CAPITULO II
LAS NUEVAS REPRESENTACIONES
La nueva sociedad y su contrato requerirán de novedosas formas de representación política y estas, a su vez, deberán plasmarse en una nueva concepción del estado que deje por fin de ser un estorbo para los ciudadanos y, por el contrario, se convierta en dinámica vía de concreción de los objetivos fijados.
Deberá a su vez ser resultado y no protagonista ni árbitro de la nueva etapa, ya que como afirmábamos anteriormente la Argentina necesita hoy redefinir todos sus instrumentos y cada una de sus decisiones hacia el futuro, no dejando del pasado más que aquellas cosas que puedan ser de utilidad y, además, adecuarse rápidamente a las necesidades del mundo moderno.
Cuándo afirmábamos que la actual crisis no se resuelve a partir de un pacto político al estilo del español de la Moncloa –y explicábamos las diferencias existentes entre ambos desarrollos históricos- teníamos a la vista entre otras cosas una realidad que indica que en nuestro país el estado se ha ido apoderando, poco a poco, de todos los resortes de la representatividad social.
Desde hace muchos años en la Argentina los partidos políticos no son otra cosa que simples pretextos formales de la lucha por el poder, careciendo ostensiblemente de definiciones ideológicas y asumiendo para sí –de acuerdo al rol de oficialismo u oposición que les pueda corresponder dentro de la alternancia democrática- todas aquellas posiciones que desde la vereda opuesta eran descalificadas con vehemencia.
Y ello no se debe tanto al asumido mito argentino de que quien llega al poder “tiene que hacer lo que le ordenan los poderosos” –verdad sólo a medias según veremos más adelante- como a la carencia de líneas de acción definidas en cada una de las dos grandes agrupaciones políticas tradicionales: ni el peronismo ni el radicalismo han desarrollado en las últimas tres décadas algún proyecto serio de organización social que no pase por los apotegmas y lugares comunes que los caracterizan y que mucho más tienen que ver con la propia historia partidaria que con el presente y el futuro de la nación.
Esta falta de proyectos y alternativas ha llevado, a su vez, al vaciamiento de las instituciones de la república.
Los tres poderes del estado presentan hoy frente a la sociedad una imagen esquizoide que los lleva a superponer sus áreas de incumbencia –sabiamente delimitadas en la Constitución de 1853- notándose generalmente esta circunstancia no tanto en el avasallamiento de funciones ajenas como en el abandono de las propias.
Así el ciudadano asiste –entre la alarma y la indiferencia característica de los estados de ánimo argentinos- a hechos que escandalizarían a los fundadores del estado moderno al observar que el Congreso Nacional delega en el Ejecutivo funciones que le son propias, este asume públicamente (y casi con naturalidad) que no va a aplicar leyes de la república –tal cual es su irrenunciable obligación- cuando, por ejemplo, se niega a garantizar a los ciudadanos su derecho a transitar libremente por las calles y rutas de país convertidas hoy en propiedad privada de cuanto “dirigente social” las estima útiles para lograr notoriedad y prebendas pagadas por el presupuesto público, o desiste de utilizar el poder de coerción que la Constitución le otorgar –con carácter de carga- para garantizar la seguridad pública ante los desmanes de sectores minoritarios que sólo a partir de la violencia pueden adquirir identidad propia o cuando la Corte Suprema de Justicia se arroga facultades legislativas disponiendo en sus fallos reglas de juego que tienen que ver mucho más con lo económico, y financiero –cuando no directamente lo político- que con la preservación del estado de derecho.
Y esto que afirmamos vaya tan sólo como muestra –a partir de circunstancias de superficie conocidas por todos- para expresar un estado de descomposición mucho más profundo que, de analizarlo más detenidamente, nos llevaría directamente a una conclusión a la que empíricamente han arribado la mayoría de los argentinos: la realidad de un estado ausente.
Anteriormente citábamos también otra de las consecuencias de la acentuada decadencia de las instituciones del país: la corruptela que fue ganando poco a poco al estado hasta convertirse en esta impúdica explosión de corrupción pública a la que asistimos, sin poder asumirla ni acostumbrarnos a ella.
Y ya no tiene sentido alguno detenernos a resolver si la corrupción es consecuencia de la claudicación del estado o ésta encuentra en aquella su razón de ser; la única conclusión válida y sustentable es que este estado, así como está, no le sirve ni a los ciudadanos, ni al país, ni a sí mismo como expresión jurídica de aquellos.
Y si hemos insistido en que el futuro sólo se construye sobre una visión común del pasado y una intención no menos compartida del presente, debemos buscar en ellos las razones para esta decadencia de la representación pública y resolver, ante todo, si las instituciones de nuestra nación han fracasado por vicios de origen o si ello ocurrió por una o varias claudicaciones posteriores.
Y en esa búsqueda –como intentamos hacer a lo largo de toda esta obra- nos esforzaremos por no incorporar culpas externas que, habiendo existido, no pueden ni deben ser justificativos para una realidad que tiene mucho más que ver con nuestros propios errores y responsabilidades que con ellas.
La historia y el origen del estado nacional así parece sostenerlo.
En Argentina, como en el resto de América Latina, el proceso de construcción del Estado nacional sólo quedaría resuelto durante el siglo XIX cuando -después de largas etapas de conflicto interno- aparecieron los consensos básicos que permitieron encarar, aún equivocadamente en muchos casos, un nuevo proyecto nacional.
Este proyecto fue liderado por una élite intelectual y política que trató de moldear a la nueva nación asentándola en un plan racional.
Con la derrota de Rosas en 1852 los hombres de la “la generación del 37” accedieron al poder y comenzaron a construir una nueva hegemonía sobre una herencia que no era, a pesar de su propia visión, totalmente negativa.
En 1852 Argentina contaba con una unidad interna bastante sólida, aunque faltaba aún un buen trecho para la organización definitiva del Estado nacional. La oposición a Rosas había consolidado un consenso lo suficientemente fuerte sobre los rasgos básicos de la nueva nación, aunque la cuestión de la hegemonía porteña sólo se plantearía como un problema a solucionar durante el gobierno de Roca.
De esta manera, la idea de nación en Argentina se define, luego de la batalla de Caseros (1852), tanto por una reacción ante el pasado como por las posibilidades futuras.
El pasado fue evaluado como una dictadura tradicionalista sustentada en una cultura mestiza, resultado de la conjunción de lo español, lo indígena, y el desierto, todo ello enmarcado en la inexistencia de un ordenamiento legal legítimo.
La nación futura debía entonces construirse con una población apta para el respeto de la ley (población europea) y, sobre todo, erradicando el desierto.
Ya entonces los fundadores de la república cometen el peor de los pecados originales: desconocen y desechan una realidad que no sólo era tal y que se presentaba mucho más fuerte que lo que podía verse desde una perspectiva de “civilización”.
Durante el período de Urquiza, la sensación predominante en estos intelectuales es que todo está por hacerse. La idea de nación se constituye, entonces, en el discurso legitimador de la etapa que se inicia.
La “civilización” –que en todo momento se entendía como progreso-debía comenzar por la conquista del desierto y la desaparición de los “bárbaros” que lo habitaban. Nadie en Buenos Aires se planteaba seriamente la integración de los nativos y, mucho menos, que ella se realizara a partir del reconocimiento de sus tradiciones y formas de vida o de la asimilación de sus leyes a las que el país recién comenzaba a darse a sí mismo.
Para ello se recurrió a un desarrollo acelerado de las comunicaciones y a la inmigración como estrategia para multiplicar los centros urbanos. Buenos Aires era la única ciudad que se parecía un poco a la meta propuesta.
Además, por su condición de puerto que la vinculaba con Europa -el socio comercial por excelencia-, había acumulado una incipiente población cosmopolita y, según Sarmiento, ello le había permitido asimilar su cultura. Sólo se requería –pensaban desde una ingenua simplicidad-profundizar el proceso extendiéndolo a todo el país con la mano de obra que Europa podía proporcionar, a partir de políticas que favorecieran la inmigración.
Hacia los años’80 se había fortalecido el aparato estatal de múltiples maneras, poblado la pampa húmeda, desarrollado un sistema portuario y se contaba con 2.500 km de vías férreas que luego, con Roca en el poder, llegaron a 34.000 km.
Paralelamente el capital británico había desarrollado el sistema de frigoríficos y la inmigración aceleró aún más su presencia hasta el extremo que, en la región de la pampa, llegó a haber dos extranjeros por cada nacido en el país.
En rasgos generales el proceso que planificó aquella generación de intelectuales devenidos por derecho propio en políticos, se había cumplido satisfactoriamente al finalizar la primera década del siglo XX .
El liberalismo desde 1837 se había fijado la tarea de introducir rígidas modificaciones en la vida colectiva sin aceptar siquiera otras expresiones que también representaban fuerzas importantes de la sociedad. Por ello aquellas serían ideológicamente tan caducas en el país que, cuando con Roca se realizara el proyecto liberal, estarían condenadas sistemáticamente al ostracismo y al olvido.
La generación del ’37 legó al país una pléyade de intelectuales políticos que se adueñaron por derecho propio de la escena después de la batalla de Caseros.
Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento, Esteban Echeverría , posiblemente el más brillante de ellos al que su prematura muerte privó de concretar en los hechos la ajustada visión de la realidad que trasuntaba su obra literaria y el privilegio de poder llegar a ser quien más claramente comprendiese la necesidad de incorporar y no “arrasar” con los resabios culturales –tal vez escasos pero ciertamente rescatables- del rosismo, y Bartolomé Mitre, son los más importantes.
Aunque sería imperdonable dejar de mencionar a Olegario Andrade, Carlos Guido y Spano, Nicolás Calvo, Alvaro Barros, Nicolás Avellaneda, José Hernández y Félix Frías, entre muchos otros que participaron en la febril vida de la época y que, por cierto, adquirieron en algunos casos protagonismo como representantes formales de la institucionalidad que creció a la sombra de estos personajes.
Dice Arturo Claudio Laguado Ducal en su trabajo “El pensamiento liberal en la construcción del estado nacional argentino”, al marcar las diferencias de criterio que unía a estos hombres que, sin embargo, fueron capaces de trabajar en conjunto en pos de un objetivo que fue –más allá de los interesados juicios de valor que siempre tiñen a la historia argentina- la única experiencia de formación de una conciencia de representatividad que pueda encontrarse como tal hasta nuestros días".
Pero más allá de esos talantes individuales, no se puede olvidar que los agrios debates entre estos pensadores (v gr. Sarmiento contra Alberdi o Frías) versaban sobre la manera en que debía construirse la nueva nación y, obviamente, el Estado que la contuviera.
Pero al igual que existían profundas discrepancias en la metodología para lograr esos objetivos, también había un acuerdo básico sobre éstos.
Pero al igual que existían profundas discrepancias en la metodología para lograr esos objetivos, también había un acuerdo básico sobre éstos.
La educación popular fue uno de ellos a pesar de que, en ocasiones, ese acuerdo fuera más declamativo que real y sólo con Roca tuvo un impulso definitivo. La meta de la educación pública estuvo a menudo asociada a objetivos políticos que pasaban por la consolidación de una poderosa burocracia estatal y, con ella de una base electoral, como lo demuestra la elección a la presidencia de Avellaneda (1874-1880), ministro de instrucción pública de Sarmiento, quien cimentó su elección en la naciente burocracia del magisterio. Pero ni aún los críticos de Avellaneda y Sarmiento –como José Hernández- impugnaron la meta planteada.
Mantuvieron por ello clausurado el debate acerca de la organización del estado nacional, tal cual había quedado en la Argentina desde la época rosista.
Prefirieron marcar las diferencias con el régimen centralista que Rosas había instaurado desde Buenos Aires –al que en realidad continuaron desde una perspectiva más “educada y formal”- dejando de lado cualquier alusión descalificatoria de los pactos federales y centrando su crítica en la figura de los caudillos del interior y en las formas –que consideraron grotescas y bárbaras- impuestas durante el unicato del Restaurador.
Y aquellas diferencias de las que hablábamos más arriba denotan en esta actitud una profunda decisión política de carácter racional que debe ser inscripta en la estrategia que se desarrollaría desde Caseros hasta las dos primeras décadas del siglo XX.
Aunque tras la Revolución del Parque comenzase a crecer, lentamente primero y luego en forma aluvional, una nueva forma de representación que, ironías de la historia o falta de visión de sus protagonistas, hizo crecer desde Buenos Aires y su flamante cordón semi industrial un nuevo criterio de conducción que mucho se asemejaba a los personalismos y caudillajes que las clases iluminadas pretendieron erradicar de las costumbres políticas y sociales argentinas.
Cuando se produjo la reunificación política del país en 1860 con el ingreso de Buenos Aires a la Confederación Argentina, ya existía un consenso previo sobre el que Roca delineó sus principales políticas: la inmigración europea, el “progreso”, la ordenación legal del Estado y el fomento de la educación pública. La constitución de un nuevo estado y sus formas de representación no estaban, por tanto, entre las prioridades de la época.
Y peca de sorprendente que un grupo intelectualmente superior que además tenía un efectivo compromiso militante con su época y por tanto se alejaba de los proyectos intelectuales de laboratorio tan comunes a los pensadores que les siguieron en el tiempo, no se diese cuenta o no encontrase el camino para resolver las necesarias vías institucionales que lograse integrar lo que justamente representaba la más notoria consecuencia de su acción modernizadora en el país: la integración de nuevas clases sociales al armado de la vida de la república y, con ellas, el cambio de las expectativas y las demandas.
Y esa nueva sociedad civil se convirtió en la base del Estado en el sentido más estricto, al nacer como sociedad política.
La conformación original de una sociedad civil puede ser considerada bajo tres aspectos complementarios:
- como ideología de la clase dirigente, abarcando todas las ramas de la ideología
- como concepción del mundo difundida culturalmente entre todas las capas sociales, de acuerdo a la visión que de ella posea la clase dirigente
- como expresión ideológica de la propia sociedad, donde están presentes la ideología propiamente dicha, las organizaciones que crean y difunden esa ideología, y el material ideológico (escuela, medios de comunicación, comunidades religiosas, etc.).
Y para entender más claramente las consecuencias de tomar uno u otro de estos caminos de concepción –siguiendo los ejemplos citados en otra etapa de nuestro análisis- podemos afirmar que en los Estados Unidos ocurrió esto último; que en España ( y en Europa en general) la institucionalidad fue el resultado de la segunda opción, mientras que en Argentina la generación pos-rosista agotó la construcción del estado desde su propia ideología (primera alternativa de conformación), destinando todo el esfuerzo a un fracaso notorio en nuestros días y que, sin embargo, no puede ser solamente imputado a sus propios errores sino que también tendría luego que ver con la incapacidad de los nuevos liderazgos para articular una y otra etapa de nuestra historia.
¿Cómo puede explicarse, sin embargo, que aquellos hombres que habían sido capaces de diagramar desde la nada una nación moderna, con especial acento en la educación pública (lo que garantizaba un futuro de cultura que ciertamente llegamos a disfrutar) y desde una historia reciente que, aún convulsionada, tenía la nitidez de las cosas profundamente definidas y antagónicas, no lograsen amalgamar una representación institucional que se metiese en la piel de los argentinos para siempre?.
¿ Desprecio por las clases populares? ; tal vez. No desde lo moral sino desde lo coyuntural.
Es posible que nuestros políticos-intelectuales pensasen desde su prejuicio ideológico que esas nuevas clases proletarias sólo estarían capacitadas para entender al estado sólo después de una profunda acción educativa que necesitaba, al menos, dos generaciones de cultivo previo a la cosecha.
O que urgidos por la necesidad de contener las divisiones del pasado y las nuevas realidades a partir de un estado dinámico y fuerte no llegasen a ver con la claridad necesaria a un mundo que ya ingresaba en el más profundo de los debates ideológico que conociera la modernidad y que se aceleraría a partir de la revolución industrial hasta convertirse, pocos años después, en el escenario real de las luchas políticas: el capitalismo (representado por las grandes burguesías) y el colectivismo ( asumido casi por impotencia por las nuevas clases obreras que se sentían excluidas –en el mundo entero- de los beneficios del nuevo sistema de producción).
Una clase fundamental es aquella sobre la que se constituye por definición un determinado modo de producción.
Así en el capitalismo, que era el modelo que naturalmente tenían en la cabeza aquellos hombre, ese modelo está representado por la burguesía. Y esto era así porque las ideologías ligadas a una clase fundamental ( dirigentes) son las esenciales de ese modo de producción.
La hegemonía – que se construye a partir de la capacidad de conducir la sociedad civil a través del consenso- refiere la ideología orgánica a todas las actividades del grupo dirigente.
La clase obrera, subalterna del modo de producción, intenta resolver su propia estructura ideológica a través de la filosofía de su propia ecuación esfuerzo-beneficio (praxis) con una concepción del mundo siempre alternativa a la que ofrece la clase fundamental.
Todas las actividades del grupo dirigente se vuelven entendibles dentro de este proceso de elaboración de concepciones ideológicas; pero también se agotan si el conflicto supera al consenso. Si las relaciones sociales, la cultura, "las verdades jurídicas" etc. no pueden ser sometidas a un análisis critico común, tarde o temprano la posibilidad de gestar una alternativa superadora discurso hegemónico oficial se pierde irremediablemente y con ello el camino hacia el círculo virtuoso institucional que es, en el sistema democrático, la única garantía de continuidad de los aciertos que nos antecedieron como también la vía de reforma de los errores cometidos.
Lo cierto es que –cualquiera haya sido la motivación- la experiencia del estado liberal en la Argentina no logró cerrar con éxito este círculo virtuoso del cambio social y convertirlo así en un modelo de representación política que garantizase aquella continuidad.
Pocos años después lo percibiría Alem, lo prepararía Irigoyen y lo intentaría Perón. Ninguno, por los motivos que veremos más adelante, lograrían plenamente instalarlo en la sociedad nacional.
Sólo diremos –para dejar atrás este rápido repaso de la etapa que supone el primer intento de construcción del estado nacional- que lo que injustamente se ha señalado como una concepción elitista y excluyente de aquella brillante generación de intelectuales-políticos, tuvo mucho que ver con la inexistencia de una sociedad integrada culturalmente y expresada por los partidos políticos (apenas embrionarios por entonces) como parte de un sistema en marcha.
Cuando estos aparecieron con fuerza –en los primeros años del nuevo siglo- se encontraron con un conglomerado disperso de habitantes que limitaban primariamente el debate político a las grandes tendencias en pugna en el mundo y se limitaban por tanto a adhesiones lejanas, extrañas y no siempre aplicables a la realidad nacional.
De hecho los obreros se definían como proletariado, desconociendo absolutamente las realidades propias de un sistema cultural y productivo que poco tenía que ver con la Europa industrial de la que surgían las consecuencias que daban razón semántica de ser al concepto, y quienes detentaban el incipiente capital privado nacional eran estigmatizados de oligarcas y burgueses (según el volumen y origen de su riqueza) sin tener en cuenta que ni uno ni otro término tenía demasiado que ver con una sociedad incipiente y en formación.
