LA OTRA REPUBLICA-PARTE 24

(CONTINUA)

Puede ver el lector que no estamos planteando otro de los ejercicios discursivos que durante tanto tiempo fueran utilizados para hacernos creer que algo cambiaba....mientras nada cambiaba.
Hablamos de un acuerdo duro, tal vez doloroso, pero muy concreto y de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos.

Una vez concluido y refrendado por el pueblo argentino, el nuevo contrato social deberá tener la fuerza natural e histórica de los hechos centrales de nuestro pasado; será como la independencia en 1816 o el nacimiento formal de la república a partir de la Constitución de 1853.

Algunos pueden no haber estado de acuerdo; pero todos tuvieron que aceptar la realidad de los hechos.

Sin embargo en ambos casos se dio –como ahora pretendemos- la circunstancia de que el estado debió ser origen de una convocatoria también realizada en medio de profundas divisiones, enfrentamientos cerriles y un estado general de crisis institucional que amenazaba en el primer caso la integridad del país y en el segundo la misma secesión de Buenos Aires.

Los pactos preexistentes que consagra el preámbulo de nuestra ley suprema no son otra cosa que expresión racional de la vía necesaria para zanjar diferencias. Fue a partir de ellos –a pesar de sus detractores y de quienes quisieron sabotearlos- que se llegó a la etapa de la organización nacional y se consagró una base legal para una sociedad que –ya lo dijimos- existía más en los papeles que en los espíritus.

Fueron, a su manera, pequeñas moncloas nacionales.

¿Sirve entonces –como paso previo- un acuerdo a la española?. Ya dijimos que es formalmente indispensable.

¿Qué representó aquél acuerdo?. Tal vez nada más claro para explicarlo que la trascripción parcial de un artículo publicado en el Diario La Nación por su corresponsal en España, Silvia Pisan, en la edición del 16 de enero de 2002 y que preferimos rescatar como la más contundente síntesis de lo que aportaron a la naciente democracia en la península: dice Pisani que “pocas cosas nacieron con tan mala prensa y acabaron en la gloria”..

“Se firmaron el 25 de octubre de 1977- continúa- cuando el escenario político español era de diagnóstico reservadísimo. A un grado que difícilmente sospechen quienes hoy forman cola frente al consulado de Buenos Aires, a la espera de emigrar a un país en el que, por entonces, había que ser valiente para imaginar un futuro próspero.

En lo político, el vacío dejado por la muerte -dos años antes- del dictador Francisco Franco, jaqueaba al rey Juan Carlos, que asumió primero el gobierno temporal y, meses después, acabó como si nada con su primer presidente, Carlos Arias Navarro.

.Eran tiempos violentos. La banda terrorista ETA entró en una escalada de atentados criminales, mientras grupos de derecha irrumpieron con presiones y asesinatos, algunos en pleno centro de Madrid. El descontento se expresó en huelgas y movilizaciones populares. Pero estaba claro que la sociedad española no quería eso.

Las dificultades cabalgaban sobre una gravísima crisis económica. Los precios se dispararon, sobre todo y azuzados por la crisis de 1973 los del petróleo, en un país que no lo produce. Las importaciones superaban en mucho a las exportaciones. La deuda externa se disparó en cuatro años a 15.000 millones de dólares y triplicó las reservas del Banco Español. La inflación se duplicó en sólo un año y llegó al 40%. "Niveles de América latina", decía la prensa de la época. Y para coronar, un desempleo sin precedente”.

Avanzando en la similitud de circunstancias con la vividas por Argentina en el tiempo en que la nota fue redactada –y que en realidad no varían mucho con las actuales- la periodista afirma que “si algo tuvo claro Adolfo Suárez fue que necesitaba consenso. Y "concentrar" el esfuerzo político.

El joven presidente había llegado al poder de la mano del rey Juan Carlos -"¿me harías un favor?", le dijo el monarca cuando le pidió que aceptara la presidencia. Y su designación fue duramente castigada por una opinión pública harta, que dudó muchísimo sobre lo oportuno de la decisión.

Hasta aquí, más de un paralelismo podría trazarse sobre aquellos difíciles días en España y los que hoy vive nuestro país. ¿Qué hizo Suárez? Entre lo primordial, buscó una mesa de consenso que, - tras más de dos meses de trabajo- cristalizó en los acuerdos de Moncloa.

.Pese a que abarcaban varios compromisos, dos fueron los centrales: medidas de choque para la crisis económica y, sobre todo, una modificación de fondo en la forma de relación entre las fuerzas políticas, lejos de canibalismos. Ambas cosas, combinadas, significaron un mensaje de sosiego y responsabilidad política que resultó balsámico para una sociedad enervada.

.La misma demanda de sosiego que hizo la sociedad apuró su firma. Por caso, más de un historiador español insiste hoy en que Felipe González, el entonces líder del Partido Socialista Obrero Español, fue, al comienzo de la negociación, uno de los más renuentes. Pero pronto advirtió el alto costo político que tenía entre los españoles una actitud de enfrentamiento.

Había más de un costado para la crítica. Visto hoy, el bloque de compromisos incluye voluntarismo. Y diputados y senadores no perdonaron que hayan sido redactados sin su participación, aunque luego se les diera el control pleno sobre su ejecución.

.Ese fue otro de los puntos: Suárez confió en el sistema de consenso que propugnaban los acuerdos y delegó en el Congreso responsabilidades de contralor. Y en su equipo fue el vicepresidente Enrique Fuentes Quintana -y no él mismo- fue el encargado de exponerlos ante diputados y senadores, que finalmente los aprobaron.

El documento final fue firmado por todos los partidos políticos, incluido el Comunista Español, de Santiago Carrillo, y Alianza Popular, del ex ministro franquista Manuel Fraga Iribarne. Antagonistas históricos, ambos se sentaron a la misma mesa.

Fueron diez firmantes y todos ellos podrían haber optado por otra forma de hacer política.

Pusieron en riesgo oportunidades personales y eligieron el consenso, algo de lo que nada sabían, pero que intuyeron más poderoso que una legítima -aunque también miserable- aspiración en su carrera. Y su obra -y no ellos- pasó a la historia”.

Pero, ¿quién está dispuesto hoy en la Argentina a jugar el papel de Adolfo Suárez?.

El gran pecado de Raúl Alfonsín fue no comprender en 1983 que ese era el lugar que la realidad y el destino le habían reservado.

Si el líder radical hubiese aceptado ser el hombre de la transición –como si lo hizo el Jefe de Gobierno español- hubiese ahorrado a la Argentina dos décadas de angustia, frustración y decadencia.

No quiso hacerlo; prefirió pensar en sus “legítimas pero miserables” aspiraciones personales y por ello “ ni su obra ni él pasarán a la historia”.

El gobierno posterior ni siquiera evaluó la posibilidad de crear una nueva sociedad para un nuevo país. La frivolidad y el enfermizo deseo de eternizarse en el poder fueron en Carlos Menem características demasiado fuertes como para creer que siquiera pudiese imaginar semejante tarea fundacional.

Lástima grande, máxime cuando cierta dosis de conformismo social –y aún de bienestar- en la primera mitad de su década de gobierno, pudieron ser el campo de acción ideal para encarar una tarea semejante.

Después, historia más reciente, cada alternancia significó volver a los viejos rictus de inmortalidad que parecen inevitables en la formación de los políticos argentinos.

Ocurre que muchas veces los hombres no sólo no están a la altura de la historia sino que no logran ubicarse siquiera frente a sus propias circunstancias.

La otra cuestión es, ¿ pueden en la Argentina las fuerzas políticas que ocupan las alas del espectro ideológico asumir una actitud similar a la del PC de Santiago Carrillo y la Alianza Popular de Fraga Iribarne?.

La contundente respuesta es NO; pero la realidad indica que los extremos del arco ideológico no tienen en nuestro país las dos características determinantes de aquellas fuerzas españolas, aún aceptando que en la Argentina todavía existan fuerzas políticas tradicionales.

Veamos entonces el teórico panorama:

1- las expresiones extremas de la izquierda y la derecha argentinas no tienen interés alguno en participar seriamente de la vida democrática;

2- como la nuestra es una sociedad desorientada por sus propias indefiniciones, los extremos de ese arco representan una notable minoría frente al porcentaje de ciudadanos que, no sintiéndose representados por los partidos tradicionales, han encontrado refugio en una moderación alejada de cualquier aventura que pueda plantear un fundamentalismo ideológico de cualquier signo.
Esta línea de pensamiento, además, tiene mucho más que ver con las raíces de la sociedad argentina que con una actitud producto de la crisis recurrente.

Pero no es menos cierto que esa sociedad proclive a la moderación deberá en algún momento asumir con férrea voluntad la decisión de seguir adelante en base a los dictados de sus mayorías y no permitir más que el reinado de la minorías siga deteniéndola e involucrándola en debates absolutamente inconducentes.

Ni el problema de la desocupación pasa por los piqueteros, ni los derechos humanos tienen la medida de quienes griten más fuerte contra el imperialismo, ni las reglas de convivencia que deseamos darnos los argentinos pasan por ceder el centro de la escena a variopintos personajes insatisfechos de su propia identidad sexual.

Todos ellos son respetables –y deben ser respetados- en la Argentina.....pero no son la Argentina.

Por ello un contrato social será posible sólo en la medida en que decidamos convocar a todos los argentinos a construirlo pero también asumamos la responsabilidad histórica de aceptar que deben quedar al costado del camino aquellos que sólo aceptan su propia verdad como objetivo y razón final.

Sería ocioso, además, recordar el precio que la nación ha pagado en manos de minorías iluminadas que –aún de buena fe- creyeron ventajoso imponer sus convicciones a toda la sociedad.


-el necesario primer paso-

Definido entonces el espectro del diálogo pre-contrato deberíamos ahora avanzar en la agenda del debate.

Es aquí dónde el antecedente español adquiere ribetes propicios para la emulación. La agenda de la Moncloa fue suficientemente amplia como para que no quedasen fuera de ella ninguno de los aspectos que hacían a la nueva democracia.

Todos los aspectos del Pacto de la Moncloa fueron aquellos que hoy requieren de soluciones permanente en nuestra sociedad.

Sin embargo el punto de partida es muy distinto: mientras en España la mayoría de ellos se resolvía tan sólo con reflejarse en el espejo de Europa, en la Argentina no hemos logrado siquiera definir cual es la solución y el perfil que deseamos para cada uno de ellos.

¿Cuál de todos estos puntos no está pendiente de resolución hoy en la Argentina?; ¿no habrá llegado el momento de que –como ocurriera en España a partir del pacto- se asuman las soluciones acordadas como políticas de estado y dejen de estar sujetas a la impronta más o menos acertada de cada gobierno de turno?

Para entender de que estamos hablando sólo hace falta citar dos circunstancias de aquellas horas históricas en la península.

En primer lugar, ¿ cómo estaba España el día antes del acuerdo entre todas las fuerzas políticas?

En 1977 la situación económica es explosiva: en un país en el que el 66% de la energía es importada, la crisis petrolífera de 1973 ha pasado desapercibida, es decir los últimos gobiernos de Franco no han tomado ninguna medida frente al barril de petróleo que pasa en doce meses de 1,63 a 14 dólares.

Las exportaciones cubren el 45% de las importaciones, el país carece de recursos para mantener sus intercambios con el exterior y pierde 100 millones de dólares diarios de reservas exteriores.

El país acumula entre 1973 y 1977 14.000 millones de dólares de deuda exterior, lo que representa un importe superior al triple de las reservas de oro y divisas del Banco de España.

La inflación está a niveles casi sudamericanos: del 20% de 1976 se pasa a mediados de 1977 al 44%, frente al 10% de promedio de los países de la OCDE.

Las empresas tienen deudas de centenares de miles de millones de pesetas lo cual contribuye a que el desempleo empiece su largo crecimiento: ya se situaba entonces en 900.000 personas -de las cuales sólo 300.000 recibían subsidio de desempleo- y continuó creciendo hasta los 2.000.000 de parados.

Seguidamente; ¿qué se resolvió para superar la crisis de desempleo y el entonces explosivo fenómeno –hoy dramático en la Argentina- de la migración juvenil?.

En su parte resolutiva el acuerdo firmado resolvía que: “se adoptarán las medidas paralelas que aseguren una prestación eficaz y rigurosa del seguro de desempleo y un tratamiento prioritario de las modalidades de creación de puestos de trabajo, atendiendo especialmente al empleo juvenil, contratación temporal de los acogidos al subsidio de paro sin pérdida de sus derechos y a las áreas geográficas de mayor índice de desempleo. Para los casos de contratación temporal de acogidos al subsidio de desempleo a partir de 1 de noviembre de 1977 el Estado —con cargo a los recursos de la Seguridad Social— satisfará el 50 por 100 de las cotizaciones que se devenguen.

Al objeto de fomentar el empleo juvenil se autoriza, dentro de un programa experimental que se concretará, la contratación temporal por un plazo máximo de dos años para los empleos derivados de los nuevos puestos de trabajo que se creen a partir del 1 de noviembre de 1977, siempre que los mismos se cubran con personas que desempeñen por vez primera un trabajo.

Para estos empleos el Estado —con cargo a los recursos de la Seguridad Social— satisfará el 50 por 100 de las cotizaciones que se devenguen”.

El camino no fue fácil para España y seguramente no va a serlo para Argentina; nueve acuerdos políticos fueron necesarios antes de lograr un plan económico sólido y duradero que le permitiera al país ingresar en el camino de desarrollo y bienestar que hoy lo convierte en un verdadero ejemplo para Europa y el mundo.

Sin embargo nunca se dejó de lado aquél primero y general que se convirtió –tras su aprobación en el Parlamento- en marco de referencia obligatoria para todos los que quisieran mantenerse dentro del juego de las instituciones democráticas.

Tal vez por eso el vice jefe de gobierno Enrique Fuentes Quintana -quien redacta el documento base de los acuerdos- hace suya una declaración de un político republicano de 1932: “O los demócratas acaban con la crisis económica española o la crisis acaba con la democracia”.

Los Pactos de la Moncloa abrieron una etapa de diálogo y concertación social. Los acuerdos entre organizaciones empresarias y sindicales y los pactos sociales tripartitos ayudaron a consolidar el sistema democrático y permitieron implementar reformas económicas estructurales que iniciaron la convergencia de España con la Europa comunitaria.

La experiencia española sugiere así una concertación en dos etapas. La primera corresponde a un consenso entre los actores políticos, que es seguida, inmediatamente, por un acuerdo social entre empresarios y trabajadores.

En nuestra visión resulta necesario que a estos últimos se agreguen a el debate -sobre la temática acordada- todas las entidades de tercer grado que han surgido en el país de la manos de la crisis y que hoy representan acabadamente el genuino interés de la sociedad argentina.

A esta cadena de acuerdos políticos y sociales que servirán para afrontar en lo inmediato la crisis, podrá entonces seguirle la agenda profunda del modelo argentino hacia el futuro:

-La organización del estado y el modelo político y electoral; el tamaño e incumbencias del
mismo; la eventual regionalización administrativa; la selección de candidatos; revocatoria de los mandatos; financiamiento de los partidos políticos; funcionamiento del Congreso y sanciones ante la demora en el tratamiento de las leyes, etc.

-el modelo social y los caminos para asegurar una distribución de la renta nacional, constante y permanente, que garantice el retorno de la movilidad social ascendente;

-el modelo económico, que respete verdaderamente la propiedad privada y castigue severamente cualquier atropello a su vigencia, fijando además con claridad el papel de la empresa privada frente y los alcances de competencia dentro de una economía moderna y capitalista para las empresas mixtas o de capital estatal.

-el modelo cultural y educativo;

-las reglas básicas de convivencia, el rol de las minorías en la dinámica social y la posición permanente del país frente a los desafíos de la nueva sociedad universal como el derecho a la vida, el derecho de familia, el narcotráfico y el terrorismo internacional.

-la posición internacional de la Argentina y el mandato a sus gobernantes para que no produzcan el deambular ideológico del país en base a sus convicciones personales:
-el ordenamiento legal en cada una de las ramas del derecho; la organización del Poder Judicial –en la nación y en las provincias- y la modernización y simplificación de los procedimientos legales;

-las formas de asociación en las entidades intermedias, con especial hincapié en la libertad de agremiación;

-el sistema de salud –en todas sus etapas y disciplinas- y el camino para ponerlo al alcance de todos; el sistema de obras sociales y de medicina prepaga, su ordenamiento legal y sus obligaciones y límites.

-una política previsional, garantizando la convivencia de un sistema mixto y la intangibilidad de los aportes personales;

-un régimen fiscal no regresivo, tendiente a gravar la renta y no al capital o al consumo.

-formas concretas y obligatorias de garantizar la subsistencia digna a los menores y a los ciudadanos de la tercera edad que no posean otra cobertura más allá del estado;

-una política de seguridad que atienda –sobre todas las cosas- los derechos de la comunidad consagrando la preeminencia del ciudadano honesto por sobre el delincuente; un endurecimiento suficiente de las penas como forma de desalentar el delito producto de la impunidad o la irrelevancia del castigo.

-un sólido y claro acuerdo acerca de los alcances del derecho a huelga y la protesta social, sus límites y responsabilidades frente a terceros;

y todos aquellos temas que la comunidad pretenda sean resueltos en forma definitiva; tan definitiva como puede suponerse tras la firma de un verdadero contrato social.

Es claro además que la tarea que nos hemos impuesto es meramente enunciativa, evitando por tanto adelantar nuestras propias opiniones acerca de la dirección que debería tomar el debate en cada caso.

Nuestra preocupación –que hemos tratado de volcar en esta obra- se sostiene en lo que creemos una necesidad impostergable de la hora: llegar a un acuerdo entre todos los argentinos que nos permita saber que país queremos ser, que sociedad lo va a construir y que república lo va a gobernar.

La respuesta la tendremos con la participación de todos.

- el tiempo es hoy-

Sólo nos quedaría por responder una pregunta: ¿porqué la urgencia?; ¿porqué nosotros, hoy, ahora?.

En todo caso, ¿es conveniente someternos a este debate y a este compromiso en las actuales circunstancias en que la incertidumbre parece acompañar todos y cada uno de los acontecimientos de la vida nacional?; ¿es necesario?.

Seguramente es imperativo...

Porque existen razones que van más allá de la urgencia por comenzar a caminar un destino cierto y porque ya es tiempo de convertirnos en una sociedad previsible.

Tenemos que hacerlo ahora y tiene que conseguirlo esta generación de argentinos que de alguna manera se ha convertido en el eslabón perdido entre un pasado que no pudo construir una conciencia cívica común y un futuro que aparece poblado de incertidumbres y acechanzas.
Tan sólo ayer las olas migratorias poblaron una nación próspera, de esfuerzo y trabajo pero con demasiados acentos como para poder conformar una unidad.

Aquel crisol de razas del que tanto se habló nos quito –seguramente sin buscarlo- el derecho a nuestra propia personalidad. La negativa de los fundadores a aceptar a los hombres del interior, sus costumbres y sus realidades, hizo el resto.

Entonces no tenemos un pasado común en el que apoyarnos.

La migración masiva de los jóvenes, hartos de la crisis permanente en que ha vivido la nación en las últimas décadas y deseosos de aprovechar las oportunidades que ofrece el mundo sin fronteras que aparece detrás del horizonte de la nueva era tecnológica y cibernética , amenaza con dejarnos sin identidad hacia el futuro.

No tenemos pertenencia hacia atrás y podemos no tenerla hacia delante.

Por eso el tiempo es hoy; de ello depende que modifiquemos el futuro y seguramente el destino de la Argentina.

Tenemos que dejar de ser una tierra de promisión para convertirnos en un país con un presente serio y previsible.

Que seguramente no podrá presumir de grande y poderoso en el comienzo de la nueva etapa pero tendrá –a partir del flamante contrato- una característica inédita en nuestra historia: será una república en la que el respeto a las normas, a los derechos de los demás y a las instituciones de la democracia dejen de ser alternativas épicas para convertirse en realidades cotidianas incorporadas desde la cuna y ejercidas con naturalidad a lo largo de toda la vida.

No es sencillo.....pero no es imposible. Sólo hace falta decisión para lograrlo, voluntad para buscarlo y el entusiasmo para vivirlo.

Tal vez lo que no pudimos consolidar desde la abundancia, podamos conseguirlo ahora desde la crisis. No sería la argentina la primera ni la última sociedad en intentarlo; ni tampoco en coronar con éxito su esfuerzo.

¿Podremos hacerlo?, ¿queremos hacerlo?.

Poco importa.....tenemos que hacerlo.

LA OTRA REPUBLICA-PARTE 23

CAPITULO VI




LA MISMA NACIÓN, OTRA REPUBLICA






Si como dicen los textos una nación es su territorio y su gente, la Argentina no ha sido una mala nación.

Pero si una república es esa nación tras su organización jurídica, deberemos convenir que si hemos sido una mala república.

Mientras la nación mostró al mundo su vocación pacífica y abrió sus puertas a millones de seres humanos en busca de futuro, la república la arrastró a su decadencia actual, de la mano de falsas representaciones y experiencias demagógicas que supieron coincidir en la falta de respeto a la ley y en la supremacía de los intereses personales o de grupo por sobre el interés general.

En los capítulos anteriores hemos analizado largamente los hechos de esa decadencia y hemos tratado al mismo tiempo de desentrañar los porqué de cada etapa y de cada experiencia de poder.

Tenemos ahora que intentar una aproximación al espíritu de la nación –a sus orígenes, bases comunes e intereses compartidos- para encontrar el punto de partida necesario en la tarea de recuperar la república consiguiendo un estado moderno, viable y representativo sin el cual una sociedad moderna no tiene razón de ser ni futuro.

Y una primera aproximación al objetivo sería aceptar que esta historia que hemos narrado sea de aquí en adelante la historia de la nación , dejando de ser por tanto la historia de la república.
Esta nos divide, nos enfrenta y nos vuelca de lleno al terreno de las pasiones y las subjetividades.

La otra es –para bien o para mal- la historia verdadera; la de los tiempos transcurridos y los hechos consolidados.

No se trata de indultar culpabilidades o pretender que el daño producido a la república por personajes e interesas subalternos ha sido resultado de la fatalidad o de la casualidad.

Mucho menos se trata de ocultar las responsabilidades que como sociedad tenemos en cada una de nuestras erradas decisiones o actitudes desaprensivas. Nada de eso...

Pero tampoco tendría sentido detenernos para siempre en remover nuestras heridas, lo que en el mejor de los casos nos permitiría encontrar pretextos para nuestros males pero nos dejaría una vez más al costado del camino.

Tenemos que buscar juntos el mecanismo necesario y suficiente para no terminar de bajarnos de la realidad mundial y consolidarnos como un país marginal, sin desarrollo estratégico y sin voz ni voto al momento de discutir situaciones globales que puedan afectar directamente nuestros intereses.

Planteamos que la falta de un contrato social -ya sea por su inexistencia o por la abrupta interrupción de cada intento de construcción del mismo- ha sido un punto de partida de los males de esta sociedad.

En crisis similares a la argentina otras naciones lograron salvar su estructura jurídica y su base representativa echando mano a su contrato social ( o generándolo) como garantía del interés común.

Otras lo habían consolidado desde su propio origen y pudieron por lo tanto utilizarlo con la naturalidad del capital incorporado.

Pero en todos los casos se trataba de sociedades en las que tenía una fuerte presencia un elemento que será el primero que necesariamente deberemos recrear los argentinos si pretendemos que ese contrato social rija alguna vez entre nosotros: la conciencia civil.
La formación de la conciencia civil es un problema moderno, vinculado al movimiento renacentista y al surgimiento, desarrollo y crisis del modelo del estado-nación.

Frente al teocentrismo medieval, la vida de servidumbre de las comunidades feudales y el poder absoluto del rey, fue necesaria una nueva conciencia civil, una revolución y un nuevo modelo político, que permitiera el desarrollo de un hombre nuevo y una nueva sociedad política.

Relacionado con esta nueva conciencia civil y modelo político surge la figura y obra de J.J. Rousseau.

La necesidad de formar la conciencia civil como medio para revalorar al hombre y alcanzar transformaciones políticas en la sociedad, ha sido un procedimiento que algunos pueblos como Grecia y Roma escogieron para sentar las bases de una convivencia más humana.

El sentido y calidad de esta convivencia era el resultado de una educación del hombre natural y de sus valores civiles más fundamentales; así la conciencia crecía y actuaba en función de un orden natural y en esta armonía consistía la felicidad.

Este ideal olvidado por largos siglos dio origen a las utopías renacentistas y modernas: La utopía de Tomás Moro, La Ciudad del Sol de Campanella,, Christianapolis de Andrea, la Didáctica Magna de Conmenio, el Contrato Social de Rousseau, los Discursos a la nación alemana de Fichte, entre otros, son hitos en la búsqueda de esa conciencia civil que estamos proclamando.

Todas sugieren un cambio que está orientado a generar una nueva vida moral y política en los ciudadanos, pero todas parte a su vez del supuesto de la existencia de una conciencia colectiva..

¿Qué se entiende por conciencia?.

Es un término utilizado desde los griegos y proviene del latín conscientia, que es traducción de tuveidoz, que significa reconocimiento de algo, ya sea externo -el mundo que me rodea-, ya sea interno -las modificaciones experimentadas por el propio yo- .

Desde Maquiavelo, -pasando por los empiristas ingleses, los reformistas políticos y la sicología moderna- es un término clave en el conocimiento de las potencialidades y limitaciones del hombre, de la sociedad y del estado moderno.

En nuestro caso el concepto de conciencia civil se refiere al reconocimiento de los valores morales políticos fundamentales y al sentido de pertenencia a un cuerpo político dentro del cual el ciudadano debe alcanzar su libertad y su felicidad.

Ello nos conecta con la historia de la educación humana, con su organización y aspiración, con las leyes profundas que gobiernan la naturaleza humana y los normas que rigen la conducta individual y la estructura de la sociedad.

Para Rousseau –padre por derecho propio del concepto de contrato social- formar no es simplemente instruir o llenar de conocimientos técnicos y científicos la conciencia.

Tiene el significado de la educación griega y platónica: es configurar una imagen de acuerdo a un ideal, ideal que está vinculado por una parte con la naturaleza y por otra al modelo moral de la sociedad política.

Con base en el sentido humanístico arriba señalado Rousseau le da al término formación un contenido moral: la educación es una enseñanza para la vida, debe formar a todo el hombre integralmente desde su interioridad respetando la naturaleza y el ordenamiento de las cosas; la educación debe hacer bueno al hombre y a la sociedad.

Estas ideas adquieren actualidad por el proceso de deterioro que sufren los valores naturales del hombre, por la amenaza que sufren los valores políticos con las estrategias culturales y económicas globalizantes y por la necesidad de redefinir desde el sistema educativo los contenidos socializadores: valores, normas y actitudes en función de un modelo político más humano.

Al no poder construir esa conciencia civil con las costumbres comunes como base –lo que resulta evidente en una sociedad como la argentina que ha avanzado en el tiempo con marcadas características de dispersión- se hace imprescindible localizar el paradigma común que las suplante y que genere a partir de su localización un acto voluntario de los ciudadanos tendiente a aceptarlo como elemento incorporado al futuro de la nación.

Esto ha ocurrido en el mundo en diferentes circunstancias, casi siempre generadas por procesos dramáticos o violentos que pusieron determinados pueblos en la encrucijada de pasar la página de la historia o quedarse detenidos en el tiempo discutiendo el pasado y pagando las consecuencias de no poder ya reformarlo .

Decíamos en capítulos anteriores que esta circunstancia se dio en España tras la muerte de Franco cuando –en la necesidad de dejar atrás cuarenta años de autocracia que ni siquiera habían servido para cerrar las heridas de la guerra civil que la generaron- la sociedad resolvió dar un gigantesco paso adelante a partir de un acuerdo político –conocido como Pacto de la Moncloa- al que concurrieron sin excepciones todas las fuerzas representativas del ideario español y concordaron en la necesidad de sellar acuerdos permanentes en aspectos centrales de la vida del país.

Dijimos también que en Argentina no era suficiente un pacto de tal naturaleza ya que los españoles contaban para lograr el éxito posterior con tres elementos inexistentes en el presente nacional:

1- una rica historia cultural común;
2- un grado de desarrollo y bienestar –logrado aún en tiempos franquistas- muy superior al de nuestra sociedad actual; y
3- un contexto continental que traccionaba hacia arriba las bases mínimas del acuerdo, lo que obviamente no ocurre en la región sudamericana.

Por todo lo expuesto es claro que el paradigma y el acto voluntario son elementos irrenunciables de un posible contrato social para los argentinos.

¿Qué es entonces un paradigma y cómo buscarlo?

Un paradigma es el esquema o marco mental que se toma como referencia y sobre el que se desarrolla un proceso intelectual. En filosofía de la ciencia, es el principio básico que sustenta una teoría general, y cuyo cambio comporta el cambio de toda la teoría.

Las revoluciones científicas se definen como aquellos episodios de desarrollo en los que un antiguo paradigma científico, universalmente reconocido en alguna rama de la ciencia, es reemplazado, en su totalidad o en parte, por otro nuevo e incompatible: la llamada revolución copernicana (siglo XVI) sustituyó el paradigma astronómico tolemaico (la Tierra como centro del mundo) por otro incompatible con él (el Sol como centro), y en la revolución newtoniana (siglo XVIII) se cambió radicalmente el sistema físico.

Las revoluciones tecnológicas se caracterizan por tener un impacto inmediato en el nivel de vida y en los hábitos de las comunidades que las experimentan, así como también en la evolución de la humanidad.

Así por ejemplo ocurrió con las costumbres y la cultura universal a partir de dos ejemplos –de los muchos que en este sentido ha tenido la humanidad- que podemos traer a este desarrollo a partir del conocimiento general.

Una la ocurrida en el siglo XVI de la era cristiana -en la época de los grandes viajes de navegación iniciada por españoles y portugueses- y coincidente en el tiempo, además, con la revolución cultural del Renacimiento.

La otra, la industrial, iniciada en el siglo XVIII en la Gran Bretaña y propagada en el siglo XIX al resto de Europa, a los Estados Unidos y al Japón.

Ambas cambiaron la historia universal y ambas dieron por tierra con los paradigmas vigentes hasta ese momento, creando nuevas reglas de convivencia, de trabajo, de distribución y hasta morales.

Nuestro país –hijo como toda América de los adelantos de la primera- no supo como nación adecuarse al mundo que surgió de esta última y mucho menos aprovechar la ventajosa relación que existía entre las necesidades del mundo y la oferta natural que de ellas poseía, para consolidar al menos una sociedad tardía pero sólida y efectiva.

Hoy existen nuevas circunstancias internacionales y de la correcta interpretación que los países hagan de ellas dependerá en un futuro inmediato su integración a la realidad o la continuidad en muchos de ellos –el nuestro por ejemplo- en el aislamiento y el atraso.

Porque otra etapa de la historia universal se inició a mediados del siglo XX, con el desarrollo de los vehículos aéreos y otros vectores, el arma atómica, la microelectrónica, la informática, y las técnicas biogenéticas, que tuvieron como desenlace el macro-atentado que hizo cabeza de playa con el siglo XXI en Nueva York, consecuencia inadvertida de la vertiginosa revolución científica tecnológica, la súbita culminación de la Guerra Fría y sus derivaciones político-sociales generadoras de un mundo injusto y violento en el que la diferencia entre pobres y ricos constituye un elemento de tensión indisimulable y probablemente explosivo en los próximos años.

Actualmente, cuando la amenaza macro terrorista está siendo esbozada doctrinariamente como guerra de la tercera especie -que madura domésticamente en los estados sudamericanos- la perplejidad de sus conductores políticos ante el dilema, está directamente condicionado por el colapso de los paradigmas estratégicos tradicionales.

Los modelos estratégicos que hasta el momento enmarcaban la supervivencia de la humanidad ante los conflictos tradicionales y aún los colaterales, han colapsado.

En esta guerra mundial antiterrorista que se inició el 11 de septiembre de 2001, nuestras naciones son parte de la conflagración, ya que ineludiblemente están condicionadas por sus actores.

Asistimos -en consecuencia- a un cambio de paradigmas, con modelos a seguir no resueltos aún por la investigación estratégica. Obviamente los flamantes sistemas no están definidos, ya que no se han experimentado aún soluciones universalmente aceptadas, o exitosas.

Esta situación genera en sí misma un marco positivo y paradójicamente otro negativo.

El primero de ellos está dado por el hecho de que el mundo se encuentra en un momento de cambio absoluto; ello quiere decir que la Argentina puede lograr –y no por virtudes propias- adecuarse a ese cambio desde su mismo inicio, con sólo interpretar correctamente hacia dónde se dirige la humanidad y resolver con claridad hacia dónde queremos marchar como sociedad organizada.

El costado negativo de la cuestión es el rechazo generalizado que hoy existe en los ciudadanos de nuestro país hacia todo lo que tenga que ver con el sector dirigente en general y político en particular.

Parece imposible encarar una etapa fundacional si quienes son los encargados naturales de conducirla no cuentan con la confianza y el respeto de aquellos a quienes deben conducir.
futura: el consenso.

La moderna sociología política ha mostrado, por medio de la investigación empírica, que la confianza -uno de los componentes centrales del capital social de una comunidad- y, en particular, la confianza entre los actores políticos, tiene una fuerte correlación con la estabilidad de las instituciones democráticas.

El "clima inédito de confianza política", como dijera en aquel momento Felipe González, fue un ingrediente clave de la transición española.

Los Pactos de la Moncloa, en su opinión, no tenían un contenido político notable; su importancia residió en el cambio que representaron el estilo de la relación entre las fuerzas políticas en función de los problemas del país.

Ese consenso, que busca el beneficio comunitario en lugar de repartir cuotas de poder o dividir diferencias, no nace de la letra de un documento, sino de la maduración cívica de la sociedad.
Ni Argentina ni nadie puede invertir la causa y el efecto; y en nuestro país el simple ciudadano parece estar dándose cuenta de ello a paso acelerado.

El nivel creciente de participación ciudadana distingue a esta etapa de otras épocas de turbulencia de nuestra vida institucional. También el hecho de que la desaprobación a la actual dirigencia, así como el alto porcentaje de abstenciones y votos blancos y nulos en alguna de las últimas elecciones legislativas, coexisten con un firme apoyo al sistema de gobierno democrático.

De hecho puede afirmarse que la crisis del año 2001 inmunizó a la Argentina del riesgo de golpes institucionales o aventuras autoritarias; aún en medio de una realidad impresentable –cinco presidentes en poco más de diez días- a nadie se le ocurrió entonces que podías buscarse una salida fuera del marco constitucional.

El nuevo compromiso cívico de muchos argentinos se manifiestó no sólo a través de expresiones públicas como los llamados "cacerolazos", o la formación de pequeñas asociaciones con fines de ayuda mutua, sino además en el gran número de grupos, organizaciones no gubernamentales y hasta ciudadanos individuales que elaboraron diagnósticos , propuestas y medidas de acción colectiva para contribuir a la solución de la crisis.

Es claro que esta dispersión –más allá de los resultados puntuales en cada caso- no garantizan la preeminencia de un modelo o un cuerpo social fuerte e integrado, y que este no será posible -ni el acuerdo será permanente- en la medida en que no se logre una estabilidad previa que permita que sea producto de un razonamiento maduro y una clara conciencia de los objetivos buscados.

La estabilidad y previsibilidad del entorno social donde se emplaza el diálogo, si bien no son requisitos sine qua non, son también fundamentales en aras del éxito. En general un acuerdo de tan vastas consecuencias supone un canje de ventajas y concesiones entre las partes, que resulta más evidente en un momento de tranquilidad relativa relativa dela sociedad.
Sin embargo, el diálogo en cuanto medio de solución del conflicto, puede obrar en momentos de crisis o transición, como forma de superación a través del compromiso.

Lo cierto es que el diálogo representa a menudo un papel central cuando la situación de dispersión cobra dimensión de verdadera crisis. Esta paradoja se explica porque se percibe la concertación como el último medio para evitar el estancamiento total que desemboca en graves conflictos sociales. En estos casos, al no tener sentido un intercambio de ventajas, se llega a un acuerdo sobre el punto justo de las concesiones que exigen las circunstancias.

Es asimismo cierto que, en la práctica, el diálogo se desarrolla en una vía mejor cuando ejerce el poder partidos políticos más o menos reconocidos por las organizaciones civiles y que asignan un papel relevante a las preocupaciones sociales.

Si bien dicha circunstancia desempeña una función positiva no se puede olvidar que ningún gobierno tiene el monopolio al respecto, y que incluso cuando se trata de partidos favorables al diálogo, este puede estancarse o incluso ser inviable por otros factores externos como, por ejemplo, la crisis económica o financiera.

¿Es entonces este el momento justo para que la Argentina intente avanzar en un contrato social sólido permanente y definitivo?

Seguramente si.

Porque si bien todos los elementos de una crisis están hoy presentes en nuestra realidad, no es menos cierto que el temor de la sociedad ante la posibilidad de que ellos se disparen y el hartazgo común ante la decadencia permanente, hacen que los argentinos percibamos la necesidad de tomar en forma urgente las decisiones para cambiar este estado de cosas.

Ello indica que –si bien la estabilidad no está dada por las circunstancias- la necesidad común abre una brecha más que interesante para intentar el objetivo.

Por lo demás existe un convencimiento general acerca de que el “ahora o nunca” ha llegado por fin en forma de encrucijada nacional.

-un acuerdo posible-

A pesar del generalizado desánimo que nos envuelve, hay señales de que también aquí las cosas han comenzado a cambiar.

Las actividades y las organizaciones solidarias se multiplican y los medios de comunicación más importantes se han sumado a la tendencia, reforzándola.

Se trata de una reacción social natural y una respuesta alentadora frente a la crisis, que sería necesario convertir en un modelo cultural al que la sociedad pueda aprovechar para abordar otros problemas acuciantes.

La reacción espontánea de la gente es consecuente con tendencias que de un modo menos ruidoso se habían venido desarrollando durante los años noventa.

Pero los conceptos de voluntariado o tercer sector nunca habían formado parte de nuestro léxico político. Sin embargo –casi naturalmente- fueron convirtiéndose en realidad a partir de una crisis que amenazó con arrastrar al país mismos.

De modo que no hay ningún fracaso ni retroceso; el capital social y la solidaridad aumentaron, la sociedad civil se fortaleció; más gente se incorporó a la costumbre de participar y ello a su vez significó que subterráneamente se fueron forjando nuevos ciudadanos y dirigentes, más democráticos, honestos y de mente abierta, más dispuestos a la cooperación.

A medida que el tejido civil se haga más denso algunos de estos dirigentes entrarán en la arena política, en nuevos o viejos partidos, o bien como candidatos individuales o de agrupaciones no partidarias.

Esta renovación ciudadana se ha venido gestando gradualmente durante años y aún exhibe algunos indicadores contradictorios. Por ejemplo, mientras el número de voluntarios y de organizaciones del tercer sector se incrementa consistentemente, los niveles de confianza mutua continúan siendo bajos.

Todos estos datos y circunstancias indican que nos encontramos en un punto tan delicado como irrepetible: como no creemos en nadie comenzamos a actuar por nuestra cuenta en el rescate de la actividad común.

Y como esa actividad común es naturalmente la política ( el zoon-politikon aristotélico; el hombre gregario en su estado más puro), será a partir de ésta que lograremos recuperar el equilibrio natural de una sociedad no tan sólo participativa sino –y sobre todo- con un sistema de representación adecuada al tiempo moderno.

La reforma política está en el centro de todos los planteos; pero la mayoría de los actores políticos ha reaccionado con una conducta elusiva y hasta de resistencia para aplicar propuestas que cuentan con un amplio consenso. Este divorcio entre las aspiraciones ciudadanas y la actitud de gran parte de los dirigentes no es sino una confirmación de la crisis de representatividad.

La vida política de una sociedad está profundamente influida por factores históricos y culturales, que en el caso argentino hemos desarrollado largamente en los capítulos precedentes como elemento necesariamente presente al momento de intentar un cambio algo más que epitelial.

Esos factores han tenido vital importancia ya que hoy se manifiestan en el nivel de información y participación de los ciudadanos, la capacidad de las personas para asociarse en la búsqueda de objetivos comunes, la calidad del vínculo entre representantes y representados, las actitudes públicas hacia la corrupción y el grado de cumplimiento de las leyes, todos aspectos deficitarios en nuestra sociedad a lo largo de esa historia.

El diseño formal de las instituciones políticas puede inducir o desalentar estos tipos de comportamiento.

Por ejemplo, el sistema electoral basado en listas sábana tiene el efecto de debilitar la relación entre los ciudadanos y los legisladores: estos para ser elegidos necesitan ante todo mantener un vínculo estrecho con los jefes del partido que tienen un peso decisivo en la conformación de las listas, y por ello la atención y el respeto por las aspiraciones de los votantes pasan a ocupar un lugar secundario.

Por otro lado los cambios formales en las instituciones democráticas pueden ser neutralizados por hábitos políticos arraigados.

La eficacia de una reforma depende entonces de que las modificaciones en las estructuras y las reglas institucionales sean acompañadas por otras en la cultura política de ciudadanos y representantes.

En nuestro país el tema se encuentra desde hace mucho tiempo en franca controversia. Inclusive algunos intentos semi-institucionales –de no muy larga vida- como la “Mesa del Diálogo” , coordinada por la Iglesia Católica y con la participación de los actores sociales más representativos –aunque en la mayoría de los casos parte de la vieja corporación- hicieron hincapié en la reforma de la vida política como punto inicial de cualquier intento de cambio.

Existieron entonces coincidencias con foros menos oficiales pero seguramente tanto o más representativos –integrados por ONG y asociaciones barriales- que se expresaron en un mismo sentido poniendo en evidencia que tal reclamo es común a todos los argentinos.

El documento Bases para las Reformas de la Mesa del Diálogo pide "una modificación profunda del régimen de los partidos políticos, a través de una renovación paulatina de su dirigencia", así como "mejoras significativas en las formas de representación política". Plantea, entre otras cosas, facilitar el acceso a las candidaturas y asegurar el pluralismo por medio de "nuevas formas de expresión de la sociedad civil".

El Foro que reúne a las ONGs propone cambiar el sistema de listas sábana por otro que "otorgue mayor espacio para que la ciudadanía exprese sus preferencias".

Otra cuestión ampliamente debatida es el grado en el que los cambios del sistema electoral deberían permitir la participación de candidatos extrapartidarios.

Esta demanda no es sino el reflejo de cambios socioculturales profundos, puesto que el retroceso de los grandes partidos tradicionales es una tendencia universal.

En la Argentina el fenómeno se expresa en el crecimiento, durante los últimos años, de esa franja del electorado considerada independiente que en los sucesivos comicios ha optado por uno u otro de los movimientos históricos y que últimamente expresa una peligrosa tendencia a la abstención o al voto en blanco o nulo.

Muchos de los independientes ya no quieren optar entre los partidos tradicionales, que han fracasado en la tarea de gobernar el país a partir de 1983 y han sido incapaces de renovarse en hombres, ideas y prácticas.

Y el peso electoral de este sector queda evidenciado en una encuesta nacional de Gallup realizada a fines de junio de 2003 en la que si bien un 23% de argentinos se identifica como peronista y un 6% como radical, nada menos que el 52% se considera independiente.

¿Cómo se inicia entones –en medio de semejante dispersión de voluntades políticas- el camino concreto hacia un contrato social permanente?

Paradójicamente debe ser inevitablemente propuesto, promovido y conducido desde el estado y esto significa que el puntapié inicial deberán darlo justamente los cuestionados partidos políticos.

Decíamos en un punto de este trabajo que no era suficiente en nuestro país un pacto al estilo Moncloa para resolver las cuestiones planteadas. Es claro que aquellos partidos y hombres que lo firmaron tenían en aquel momento de la vida española un crédito mucho mayor al que nuestra escuálida y fracasada dirigencia tiene en la actualidad.

Sin embargo el principio del contrato –y sólo el principio- requerirá de una actitud semejante: todas las fuerzas políticas deberán firmar su compromiso con el proceso iniciado y el contenido final deberá dejar claramente establecido que tan sólo aquellas que lo hagan podrán en la nueva etapa pretender su reconocimiento legal como tales.

Es obvio que para garantizar su cumplimiento el nuevo contrato social de los argentinos tendrá que ser incluido en la propia Constitución Nacional –estamos hablando del nacimiento de una nueva república- y ello implica un intrincado camino de negociaciones, de renunciamientos a intereses partidarios, sectoriales y aún particulares, que no tendrían sentido alguno si el éxito o el fracaso depende de expresiones seudo-políticas que sigan anclando a nuestra sociedad en el pasado y trabajando sobre los errores ajenos con el canibalismo propio de un estilo que definitivamente debemos dejar atrás.

LA OTRA REPUBLICA-PARTE 22

(CONTINÚA)

A partir de allí el sindicalismo perdió poder real, los trabajadores del sector formal de la economía –cada vez más acotado, de la mano del crecimiento informal y cuentapropiasta que deviene siempre de las crisis del estilo que vivía el país- dejaron de ver a sus representantes como vehículo útil a las reivindicaciones, a la vez que el temor al desempleo desarmó la intensidad de las protestas, y la lucha por las reivindicaciones quedó limitada a expresiones sindicales a las que las sociedad observaba como oposición y no como verdaderas representantes sectoriales.

La Iglesia Católica –a la vez que agradecía la política de pacificación que la sacaba del debate acerca de sus responsabilidades durante el Proceso- encontró en Carlos Menem un impensado aliado a la hora de promover políticas conservadoras en materia de aborto, derechos de las minorías sexuales y acompañamiento de las propuestas vaticanas en materia de preservación de la moral tradicional.

De la mano de este acompañamiento en los temas de su interés específico, la iglesia accedió a morigerar hasta la exageración su posición frente a la pobreza creciente que vivía la sociedad argentina y llevó hasta la elipsis el lenguaje utilizado en sus expresiones sobre esta cuestión o acerca de la creciente corrupción en el poder.

La corporación empresaria no hacía por entonces otra cosa que maravillarse de la gestión de gobierno.

Las privatizaciones, el desmantelamiento del ordenamiento legal en materia laboral con su carga de flexibilización y pérdida de los derechos de los trabajadores, la participación de los dueños del capital en los negocios del estado y el lenguaje libremercadista del poder eran para ella música celestial comparada con tantos años de estatismo de los que sin embargo habían sido directos beneficiarios.

Las dos vertientes principales del capital nacional –el campo y la industria- tardarían demasiado tiempo en comprender que la situación creada se volvería como un bumerang en su contra y que terminarían pagando el precio de la sobrevaluación del peso, la apertura económica indiscriminada, los compromisos internacionales del gobierno con los centros del poder financiero internacional y, sobre todo, un gasto público desmedido que dispararía la voracidad fiscal sobre sus respectivas actividades.

Cuando tomaran nota de ello...ya sería demasiado tarde.

Con los partidos políticos la cuestión fue tan sencilla que nos atreveríamos a decir que supuso una operación menor cuyos exitosos resultados se hubiesen precipitado aún sin que el gobierno los buscara.

A la debilidad de las fuerzas tradicionales –el radicalismo en espantada huída, el peronismo dividido en mil pedazos y las expresiones de centroderecha absorbidas por el mensaje de Menem y su acción de gobierno- había que agregarle una circunstancia no menor en su peso y en sus consecuencias inmediatas: era evidente que el bipartidismo había entrado en crisis en toda América Latina, y ello abría un poco mensurable campo de acción para este tipo de expresiones heterodoxas que mezclaban el lenguaje populista con las reglas de mercado.

Las recurrentes crisis políticas en el subcontinente mostraban la dificultad de que una democracia basada en sólo dos partidos se consolide a largo plazo. Esto se acentúa bajo un régimen de división de poderes en el que distintos partidos pueden ganar las elecciones separadas a la presidencia y al parlamento.

Si se enfrentan, pueden bloquearse mutuamente y conseguir que nadie gobierne; si cooperan, se convierten en cómplices de una colusión excluyente que genera movimientos de protesta desde afuera y contra el sistema.

Cuando, a mediados de los años setenta América Latina quedó anegada por las dictaduras, quedaron flotando tres islotes democráticos, Colombia, Costa Rica y Venezuela, que coincidían en tener sistemas de dos partidos.


En Colombia y Venezuela los dos partidos habían suscrito pactos de cooperación -llamados, respectivamente, de Punto Fijo y de Sitges- con la intención de proteger y estabilizar la democracia mediante una serie de elecciones no competitivas, el reparto de cargos y el turno en la presidencia. La consecuencia a medio plazo fue que creció impunemente la corrupción hacia adentro y el cierre y la exclusión hacia afuera.

Colombia y Venezuela siguieron caminos diferentes y en algunos aspectos opuestos, incluidas las guerrillas en un caso y el populismo autoritario en el otro. Pero los dos procesos tienen un origen común en el duopolio político que ha llevado al desprestigio desu dirigencia, la desintegración de los partidos tradicionales y la ingobernabilidad.

Entre las nuevas democracias establecidas en América Latina desde principios de los años ochenta, sólo en Argentina se desarrolló un sistema bipartidista.
Tras el fracaso del radicalismo y mientras el justicialismo se mantuvo dominante, hubo estabilidad política, aunque ya dijimos que también corrupción y exclusión.

El modelo bipartidista parecía seguir la pauta de Estados Unidos, pero hay que tener en cuenta que en este país los dos partidos son grandes tiendas -que cobijan un amplio pluralismo interno, expresado en las elecciones primarias y reflejado en una alta indisciplina partidaria de sus representantes- por lo que siempre son necesarias las negociaciones y los pactos entre el presidente y los congresistas de su propio partido y de la oposición.

Sin duda, pese a todos sus defectos, el sistema político estadounidense es más pluralista e integrador que los sistemas bipartidistas cerrados que han existido en algunos países de América Latina. En contra de lo que algunos esperaban, en los últimos veinte años casi todas las nuevas democracias latinoamericanas se caracterizan por el multipartidismo, la ausencia de mayoría presidencial en el congreso y los gobiernos de coalición.

Incluso la veterana Costa Rica ha abandonado recientemente el bipartidismo: en las últimas elecciones consiguieron representación cuatro candidaturas mayores y, por primera vez en cincuenta años, hubo que convocar una segunda vuelta para elegir presidente porque ningún candidato había obtenido el requerido 40% de los votos.

En esta situación ahora habitual de división de poderes con múltiples partidos, la gobernabilidad se consigue por dos vías.

En algunos casos, un sólido partido de tipo centrista se convierte en el eje de la formación de mayorías políticas y en un elemento de continuidad de la gobernación y las políticas públicas.
Pero en la mayoría de las experiencias de la última década es observable como los grandes partidos tradicionales han dado paso a caoaliciones multipartidarias –no siempre homogéneas en su base ideológica o programática- tendientes a una continuidad en los aspectos generales de la administración y con diferencias que pueden ser analizadas como de coloratura.
Sin embargo estas experiencias han finalizado casi siempre en ruidosos fracasos los que sumados a aquella crisis de los viejos partidos han dejado a muchos países del subcontinente sin una vía clara y contundente de representación de las mayorías.

Los ejemplos más nítidos de la situación podríamos encontrarlos en Chile como expresión positiva –la coalición de centro izquierda en el gobierno ha motorizado el crecimiento más sólido y el sistema social más justo de toda la región- y en Venezuela como variante negativa, a partir del desprestigio generalizado de la clase política , que dio como resultado no deseado una experiencia populista construida detrás de un liderazgo de sesgo autoritario y populista.
Bolivia con su enmarañado juego de alianzas, Perú con la experiencia de Fujimori y el poco ortodoxo frente opositor que debió formarse para llevar a Alejandro Toledo al poder –con las consecuencias que le sobrevinieron y la imposiblidad de una gobernabilidad efectiva-, Uruguay y el retroceso de los tradicionales partidos Nacional y Colorado frente al arrollador crecimiento de la coalición de izquierda que acaba de hacerse del poder encabezada por el Frente Amplio son algunos de los ejemplos de esta nueva forma de construir poder en América Latina.
Forma que ya era tradicional en Brasil desde la retirada del gobierno militar y la conformación de una cambiante pero sólida historia de coaliciones multipartidarias que llevaron primeramente al poder a Tancredo Neves para sostener tras su sorpresiva desaparición al dubitativo gobierno que debió encabezar José Sarney.

Y que luego de absorber la crisis que arrancó de la presidencia a Colhor de Melo fluctuara entre la derecha moderada de Fernando Henrique Cardozo y la actual experiencia de un populismo sui generis que Lula lleva adelante no sin sobresaltos.

Lo cierto es que el gobierno argentino se quedó sin oposición y esta circunstancia movilizó la demolición de un sistema democrático ya de por sí precario.

La violación sistemática de la ley –realizada en muchas ocasiones con la silenciosa complicidad de la ciudadanía, el aval de los jueces amigos y la exasperante corrupción que enmarcaba cada negocio público fueron tan sólo algunas de las características que comenzaron a decir presente en la vida cotidiana del país.

Males a los que deberíamos agregar, sin dudarlo, el silencio de una prensa contagiada de la frivolidad propia de esa etapa en muchas cosas olvidable de la vida nacional.

-cuando la ley no importa-

Si existió un vicio de la época que es comprensivo de la tesis desarrollada en el presente trabajo ha sido sin duda alguna el que supuso la sistemática violación del estado de derecho en el país.
El ordenamiento legal fue atropellado en los negocios públicos, en las relaciones entre el estado y la comunidad, en la vida financiera del país –a partir de la exacción del Plan Bonex- en la designación de magistrados y funcionarios –soslayando hasta las inhibiciones de ley que muchos de ellos arrastraban-, en la administración del presupuesto nacional, en la disposición de fondos del estado para uso personal y para fines políticos ocultos, en la utilización sistemática de cláusulas reservadas en la firma de contratos y el otorgamiento de concesiones sin el debido proceso licitatorio y a través de la utilización abusiva del decreto de necesidad y urgencia reservado por la Constitución para casos especialmente excepcionales.

Todo pasaba por el único prisma del interés del gobierno; y este se fundía cada vez más frecuentemente con el interés personal de sus integrantes.
La impunidad dio paso a la impudicia; y ya nadie se preocupó tan siquiera por ocultar el espurio beneficio de sus acciones.

La Constitución –refugio formalmente intocable de los gobiernos democráticos y vallado temido hasta el punto de su derogación por las experiencias militares- no podía quedar a salvo del atropello.

No se trataba entonces de desecharla...y mucho menos de cumplirla; bastó con manosearla al arbitrio de los hombres del poder y convertirla en el vehículo legal que favoreciese sus ilegítimos intereses.

El acontecimiento jurídico fundamental después de Caseros fue la Constitución de 1853, a pesar de todas las críticas que se le pueden formular y que explican su limitada influencia en la historia posterior del país.

Fue una carta en cierto modo improvisada, redactada con inspiración de variados orígenes como las Bases de Alberdi, la constitución americana, la constitución suiza, los antecedentes constitucionales de 1819, 1826 y el pacto federal de 1831.

No nació del análisis profundo de la realidad en forma tal, como para que sus diferentes aspectos hubieran tenido ocasión de ser discutidos.

No fue tampoco una regulación que merezca un juicio como el de Charles Beard, cuando describe la constitución americana como un documento económico diseñado con habilidad superior por hombres cuyos intereses patrimoniales estaban en juego y que, como tales tenían una correspondencia directa con intereses idénticos del país en general.

La nuestra fue una ley enunciativa y administrativa: nos contaba que país debíamos construir y nos decía como administrarlo; pero se apoyaba en una arquitectura racional y filosófica que poco y nada tenía que ver con la realidad existente más allá de Buenos Aires.

Tal vez en esas circunstancias encontremos la explicación que permita concluir porque el violarla sistemáticamente ha sido en la Argentina una tentación inevitable del poder y un hecho de importancia secundaria para la sociedad.

Los años de Menem son en ese sentido un ejemplo harto suficiente: la carencia de oposición y la indiferencia popular llegaron a permitir que la ley fundamental de la república se negociara a espaldas de la gente y se adecuara al interés personal de dos caudillos que pretendían alternativamente ampliar la base de su propio poder y mantenerse como protagonistas excluyentes de la vida nacional.

Y sin entrar ahora en una evaluación puntual de las calidades de la ley reformada –lo que haremos necesariamente en las conclusiones finales- podemos afirmar que su ilegitimidad de origen la proyecta hacia el futuro con las mismas debilidades que todas las que la precedieron, excepción hecha de la de 1853 que tuvo al menos el valor de ser la que fundó –para bien o para mal- el criterio de organización de la república que después todos nos encargamos de destruir.
Aunque convengamos que poco puede esperarse de nuestra sociedad en lo que hace a la necesidad de asumir una verdadera pasión constitucional para la convivencia cuando se ha incorporado al conciente colectivo hablar de la norma de 1853 como “ la Constitución de Alberdi”, de la de 1949 como “la de Perón” y finalmente de “la de Menem”.

Esa identificación nominativa esconde, sin duda alguna, la falta de sentido de pertenencia de los ciudadanos con su base jurídica y política.

No queremos dejar atrás el análisis de la implosión institucional del país durante el período menemista sin incluir una breve reflexión sobre las consecuencias que para la nación tuvo la desaparición de la oposición del escenario político argentino.

La oposición es un componente básico del funcionamiento de las democracias pluralistas ya que su existencia representa la cristalización de la diversidad social y desemboca en regímenes bipartidistas o multipartidistas.

Mantiene una relación directa con la democracia porque busca la solución del conflicto, no en la eliminación del adversario, sino mediante la identificación de intereses comunes, promueve la superioridad del diálogo sobre la confrontación, y sus funciones van mucho más allá de la mera expresión de la protesta o el descontento, pues su participación en los órganos de representación le aseguran una influencia sostenida sobre el proceso de decisiones.

Es así como en los regímenes democráticos la oposición no se limita a expresar la diferencia, sino que también tiene funciones de gobierno que cumplir.

Históricamente este momento de la evolución política de los regímenes democráticos fue más difícil de construir que los anteriores, porque en más de un caso la constitucionalización ha sido una estratagema consistente en aprovechar la libertad y los recursos políticos que ofrece el régimen democrático para destruirlo.

Así lo hicieron en su momento el Partido Fascista italiano y el Partido Nacionalsocialista alemán.
Ambos se integraron a la vida parlamentaria para promover su presencia y utilizaron esa tribuna para denunciar persistentemente los irremediables defectos de la democracia, y sin embargo accedieron al poder mediante elecciones sin nunca haber renunciado del todo a los métodos de acción directa que minaban las instituciones democráticas.

Una vez que llegaron al poder dictaron medidas tendentes a desmantelar el régimen democrático. La huella de esta experiencia está presente en muchas constituciones democráticas elaboradas después de la Segunda Guerra Mundial, que establecen límites a la libertad de asociación y contemplan la supresión de las organizaciones políticas que transmitan mensajes o incurran en comportamientos considerados anticonstitucionales.

La Unión Europea también tomó esta precaución en relación con las flamantes democracias de los países del Este de Europa, pues como requisito para cualquier tipo de vinculación con terceros países introdujo una cláusula de la democracia que estipula que la Unión sólo celebrará acuerdos con países que realicen periódicamente elecciones limpias y competitivas.

De lo anterior se desprende que en los regímenes democráticos la noción de oposición tiene un sentido muy preciso: es siempre una parcela del poder político, es su contraparte lógica, su complemento y no sólo su contradicción. Esto es así porque en los regímenes democráticos la oposición política es la forma institucionalizada del conflicto, y desempeña un papel en la preservación de los equilibrios del poder o en una evolución ordenada de los mismos.

La depuración del concepto de oposición ha sido un proceso lento y accidentado que se inició en Inglaterra en el siglo XVII con la Gloriosa Revolución que atribuyó al Parlamento poder para limitar a la Corona.

Su historia se aceleró y se enriqueció en Europa en el siglo XIX por efecto del apogeo del liberalismo. No es una coincidencia que la oposición como concepto y como institución se haya debilitado en la primera mitad del presente siglo, cuando se crearon condiciones adversas al sostenimiento de los principios liberales por la fuerza de las doctrinas nacionalistas y del pensamiento revolucionario que perseguían la homogeneidad política; de la misma manera que tampoco es una coincidencia que la razón de ser y las funciones de la oposición se hayan renovado con la restauración del liberalismo con la que pareció sellarse el siglo XX.

Ello no ocurrió en el país; en este aspecto –como en tantos otros- nuestro pretendido ingreso en la modernidad no fue otra cosa que una mala caricatura de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Y esa caricatura –convertida en el rostro visible de la Argentina- no depositó en el unicato como forma de gobierno y en la desaparición de todo control republicano de los actos del poder.
Esa situación –que arrastra el desprestigio de toda la clase política y sus instituciones- se mantiene inalterable hasta la actualidad y plantea serias dudas acerca del futuro institucional de la nación.

Porque convengamos por fin que aquellas actitudes antidemocráticas que tanto se criticaron en Carlos Menem y su época no sólo no fueron corregidas por quienes le continuaron en el uso del poder sino más bien se han ido consolidando en el tiempo hasta convencernos que esta democracia vacía y raquítica es la única a la que podemos aspirar los ciudadanos.

-conclusiones hacia el futuro-

La etapa democrática que comenzara en 1983 cierra en la actualidad con un balance peligrosamente negativo.

Si bien es cierto que el país parece haber dejado atrás la inestabilidad institucional en cuanto a la vieja alternancia civiles-militares, no es menos cierto que el sistema de representación no ha podido dar a la sociedad las respuestas necesarias para dejar atrás una larga decadencia social, económica y ahora moral.

Tras dos décadas de vigencia del orden constitucional los resultados reales no pueden ser más preocupantes; y ello no es producto de la casualidad.

Hemos dejado voluntariamente fuera del análisis al período que se inicia tras el abandono del poder por parte de Carlos Menem.

Aún aceptando la gravedad de los acontecimientos que culminaron con el derrumbe de la administración De la Rúa y con el ingreso de la Argentina en una etapa de dudosa legalidad institucional que nos llevó inclusive al incumplimiento de nuestros compromisos financieros internacionales y a una nueva exacción del dinero de nuestros ciudadanos -para lo que fue necesaria la complicidad de todos los poderes del estado- estamos convencidos que todas estas circunstancias fueron, pese a su extrema gravedad, la consecuencia final de los errores y tropelías cometidas por representantes y representados a lo largo de un tiempo que debió necesariamente ser de austero sacrificio y sin embargo se caracterizó por la frivolidad, la displicencia y el habitual abandono que nuestra sociedad ha hecho de sus obligaciones a lo largo de la historia, para detenerse tan sólo en el reclamo de lo que cree son sus derechos.
Porque coincidiremos con el lector en un punto que parece estar fuera de discusión: quienes nos han gobernado durante el período han sido –en todos los casos- plebiscitados por el voto de los argentinos, lo que de por sí los convierte en nuestros representantes legítimos y por tanto en expresión de nuestra propia voluntad.

Así –entre entusiasmos desmedidos y desilusiones propias de una tragedia griega- hemos ido entronizando dioses y demonios, en nuestra eterna búsqueda de deslindar responsabilidades y creer que siempre es un tercero el culpable de todos nuestros males.

Pero si vamos a intentar construir un verdadero contrato social que nos permita comenzar a caminar una Argentina común a todos nosotros, deberemos aceptar que esta es la realidad y que sobre ella –y no sobre la que nuestro voluntarismo nos indique- deberá cimentarse la arquitectura de un país posible, serio y previsible.

Veamos cual es entonces el capital inicial con el que contamos para ello:

a) la realidad social:

En Argentina en 51,4 % de la gente vive en pobreza.
Son 18,2 millones de personas y de ellos 8,3 millones son chicos menores de 18 años. Hay 7,8 millones de indigentes que no alcanzan a cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

La pobreza es un fenómeno en ascenso desde 1994 con un impactante salto desde 1998 para trepar con aún mayor fuerza en los últimos cinco años.

Así desde enero de 2002 -y en apenas 5 meses- la pobreza aumentó en 3.813.000 personas, a razón de 762.000 nuevos pobres por mes o 25.000 nuevos pobres por día.

En relación a 1998, cuando comenzó la recesión, hay 7 millones de nuevos pobres, de los cuales poco más de la mitad se generaron durante la crisis disparada en diciembre de 2001.
Según el INDEC el costo de la canasta básica -que determina quien vive por debajo de la línea de pobreza- incluye un grupo de alimentos y de servicios elementales y se considera pobre a las familia –matrimonio y dos hijos- que gana menos de 724 pesos por mes, que es lo necesario para cubrir el gasto de esa canasta.

A su vez es indigente quien ni siquiera tiene ingresos para comprar los alimentos básicos. Así, una familia de 4 integrantes que gana menos de 266 pesos mensuales, para el INDEC es indigente.

El jefe de hogar desocupado que cobra el subsidio de 150 pesos por mes no logra salir de su situación de indigencia, situación que involucra en la actualidad a más de tres millones de argentinos.

La indigencia está creciendo a un ritmo más intenso que el de la propia pobreza. Por ejemplo, en 1998 el 28,9% de los pobres era indigente y ahora alcanza el 42,6%. Esto indica que la extrema pobreza ha pasado a ser un fenómeno masivo, con su secuela de desnutrición y riesgo de vida ya que esas personas no ingieren los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles del ser humano, de acuerdo al INDEC.

En 1998 ya 1 de cada 4 hogares era pobre; a fin del 2001 alcanzó al 30% y ahora 4 de cada 10 hogares es pobre.

Y si bien este es el verdadero drama de la Argentina actual, no es menos cierto que en los estratos superiores de la sociedad la situación no parece mucho más desahogada.

Un porcentaje importante de quienes hoy se encuentran por debajo de la línea de pobreza proviene de una clase media que ha sido sin duda la más golpeada por la crisis.

Quienes sin embargo han logrado mantenerse en ese nivel hoy padecen una fragilidad tal que los convierte en una masa histérica, conservadora y timorata que no logra retomar el protagonismo político que por derecho propio le corresponde en la estructura social argentina, y se abroquela en la defensa de pequeños intereses personales o sectoriales que tan sólo sirven para alimentar el fuego de su propia decadencia.

Además, el fantasma de la pobreza posible ha potenciado la dispersión de sus integrantes, hasta el punto en que la mayoría de los argentinos que abandonan en país en busca de mejores horizontes son jóvenes y pertenecientes a esta clase media.

Perdida la movilidad social ascendente que le dio origen y partida al medio por el drama de la inestabilidad hacia el futuro, la sociedad argentina es hoy una masa en retirada que busca caso con desesperación la salida mágica que le permita dejar atrás este tiempo de pesadilla.
Tal vez su propia organización –desde el acuerdo y la legalidad y no desde un liderazgo más o menos carismático- sea en definitiva el camino apropiado.

b) la realidad política:

Las dos décadas de ejercicio democrático han dejado al país instituciones desprestigiadas, inútiles en el servicio de las necesidades de la sociedad y vacías de contenido normativo, si por ello entendemos el conjunto de leyes y disposiciones que sirvan como vehículo de la promoción individual y colectiva de los argentinos.

Ello no debe sorprendernos si aceptamos que el ordenamiento legal ha sido motivo de usos y abusos desde el instante mismo de la organización nacional.

Sin embargo la situación crítica del sistema democrático, observable a partir de la desaparición de la necesaria influencia de los partidos y la mimetización de estos con el aparato estatal –los funcionarios de gobierno son los mismos dirigentes que integran las cúpulas o sectores de las agrupaciones política y los parlamentarios responden verticalmente a estos mandatos- pone al país al borde de la ilegitimidad de representación.

La sociedad percibe que la política no le pertenece y que, en todo caso, es un negocio de “ellos” (los políticos), al que por lo tanto le da la espalda sin esperar ser escuchada e interpretada. De alguna manera –aún no demasiado nítida, aunque previsible en el corto plazo- esto supone un estado de anarquía conceptual que va a tornarse necesariamente peligroso en la medida en que la situación no regrese a sus cauces normales.

La multiplicación de las representaciones del tercer sector y la aparición periódica de liderazgos alternativos (Artaza, Blumberg) o de formas no convencionales de oposición -encarnadas por ejemplo en las agrupaciones “piqueteras”- demuestran que los canales de participación y la presión propia de un sistema pluralista han ido variando hacia nuevas modalidades y nuevas formas en la misma medida en que se ha vaciado de contenido la vida de los partidos políticos.
Al mismo tiempo es ciertamente preocupante que, a pesar de las experiencias vividas, la sociedad parece insistir en la búsqueda de un caudillo salvador que, desde la acción individual, resuelva la totalidad de los problemas que la aquejan, olvidando que la insistencia en esa actitud de organización vertical ha llevado a la Argentina al fracaso reiterado y permanente y ha sido la causa principal del péndulo amor-odio que invariablemente a relacionado a la gente con sus lideres.

Y la ruptura del romance ha producido –cuando no empujado- los más graves momentos de la historia contemporánea.

c) la realidad económica

Es seguramente uno de los aspectos que presenta indicadores más negativos en el balance de las dos décadas.

A pesar de la relativa estabilidad y la sensación de bienestar del tiempo de la convertibilidad, la economía argentina ha vivido una pendiente de retroceso casi permanente y los índices de crecimiento del sector –sumados a los resultados sociales ya vistos-indican a las claras que nuestro país no ha logrado engancharse en ninguno de los ciclos positivos de la economía mundial o, al menos, no ha utilizado los mismos para generar una base sólida de despegue.

Por el contrario ha mantenido en el tiempo los males endémicos de su vida económica que han sido básicamente:

1- Un gasto público desbocado;

2- la carencia de una política fiscal sustentable;

3- un ordenamiento impositivo de claro corte regresivo;

4- uso indiscriminado del crédito internacional, sin que ello signifique políticas de

modernización o inversión en equipamiento y tecnología;

5- un insostenible grado de corrupción estructural.

6- Los problemas empezaron con la hiperinflación de la década de 1980. Para reducir la inflación hacía falta anclar la moneda al dólar lo que de alguna manera fue un retorno a una variante del viejo patrón oro.

Si la inflación continuaba la tasa de cambio real del país se apreciaría, la demanda de sus exportaciones caería, el desempleo se incrementaría y eso dispararía presiones salariales y de precios. Los participantes del mercado se darían cuenta de que la inflación no sería admitida y si –en el caso de un acuerdo general- el compromiso con el sistema cambiario permaneciera creíble, lo sería también el compromiso por detener la inflación.

Si las expectativas inflacionarias eran cambiadas, podría lograrse reducir la inflación sin el costoso desempleo. Esta prescripción funcionó durante un tiempo en algunos países, pero era riesgosa, como lo mostraría Argentina.

El FMI fomentó entonces el uso de este sistema cambiario y a pesar de que ahora son menos entusiastas no parece muy dispuesto a reconocer aquél error mientras que es la Argentina quien está pagando el precio. La indexación redujo la inflación; no promovió un crecimiento sostenido.

También hubo otros errores en el programa de reforma elegido párale país. Desde los centros de poder financiero se nos felicitó por permitir que los bancos fueran en gran parte propiedad de extranjeros –lo que creó más estable sistema bancario- pero este sistema no le prestó dinero a las compañías de pequeño y mediano tamaño que eran , en definitiva, las movilizadoras naturales de la actividad económica y la generación de empleo.Después del ímpetu que llegó con el fin de la hiperinflación, el crecimiento se redujo, en parte porque las empresas en el país no pudieron obtener un financiamiento adecuado.

Enamorado de las alabanzas que el supuesto “milagro” argentino representaba para el mundo, el gobierno de Menem no supo ver con claridad el freno abrupto del crecimiento y la inversión nacional genuina y quedó a expensas del sostén externo que –en poco tiempo se vería- no iba a mantenerse en forma indefinida.

La crisis de Asia del Este en 1997 le suministró el primer golpe, en parte debido al mal manejo del FMI que logró convertirla en una crisis financiera global, incrementando las tasas de interés para todos los mercados emergentes incluyendo Argentina.

El sistema cambiario de Argentina sobrevivió, pero a un precio muy alto: la aparición de un desempleo de dos dígitos.

Sugestivamente no ocurrió lo mismo con las reservas del BCRA que, de la mano de la defensa casi cerril del tipo de cambio, no solamente no decrecieron sino que hasta tuvieron la posibilidad de aumentar levemente.Pronto las altas tasas de interés tensaron el presupuesto del país, pero aún así, la relación deuda-PIB de Argentina -incluso conforme empezó a colapsarse- permaneció en un nivel moderado -cerca de 45%- más baja que la de Japón; pero con tasas de interés de 20% más del 9% del PIB del país sería gastado anualmente para financiar la deuda.

La crisis posterior –que amenazó con barrer a la Argentina del mapa mundial- pudo evitarse si las administraciones anteriores –también le cabe, y mucho al gobierno de Alfonsín el sayo del irrealismo conceptual- hubiesen tomado nota de estas cinco normas elementales de la economía actual:

1. En un mundo de tasas cambiarias volátiles, fijar una moneda a otra como el dólar es muy riesgoso.

2. La globalización expone a un país a enormes sacudidas y por lo tanto los ajustes de las tasas de cambio son parte del mecanismo de asimilación.

3. Ignorar los contextos social y político es al menos irresponsable, ya que cualquier gobierno que aplica políticas que dejan a grandes facciones de la población desempleada o subempleada, no está cumpliendo su misión primaria.

4. Enfocarse exclusivamente en la inflación -sin prestar atención al desempleo o al crecimiento- es riesgoso.

5. Para tener crecimiento se requiere de instituciones financieras que brinden créditos a las firmas domésticas. Vender los bancos a extranjeros, sin crear las salvaguardas apropiadas, puede significar hipotecar el crecimiento y la estabilidad.

Lo cierto es que el país –si por ello entendemos fundamentalmente a la gente que en él vive- cierra esta primera etapa con una inmensa deuda social que se suma a la otra –la deuda real- que de alguna forma está hipotecando su futuro inmediato.

Duele decirlo –y seguramente a muchos enojará- pero el tiempo democrático no ha sabido mejorar la calidad de vida de los argentinos con respecto a los tiempos de ruptura institucional. Si bien en el campo de las libertades públicas se ha avanzado sensiblemente –aunque todavía lejos de una situación ideal, para lo cual deberían desaparecer vicios como el clientelismo político, la demagogia y la corrupción y lograrse un sistema electoral que garantizase el derecho a elegir y no tan sólo a optar – la nación como unidad no encuentra el camino hacia su consolidación y esto representa la continuidad de la ruptura del contrato social que debe caracterizar a toda sociedad moderna y organizada.

Pero si algún daño social debemos señalar de este tiempo las palmas se la llevará seguramente la extinción del sentido comunitario imprescindible para cualquier intento común.

El individualismo creciente, originado en el temor a la pérdida de lo propio y a la generalizada convicción acerca de la incapacidad de la dirigencia para superar el momento crítico del país, han puesto a la Argentina en un estado de dispersión altamente riesgosa en el que la desaparición de valores comunes se convierte en una constante que afecta en forma recurrente cada situación que aparece en su horizonte.

Superarlo –y volver al espíritu gregario que nos convierta en nación- es tan necesario como imperativo si pretendemos no tan sólo la continuidad histórica sino, y sobre todo, la conformación de una sociedad exitosa.

LA OTRA REPUBLICA-PARTE 21

(CONTINÚA)

Aparecieron inauguradas como tendencia por la primer ministro inglés Margaret Thatcher (1979-1990), vendiendo activos por valor de 29.000 millones de libras esterlinas y reduciendo a la mitad el tamaño del sector público.

Aquella experiencia -junto con la de Ronald Reagan (presidente 1981–1982) en EEUU- se extendió también a un grupo de países como España, Italia, Francia, Canadá y Alemania.

Tanto peso llegó a tener el criterio privatizador en la sociedad británica que Tony Blair, el actual primer ministro laborista, sólo alcanza el triunfo una vez que abraza al thatcherismo a través de una reformulación del pensamiento político de su partido. Cuando se le preguntó sobre esos cambios y la generación de nuevas ideas respondió: "es simple, el mundo ha cambiado y el Partido Laborista no lo ha hecho".

El nuevo sistema se extiende como reguero de pólvora: la política de privatizaciones toma nuevo auge con la decisión del gobierno francés de vender total o parcialmente unas 21 empresas, incluyendo Elf Aquitaine, la empresa petrolera, y la famosa compañía de autos Renault; en Alemania se prepara la venta de Deutsche Telekom, -la gigantesca empresa estatal de teléfonos- tras la reducción de la participación estatal en Lufthansa del 52% al 35%.; en España el estado continúa reduciendo su participación en las empresas públicas. habiendo exitosamente hecho la segunda colocación de acciones de Endesa, la empresa eléctrica, por 100 millones de dólares y concretando la privatización de otras como Repsol o Telefónica; Portugal y Grecia: también privatizaron sus compañías de teléfonos en los años 1995 y 1996; en EEUU la tendencia cobra la forma de contratación de empresas privadas para distintos servicios que hasta ese momento venían prestando los gobiernos locales; en la mismísima Europa Oriental la llamada privatización masiva pos comunismo sigue su curso, convirtiéndose en razón de estado en países como Polonia, Rumania, Hungría, lo que rápidamente es imitado en Africa, -Marruecos, Camerún, Egipto, Túnez y Ghana, Sud Africa- y en Asia -Pakistán, India, )en Japón todas las empresas eran ya privadas pero con un fuerte control estatal), Sri Lanka, Corea del sur, Bangla Desh- apareciendo arrolladoramente como una filosofía única y excluyente en todo el mundo a un punto tal que quien no la abrazaba como propia es catalogado en forma inmediata de involutivo, quedantista y pasado de moda.

Nuestro sub continente no podía quedar al margen y así se llevaron a cabo numerosas privatizaciones en México -luego de la crisis del 94- Chile, Brasil, Argentina, etc., claro que en todos los casos con la fuerte presencia del distintivo síndrome latinoamericano de la corrupción más escandalosa.

Aquella tercera ola –como fue bautizada universalmente- tuvo en los filósofos del post-modernismo a sus más vehementes defensores y fue así que pensadores como Galbraith, Turrhow o Fukuyama abrazaron con entusiasmo infantil sus postulados y se convirtieron en verdaderos gurues del nuevo mundo, aunque muchos de ellos debieran concluir tardía y amargamente que en el camino de ese espejismo lineal olvidaron analizar el factor humano y el precio que las nuevas tendencias iban a cobrarse en los sectores sociales más débiles de la economía del mundo.

No se tuvo en cuenta la creación de una red de contención social –que debió ser sostenida en el tiempo tanto como fuese necesaria- para evitar la destrucción traumática del medio de vida de millones de personas en el mundo entero que se convertían día a día en los excluidos del nuevo sistema.

Como ocurriese oportunamente con la revolución industrial de fines del S XIX, la pobreza se extendía por todo el planeta como respuesta al drástico cambio de modalidades en la producción y el consiguiente en los términos de distribución de la renta.

Creció el desempleo, explotó la marginalidad y se potenció la lucha social, al mismo tiempo en que terrorismo y narcocriminalidad aparecían en el escenario de la nueva realidad como inocultables emergentes de la falta de visión del nuevo capitalismo.


Y si bien en la Argentina –como en toda América Latina- las consecuencias sociales del cambio propuesto no tardaron en llegar -e instalarse en una sociedad partida que además estaba demasiado acostumbrada al paternalismo estatal- aquella etapa permitió al menos la acumulación de fondos financieros en el Banco Central -el cual fue independizado del Estado para desterrar la emisión desmedida de moneda circulante y evitar que se tocasen las reservas en un eventual cambio de gobierno- dando seguridad a los inversores y ahorristas nacionales e internacionales logrando de esa manera –aunque por corto tiempo- la financiación del plan de convertivilidad, que “acabaría con la hiperinflación y estabilizaría al país, permitiendo que se triplicaran las exportaciones”, lo que sólo se consiguió parcialmente.

Para ello el proyecto de autonomía del BCRA, confeccionado por el Poder Ejecutivo, proveyó a este de una total independencia de todos los poderes de la república.

Y aquella sensación de bienestar y modernidad terminó sirviendo para movilizar lo que sería el peor de los males de la era Menem para el país y para él mismo: la locura de la reelección indefinida y la perpetuación en el poder.

La reforma de la Constitución Nacional en 1994 –que lo habilitara para un nuevo período de gobierno- no fue entonces suficiente y las maniobras para forzar una nueva instancia sumieron a la gestión en el desprestigio, la pusieron de espaldas a la sociedad y a su propio partido lo que terminó generando tensiones sobre la economía nacional que hicieron explotar la realidad aún antes de lo que hubiese ocurrido de la mano de los propios errores de implementación.
Aunque sobre estos temas volveremos al momento de analizar la crisis institucional generada durante las dos décadas de vida democrática iniciadas en 1983.

El creciente desprestigio del menemismo en el poder privó al país de la posibilidad de sumergirse en el debate profundo y generalizado de dos propuestas que, aún discutibles, pudieron en un caso cambiar para siempre el perfil de la decadencia nacional y en el otro resolver aunque más no fuese coyunturalmente la crisis financiera que se avecinaba y la cuestión de la asimetría de nuestros precios internos con los vigentes en el mercado internacional.

El primero de ellos fue la propuesta de regionalización del país, es decir la reducción de la cantidad de provincias -de las 23 actuales más la autonomía de la capital federal a 6 o 7 regiones administrativas (no se hablaba de la desaparición lisa y llana de los estados federales tal cual están reconocidos en la Carta Magna)- lo que permitiría reducir la burocracia y el gasto fiscal , medidas ambas necesarias para dejar atrás los años de un déficit permanente como resultado de un estado demasiado grande e ineficiente para evolucionar, como sucede en los países más desarrollados, hacia uno más pequeño pero con más poder y capacidad de gestión.

La idea no contó –como era de esperarse- con el apoyo de los beneficiarios de la política prebendaria tan extendida en las provincias argentinas, lo que por sí sólo estaría demostrando que el proyecto merecía al menos ser analizado...

Y aunque las políticas implementadas después de la explosión de diciembre del 2001 han logrado convertir aquél déficit en este superávit actual, creemos que un retorno sobre el tema –sin tener tomada sobre el mismo una actitud definitiva de aceptación- sería muy importante en una sociedad que rescata de su propia historia dos lecciones indiscutibles: la necesidad de buscar un estado permanentemente más chico y el riesgo de que las políticas de saneamiento fiscal queden sujetas a la buena estrella de la administración de turno o a las circunstancias coyunturales de los mercados internacionales.

La otra cuestión -sobre la que existen más dudas debido a la sucesión de fracasos en los casos en que ha sido implementada en economías y sociedades de similar conformación que la argentina- fue la ahora abandonada propuesta de dolarización de la economía.

Se la sostenía como una medida que permitiría sortear todo tipo de especulaciones del sector financiero, generaría una moneda segura y confiable y agilizaría mucho las transacciones comerciales con los demás países.

Paralelamente -y al ser la cantidad de moneda circulante limitada- ya no se emitiría, razón por la cual el Estado estaría obligado a bajar sus gastos ,achicar la cantidad de funcionarios públicos, sus sueldos y sus privilegios.

Más allá de los cuestionamientos de índole nacionalista que despertó la sola mención del proyecto, y que por cierto no merecen ser descalificados como tales, fue evidente que ni siquiera en los países centrales se generó demasiado entusiasmo ante tal posibilidad. Pensamos sin embargo que la cuestión encierra en sí misma una riqueza tal que bien merece ser objeto del debate social, máxime si se la toma como complemento de la idea regionalizadora.

Por último, otra de las cuestionadas decisiones del gobierno Menem fue –como ya lo adelantamos- la alianza estratégica con los EEUU ostensiblemente buscada para tener presencia internacional y apoyo de la mayor potencia del mundo tal como lo hizo Australia a mediados del siglo XIX y tras ella muchos de los países que hoy son desarrollados.

Esto era planteado además como paso previo a la adhesión de la Argentina al ALCA lo que permitiría aumentar notablemente las exportaciones considerando que es un mercado mucho más grande que el MERCOSUR.

La primera reacción de rechazo dio paso con el tiempo a posturas más racionalmente maduradas y en la actualidad se encuentra incluida en la agenda permanente de la asociación regional de Sudamérica como una cuestión que en su momento deberá ser resuelta positivamente por el conjunto de los países que la integran.

No puede dejar de rescatarse como un aspecto muy positivo de la gestón económica de la década la fortaleza demostrada por la Argentina ante las situaciones de crisis de origen externo, como la crisis cambiaria y financiera internacional iniciada en México en diciembre de 1994, y la asiática de 1997.

Crisis que se extendieron a varios de los más importantes agentes de la economía mundial, muchos de ellos señalados como ejemplo a partir del crecimiento de su PBI: primeramente los cuatro tigres asiáticos: Tailandia, Malasia, e Indonesia que abandonaron sus cambios de tipo fijo en 1997 y luego las fuertes devaluaciones en Filipinas y Singapur.

Rusia anunciaba una cesación de pago parcial de su deuda externa y ese mismo año, la bolsa de Hong Kong, registró su mayor baja en 10 años.

Al poco tiempo, las acciones estadounidenses sufrieron su peor caída y cayeron en Japón dos importantes entidades bancarias.

Finalmente, tiempo después, devaluaron Brasil y Corea.

En medio de semejantes convulsiones –que por otra parte ponían en evidencia las limitaciones de la maravillosa tercera ola post moderna- el sistema financiero argentino emergió intacto –insólitamente y contra lo afirmado en todos los libros de economía las reservas líquidas se mantuvieron e inclusive siguieron tenuemente su tendencia ascendente- y el país creció a un promedio del 6% anual (un 60% en la década) uno de los índices más elevados del mundo y sin duda el mejor de latinoamérica.

Estos y otros datos positivos de la década –entre los que no pueden dejar de anotarse la modernización de las telecomunicaciones y el desarrollo de la industria automotriz de la mano del incesante crecimiento del mercado interno- debieron ser suficientes para que en el balance final la ciudadanía y los gobiernos que le sucedieron mantuviesen algunas de las políticas implementadas por Menem y su gestión.

Sin embargo la gigantesca corrupción, la ostentación impúdica de enriquecimiento del Presidente y sus más cercanos colaboradores, el manejo desenfadado de la justicia con la consiguiente impunidad para quienes cometían delitos contra el estado y el contraste que todas estas cuestiones mostraban con respecto a la creciente exclusión social, terminaron por descalificar a toda la época a punto tal que casi la totalidad de los argentinos –como ocurriese en ocasiones anteriores- optaron por demonizarla, sin tomarse el elemental trabajo de separar la paja del trigo.

Ya lo había hecho la generación fundadora con todo aquello que tuviese siquiera reminiscencias del régimen rosista , lo reiteraron los radicales apenas accedieron al poder y pretendieron borrar de la realidad nacional a quienes le habían dado al país nada menos que su propia organización jurídica, insistieron en esa política de no dejar ni el recuerdo los hombres del 30 tras apropiarse ilegalmente del manejo de la república, lo intentó Perón denostando a los oligarcas en vez de captarlos para la nueva etapa que se abría y lo sufrió en carne propia tras su caída y exilio al observar como se dinamitaban uno a uno los derechos a los que habían accedido todos los argentinos.

Siempre igual...y siempre con el acompañamiento de la opinión pública.

¿Porqué iba a ser ahora diferente?, ¿qué había cambiado en un pueblo que no dudó en avergonzarse de su propio orgullo del 2 de abril de 1982 cuando –aunque fuese por poco tiempo- la Argentina recuperó la soberanía efectiva sobre sus islas del Atlántico Sur?, ¿o algo se había modificado en la actitud culposa de una nación que ni siquiera se animaba a reconocer su participación en los inolvidables festejos de 1978 –en ocasión de lograrse el campeonato mundial de fútbol- por temor a ser por ello tildada de colaboracionista con la dictadura de Videla?
La historia se repetía y en menos de cuatro años aquélla mitad de argentinos que habían dicho en las urnas “métale para adelante”, “roba pero hace” y “que me importa si yo estoy bien” se habían convertido en una raza inexistente que daba paso a la totalidad de un pueblo enfurecido por la corrupción y que al grito de transparencia se disponía a votar algo que desconocía, que no venía acompañado de proyecto alguno pero que aparecía en el horizonte levantando la bandera de la proclamada honestidad..

Uno de los efectos más nefastos de la corrupción ha sido el de desnaturalizar medidas -como la privatización del sector público- indispensables para el despegue de un país y que ahora encontraban por doquier una resistencia popular creciente.

No es de extrañar: en países como en la Argentina, bajo el gobierno de Carlos Menem, y en el Perú, bajo la dictadura de Fujimori, las privatizaciones, en vez de servir para abrir mercados, estimular la competencia, bajar los precios y mejorar los servicios, fueron operaciones concebidas para privilegiar a determinados grupos particulares y para encubrir cuantiosos latrocinios que desviaron cientos de millones de dólares hacia los paraísos fiscales.

El desprestigio que estos saqueos de los recursos públicos ha impuesto a la idea de la privatización se extiende por todo el continente y sirve de combustible al hoy renaciente populismo que lleva a muchos gobiernos latinoamericanos a descartar de plano la sola idea de transferir al sector privado empresas públicas que son casi siempre gigantescas, ineficientes y por lo mismo un pesado lastre para el crecimiento de un país.

Las industrias ilegales como el narcotráfico, han aprovechado en algunos casos mucho mejor que los gobiernos la globalización y las nuevas tecnologías para descentralizar sus operaciones de tal manera que en la mayor parte de los países de América latina operan con una movilidad y eficacia que les garantizan total impunidad.

En países como Colombia y México la producción y comercialización de la droga da de comer a tanta gente, asegura la existencia de tantos negocios y empleos honorables y es el sustento de tantos profesionales, funcionarios y políticos que no es exagerado decir que el narcotráfico se halla poco menos que consustanciado con la sociedad y que la idea de acabar con él ha pasado a ser una quimera.

El análisis tradicional de la política económica latinoamericana nos ha acostumbrado a poner en el centro de nuestras preocupaciones los temas vinculados con la inestabilidad macroeconómica.
En la actualidad, después de que muchos países de la región pusieran en marcha importantes programas de ajuste estructural, parecen ser obstáculos de orden institucional los que ensombrecen las perspectivas de crecimiento económico. Todos estos obstáculos convergen en lo que se suele llamar déficit del estado de derecho. Es decir que los programas de reforma económica que arribaron a la etapa de estabilización nos vuelven a colocar frente a un viejo dilema: ¿cuáles son las posibilidades de sostener procesos de crecimiento económico en el marco de democracias representativas caracterizadas por su escasa institucionalización y fundamentalmente por la excesiva presencia de una corrupción estructural?.

La incertidumbre sobre la naturaleza y cumplimiento de las reglas de juego tiene efectos devastadores sobre las chances de sostener en el tiempo un proceso de crecimiento económico, haciendo a la vez más vulnerables los regímenes democráticos recientemente constituidos.
En este entendimiento la década menemista remite a la manipulación del tipo de cambio y de las tasas de interés, la inconsistencia en el cumplimiento de los contratos, la manipulación del poder judicial y la corrupción

Vaya este párrafo para entender a partir de la dureza del ejemplo cual ha sido el precio que la sociedad ha pagado por la corrupción que se extendió a todos sus ámbitos. No olvidemos sin embargo el rol que a ella misma le tocó jugar en el camino.


- la república vacía-

Nadie estuvo tan cerca de la historia y tan lejos del poder como Carlos Menem en 1995. Acababa de ser reelegido -con más de la mitad de los votos válidos emitidos- y el país vivía un estado de bonanza económica que -aunque luego se vería como una simple apariencia- producía en la sociedad un estado de ánimo tal que no cuesta mucho concluir la hubiese hecho responder positiva y fuertemente a una convocatoria del gobierno para encarar todas aquellas reformas que hacían falta para consolidar un rumbo estable para el desarrollo.

Si bien ya aparecían en el horizonte nacional los nubarrones del costo social –propio del fenomenal cambio de dirección asumido desde 1991- no es menos cierto que los mismos pudieron entonces corregirse con la construcción de una red de contención suficientemente extendida y profesional que imitara lo realizado en otras sociedades con igual problemática que la que comenzaba a tener el país y que en la mayoría de los casos representó un lento pero sostenido paso adelante.

Era tal vez ese el momento en plantear aquella regionalización de la que antes hablábamos y asumir a la vez un vasto plan de obra pública –que pudo ser el desechado Plan Laura, que preveía la construcción de 10.000 km. de redes viales y la reforestación del país- para lo que aún se contaba con el crédito externo y con una ya por entonces interesante situación en lo que a reservas líquidas se refiere.

No se trataba de volver a las épocas en las que las reservas se utilizaban como moneda corriente –duplicando la base monetaria , envileciendo la moneda y disparando la inflación- sino más bien utilizar la posición sólida de la Argentina de aquellos años para plantear en los organismos internacionales de crédito la necesidad de un sostén financiero para la nueva etapa que podía ser sólidamente avalado por la misma.

Máxime cuando en el mundo ya comenzaba a sonar fuertemente la autocrítica de los padres filosóficos del postmodernismo que prevenían sobre la necesidad de no descartar la cuestión social como parte del armónico camino que debía seguir el nuevo capitalismo hacia su consolidación.

Voces a las que se sumaba fuertemente el planteo de la Iglesia Católica que –desde la tribuna magistral de Juan Pablo II- descalificaba a este capitalismo por la deshumanización de sus propuestas y el abandono de la lucha contra la pobreza.

Ya estaba claro que aquel efecto derrame, tantas veces anunciado como la solución de la exclusión ,no iba a producirse. La copa del crecimiento económico se llenaba sin solución de continuidad pero su contenido -lejos volcar sus efectos sobre la sociedad- era absorbido por unos pocos de manera tal que el borde superior parecía cada vez más lejano.

Si observamos el mapa político mundial de mediados de la década anterior podremos concluir que esa sensación de injusticia por desigualdad ya comenzaba a volverse en contra de quienes pocos años antes aparecían como los iconos del nuevo mundo.

El republicano George Bush –hijo privilegiado de las reaganomics de la revolución conservadora y ganador además de la Guerra del Golfo- cedía su poder a un William Clinton que hablaba de los problemas sociales, del desempleo y de la cobertura de salud, a la vez que instalaba en la sociedad americana una nueva agenda –drogas, aborto y homosexualidad incluida- que tenía mucho más que ver con los efectos de la exclusión que con los beneficios de la tercera ola.
La señora Tatcher –hasta entonces todopoderosa impulsora del nuevo orden- veía derrumbarse su poder y se convertía para los británicos en la responsable de todos los males sociales que afrontaba un imperio empobrecido y convulsionado por la caída constante del empleo y la producción y comenzaba a pagar en la pérdida de eficiencia de sus servicios públicos –parte integrante del orgullo inglés- la consecuencia de una economía declinante.

Este fenómeno no sólo alcanzaba a los mentores de la nueva derecha; sus socios progresistas –aquellos líderes que proviniendo de propuestas socialistas habían adherido con la fe del converso a las nuevas ideas y que por ello habían sido presentados ante el mundo como los estadistas del pragmatismo mágico- veían licuarse su poder y su prestigio, arrastrando a sus propios partidos a una crisis de representatividad que ya no podía disimularse detrás del conveniente cliche de la muerte de las ideologías.

Felipe González se acercaba en España al fin de su reinado; Francoise Mitterand debía compartir en silencio un poder dividido y caía en el desprestigio personal en una Francia que no podía definir ni siquiera su rol de liderazgo en Europa.

Y Alemania, consolidada en las dos décadas anteriores como el referente obligado de la unidad europea y con derecho a reclamar para sí la propiedad intelectual de las políticas de mercado, observaba atónita como su canciller Helmut Khol –sin duda el más sólido de los políticos del continente- abandonaba ruidosamente su sitial en medio de acusaciones de corrupción y críticas a una férrea visión monetarista que hacía crecer las dificultades de la clase media en la misma medida que posicionaba el marco como base de partida de la nueva moneda común.
No era entonces una cuestión de pertenencia política; era la respuesta de la sociedad a la falta de respuestas del sistema.

Allí dónde gobernaban las izquierdas comenzaban a registrarse triunfos conservadores, al mismo tiempo que propuestas progresistas arrasaban con los gobiernos promotores de la nueva derecha.

Menem no supo o no quiso ver la realidad. Obnubilado por su triunfo electoral prefirió poner todas sus energías y jugar su capital político a una sinrazón: provocar una forzada interpretación de la Constitución reformada del 94 para acceder cuatro años después a un nuevo período de gobierno.

Poco tardó la sociedad en tomar nota del peligro que suponía este intento de perpetuación y la poca o nula importancia que el poder le daba a los problemas reales.

De la mano de tan disparatada aventura se multiplicó la corrupción, aparecieron los primeros síntomas de aislamiento en los gobernantes, reinó la obsecuencia y se explicitó ante el pueblo el desprecio por las normas legales que siempre había caracterizado al jefe de estado y a sus principales colaboradores.

Apenas transcurrido un año de aquél plebiscito el romance se rompió y la gente se hartó de Menem y sus sueños de grandeza.

A partir de entonces todo fue confusión; el gobierno continuaba en el autismo y la oposición comenzaba a instalar un modelo de crítica sin propuesta que abría peligrosamente las compuertas del salto al vacío.

Situación agravada por el hecho de que esta se limitaba a sus postulados anti-menem desde una situación de desorden y atomización a la que había llegado a partir de la crisis del radicalismo tras la huida de Alfonsín y la incipiente división de un peronismo que no aceptaba que el resultado de una gestión de gobierno que se autodefinía justicialista pudiese mostrar como logros los índices de desocupación, de marginalidad y concentración de capital que enarbolaba la Argentina real.

En su momento de apogeo en el poder –potenciado por la furia que la sociedad volcaba contra el radicalismo- Menem había logrado desarmar todas las patas corporativas del país, cortando en apariencia el círculo vicioso del poder histórico.

Las FFAA quedaron divididas una vez más en legalistas e intervensionistas –aunque los carapintadas sostuviesen hasta la insistencia que su accionar era reivindicativo y nada tenía que ver con aventuras golpistas- y así fueron arrasadas por el poder menemista que terminó alineándolas bajo su mando tras los acontecimientos de diciembre de 1990, situación que se acentuó después de la autocrítica de Balza y a partir del hartazgo de la sociedad ante los reiterados alzamientos.

Las políticas del gobierno hacia adentro de las fuerzas también tuvieron su influencia directa en esta situación: los indultos –que pretendieron ser el verdadero punto final de los enfrentamientos del pasado-, la derogación del servicio militar obligatorio –que de alguna manera retiró los ojos de la sociedad de la vida de los cuarteles-, la profesionalización de las estructuras militares y la participación de tropas en operativos internacionales fueron hitos en el camino de una relación que puede calificarse como sólida durante toda la época.
Lo cierto es que Menem consiguió lo que nunca antes gobernante alguno: el militarismo no fue un problema con el que tuviera que lidiar durante su gestión.

Con la dirigencia sindical el camino fue por cierto más sencillo; su carácter prebendario resultó el principal aliado del gobierno en su estrategias de anulación: las privatizaciones y las obras sociales fueron el campo de acción elegido para serenar a los caudillos gremiales, asociándolos en aquellas y cubriendo con dineros públicos los desmanes que habían llevado adelante en estas últimas.