descontento que provenían especialmente de los ya multitudinarios sectores de inmigrantes que tornaban a reclamar su propio espacio.

Y esos crujidos alcanzaron prontamente a las mismas bases legales de la Argentina –cada vez más forzadas en su interpretación como pretexto para mantenerse en la legalidad y una forma de poder que hacia agua por todos lados- produciendo la primera ruptura importante del contrato firmado por unos pocos pero aceptado por todos después de Caseros y Pavón: a nuestro país podía costarle encontrar el rumbo definitivo pero, lo que estaba fuera de discusión, era la vigencia –a partir de entonces- de la legalidad (civilización) frente al autoritarismo desenfrenado (barbarie) de su historia reciente.

Y vuelve entonces a aparecer en el horizonte argentino aquél viejo y rico debate entre Sarmiento y Alberdi –ambos coincidentes en la existencia del enfrentamiento civilización-barbarie, y sus consecuencias hacia el futuro- acerca de cuales eran los caminos para entronizar a la primera desterrando para siempre de la vida nacional a la segunda.

En su biografía novelada sobre la vida de Sarmiento –Cuyano alborotador- José Ignacio García Hamilton, transcribe una carta del sanjuanino a Vicente Fidel López, en la que refiriéndose al pensamiento de Esteban Echeverria no puede evitar poner en evidencia sus propias convicciones personales acerca de cómo deberían ser las cosas: “Pobre Echeverría, es el poeta de la desesperación, el grito de la inteligencia pisoteada por los caballos de la pampa, el gemido del que a pie y solo, se encuentra rodeado de ganados alzados que rugen y cavan la tierra en torno suyo, enseñándole sus cuernos. En sus versos ha descripto la soledad de la pampa con su naturaleza bruta, tal como la perpetúa la impotencia del pueblo que la habita. Porque en la imaginación española no entra el progreso rápido, súbito: el rey y la república, la libertad y el despotismo pueden pasar sobre los pueblos españoles, sin cambiarles la fisonomía árabe, berberisca, fijada indeleblemente”.

En ella, se puede deducir que el concepto de civilización del sanjuanino está íntimamente ligado a la cultura europea occidental.

Como contrapartida de la postura sarmientina aparece la de Juan Bautista Alberdi quien —alejándose de Sarmiento— no cuestiona la existencia de un estado de «barbarie», pero reconoce en ella una cultura que debiera respetarse e inscribirse gradualmente en un proceso de complementación con la civilización europea.

El aspecto central del enfrentamiento de ambas visiones podría resumirse en lo siguiente: ¿qué se debe incorporar de la cultura europea y, sobre todo, cuál sería el método correcto para realizar el sincretismo?

Ante esta cuestión se erigen las figuras de dos hombres de diferentes características personales: Sarmiento, hombre de acción – con una actitud ante la realidad que en su compulsión por el “aquí y ahora” puede llegar hasta el maquiavelismo del “fin justifica los medios”- y Alberdi, hombre de ideas, moderado, pensante, con tanta claridad como aquél en tanto y en cuanto el modelo a construir pero seguro de la necesidad de convencer antes que imponer.

El primero, en su afán de progreso, decidió allanar el camino para una rápida conversión, lo cual le valió severas críticas de los pensadores de su época y de los posteriores; el segundo optó por una actitud reposada.

Lo cierto es que en los albores del siglo XX el régimen instaurado por la generación del 37 no había logrado ni una cosa ni la otra: la población no estaba convencida –y nunca podría estarlo ante un sistema que no atendía ni resolvía las nuevas demandas de la hora- y la imposición surgida de la impronta sarmientina comenzaba a agotarse por la acción de un estado cada vez más replegado sobre sus propios intereses de clase.

Se fue implementando entonces una burocracia estatal –emparentada siempre con las clases sociales en el poder- más ocupada en el mantenimiento del régimen que en la verdadera representación de aquellos intereses comunes que prontamente golpearían sus puertas.
Esta era provista por las Universidades de Buenos Aires y Córdoba y, en especial, por sus facultades de Derecho.

Egresar con el título de doctor en jurisprudencia o abogado otorgaba prestigio social e influencia política brindando asimismo la posibilidad de acumular riquezas al cabo de algunos años de ejercicio sin poseer capital inicial. Ello hacía también atractiva la carrera para miembros de la clase media acomodada; en 1914 el 35% del total de graduados universitarios eran abogados.

Con la sanción del Código Civil de Vélez Sarsfield (1869), aprobado a libro cerrado por el Congreso se consagra el estatuto jurídico de la propiedad privada y los abogados cuentan con la herramienta normativa para la consolidación del capital de sus principales clientes quienes, por otra parte, ya sospechaban la llegada de un tiempo de reclamos sociales que les obligaba a poner la casa en orden en cuento a sus bienes, generalmente conseguidos de la mano del privilegio a la sombra de la situación caótica de los años anteriores.

A su vez crece la obsesión acerca de las formas de la sucesión política y sobre todo de las garantías institucionales para garantizar que la misma no cambiara de manos.

Y es entonces cuando los viejos defensores de la modernidad europea –encarnada por el liberalismo y las concepciones que habían revolucionado a la humanidad- se abroquelan en la defensa de sus propios intereses y se convierten en conservadores de los privilegios obtenidos.
Es esta ruptura del contrato –que abarca aspectos formales, morales e institucionales de la república- la que marca a nuestro juicio el fin de una experiencia que pudo ser trascendente y que terminó limitada y depreciada por los mismos hombres que la habían traído a nuestras tierras.

Se advierte entonces la importancia otorgada al control de la sucesión política que, en mayor o menor medida según zonas y circunstancias puntuales, impuso el régimen para los cargos ejecutivos más altos: presidente, gobernadores y senadores, privilegiando ante todo la pertenencia y cercanía con sus intereses y desechando –cuando no persiguiendo- a todo aquel que pudiese siquiera ser sospechado de opositor.

Las intervenciones federales, remedio constitucional que comenzó a ser utilizado casi histéricamente, marca el punto de inflexión de la ruptura del equilibrio legal, desvalorizando la máxima norma del ordenamiento jurídico para –como brillantemente lo ejemplifica Juan Agustín García en su clásica obra La Ciudad Indiana- “adorarla como a una virgen, para violarla permanentemente”.

Paralelamente aparece en nuestra vida institucional uno de los vicios más graves –sino el mayor- que abonara la decadencia y la ruptura del contrato social a lo largo de los años y que, por cierto, se fue acentuando con los mismos hasta llegar al patetismo de nuestros días: la ausencia de un Poder Judicial independiente y su dependencia de las necesidades del liderazgo de turno.

La propia Constitución –lo que deberá ser revisto con suma urgencia más allá de los maquillajes propuestos en la reforma de 1994- consagra esa dependencia a partir del criterio de selección que impone para designación de magistrados que, de esa manera, devienen y responden al poder político.

Este origen partidario y la posibilidad de la remoción por el Congreso a través del mecanismo del llamado juicio político -la destitución se resuelve por el voto del Senado dominado por la mayoría del gobierno- explica su falta de independencia respecto de la clase dominante, el generalmente bajo nivel técnico-ético y el irreversible desprestigio social que la judicatura arrastra desde entonces..

Sus decisiones político-jurídicas más importantes han convalidado a lo largo de nuestra historia las conductas especialmente propicias para los gobiernos de turno, incluso las aberrantes, como las de los golpes de Estado de cualquier signo de 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976; el terrorismo de Estado del lapso 1976-1983; la constitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final -que exculparon por delitos cometidos tanto a terroristas como a genocidas- y con todo ello la impunidad de los responsables del desprestigio y la destrucción de la relación pueblo-estado durante los años de fuego en la Argentina.

Y es claro que a los efectos del presente trabajo vamos a limitar el juicio de valor que cada una de las etapas citadas nos merece –y que por cierto lo tenemos- buscando centrar la cuestión en lo que a nuestro juicio es el aspecto fundamental a analizar: el uso permanente que desde el poder se ha hecho de la letra y el espíritu de nuestro ordenamiento legal y las consecuencias que sobre una sociedad harta y decepcionada ha tenido tal actitud.

En cuanto al Congreso, la Constitución satisfacía a las elites provinciales (dos senadores por cada provincia, cualesquiera fuese su importancia, riqueza y población relativa en el contexto nacional) y a las provincias más pobladas (Buenos Aires, Santa Fé y Córdoba), al fijar diputados con relación al número de habitantes de cada una.

De tal manera, los constitucionalistas originales demostraron su desconfianza respecto de la cesión de poderes a los gobiernos locales, eliminando toda posibilidad de amenaza al gobierno central.

Esta clase dirigente, cuyas características describiremos a renglón seguido, no consideró impropio entonces recurrir a cualquier medio para conservarse en el poder, pues su visión ilustrada e infalible del proyecto de país que sustentaba, todo lo justificaba .
Los recién llegados (inmigrantes, artesanos y clase media en ascenso) no podían tener acceso al gobierno por su potencial peligrosidad para el régimen y porque los dirigentes de entonces creían sinceramente que nadie más que ellos podían interpretar cabalmente las necesidades del país y las expectativas de la opinión pública.

Y así las grandes familias provinciales aportaban al gobierno nacional ministros del Ejecutivo y de las Cortes, jueces de tribunales federales y embajadores para las relaciones exteriores.
Los escalones inferiores de la burocracia eran ocupados por la clase media urbana mientras las cuestiones técnicas de la administración se nutrían principalmente de europeos emigrados y contratados ad hoc (alemanes, ingleses, franceses e italianos) .

Las anomalías de este sistema eran tan públicas, notorias e insostenibles, que un dirigente clave de los conservadores, hacia 1916, se sintió obligado a reconocerlas: "Somos los hombres del antiguo régimen, vale decir, los réprobos... Somos el pasado, lo conocido, lo gastado. Hemos desvirtuado la Carta, conculcado el sufragio e interrumpido la revolución de Mayo. Nos hemos interpuesto criminalmente entre la generación patriótica que dio la Constitución y la obra redentora iniciada hace veinticinco años .

En estas circunstancias del país aparece lo que pudo ser una vía de cambio dentro del sistema, con la creación de la primera alternativa de oposición que, a su vez, incorporaba –aún que tibiamente- a algunos de los sectores urbanos desplazados de la vida pública argentina: la Unión Cívica de la Juventud, a la que prontamente adhieren grupos mitristas, católicos y de seguidores del caudillo popular Leandro N. Alem.

En 1890 la llamada "Revolución del Parque", con amplio apoyo ciudadano, no obstante ser vencida por carencia de estrategias claras y una planificación adecuada, logra la caída del Presidente Juárez Celman.

Los derrotados forman la Unión Cívica, que elige como candidato a presidente a Bartolomé Mitre.

Roca entonces, acuerda con Mitre -en esencia más cercano a éste que a las reformas revolucionarias propuestas por los hombres del '90- la futura fórmula presidencial para el periodo 1892/98, encabezada por Luis Sáenz Peña, un representante de las clases en el poder, de bajo perfil y cierto prestigio. Ante la claudicación de Mitre se divide la Unión Cívica y su ala más enemiga del régimen constituye la Unión Cívica Radical (U.C.R.), que queda bajo la conducción de Alem y lo un importante grupo representante de la juventud El desgaste del gobierno –que ya por entonces aparecía como irreversible- obedeció, además, a la acción de fuerzas sociales y movimientos ideológicos que se localizaron en diferentes puntos del espacio político. La oposición intransigente, que no aceptó incorporarse a ningún juego de acuerdos y coaliciones que supusiesen salvar el sistema, constituía una amenaza frente a la cual el oficialismo resultaba incapaz de encontrar respuestas exitosas.

En 1911 el Presidente Sáenz Peña logra la sanción de las Leyes Nº 8129 y 8130 de Enrola-miento general y de padrón electoral, aunque debe esperarse un año más, ante la previsible resistencia del poder constituido, para que se apruebe el 28/02/12 la Ley 8871 que establece el sufragio universal obligatorio, secreto y mediante el sistema de listas incompletas.

Finalmente, el 2 de abril de 1916 hay elecciones generales que consagran el triunfo de la lista radical (Irigoyen-Luna) por 370.000 votos contra 340.000 sufragios de los demás partidos reunidos. Comenzaba así un primer intento democrático de integración de la ciudadanía, el que sin embargo se interrumpiría dramáticamente el 6 de setiembre de 1930 al producirse el primer golpe militar en la Argentina.

Que, lamentablemente, no sería el último ni el único que encontraría a un sector importante de la dirigencia encolumnado con los autores fácticos de la asonada y, lo que es mucho más grave, a una ciudadanía que en un porcentaje no menor comenzaría a ver este tipo de salidas militares como una parte más de la vida pública argentina, con las consecuencias institucionales, culturales y sociales que todos conocemos pero que no será ocioso enumerar al momento de ingresar de lleno en el análisis de los caminos futuros del país.