Las Juntas estatales reguladoras de la producción, creadas en los ramos de las carnes, vinos, granos, leche, algodón, yerba mate,etc, cumplían una doble función: centralizaban en la Capital Federal a la dirección y fiscalización de las industrias básicas del país, mientras contribuían a consolidar los monopolios productivos y comerciales existentes. Se llegó a volcar vinos en las acequias en Mendoza para mejorar los precios de las reservas en poder de los consorcios monopolistas.
El Estado, convertido en operador de una nueva concepción por cierto absurda en sí misma -neoliberalismo intervencionista- apoyaba a los grandes conglomerados capitalistas en perjuicio de los pequeños productores.
No sólo se autorizaba por ley la destrucción compulsiva de la materia prima ("promover la supresión en la medida indispensable, de la vid vinífera, mediante el pago de indemnizaciones", Ley 12137, artículo 2º, inciso a.) sino que se permitía el establecimiento de límites a la producción (impuesto de $4 por cada nueva planta de yerba mate, Ley 12236 art.9; impuesto de $ 1.000 por cada hectárea de nueva plantación de vid vinífera, Ley 12.137, art. 6º, etc.), así como la fijación de precios mínimos y la regulación o prohibición de exportaciones e importaciones .
La Ley 12139, de unificación de impuestos internos, significó una poderosa contribución al aniquilamiento del régimen federal y de las autonomías municipales.
Así por ejemplo, la supresión de las facultades de los gobiernos de Mendoza y San Juan para gravar el vino y de los gobiernos de Tucumán, Salta y Jujuy para gravar el azúcar, suministraron las bases jurídicas permanentes para el perfeccionamiento de los monopolios del comercio sobre dichos productos .
La venalidad puesta de manifiesto en la tramitación de la prórroga de las ordenanzas de las compañías eléctricas C.A.D.E. y C.I.A.D.E. en 1936, comprometió por igual a conservadores y radicales contubernistas, que ya por entonces habían abandonado el abstencionismo y aceptado las reglas de juego del sistema.
Para las elecciones presidenciales de 1938 Justo, impedido de postularse nuevamente por impedirlo la Constitución por entonces vigente, elige como sucesor a su propio Ministro de Hacienda, Roberto M. Ortiz, un radical que debía devolverle el cargo pasados los seis años de gobierno.
Había sido abogado de los ferrocarriles y de otras empresas inglesas y su candidatura fue proclamada por la Cámara de Comercio británica antes que por los medios políticos argentinos. El candidato a vicepresidente fue el conservador y también ministro de Justo, Ramón S. Castillo. Los radicales tradicionales proclamaron la fórmula Marcelo T. Alvear-Enrique Mosca.
Realizadas las elecciones el recuento dio amplia mayoría a la concordancia en casi todos los distritos (1.100.000 boletas y 248 electores a Ortiz-Castillo y 815.000 por Alvear-Mosca con 128 electores).
Federico Pinedo, diría al respecto: "Los procedimientos que se usaron en esos comicios... hacen imposible catalogar esas elecciones entre las mejores ni entre las buenas ni entre las regulares que ha habido en el país".
Sin embargo Ortiz, contra todos los pronósticos, inicia una épica batalla en soledad para desterrar el fraude de la vida nacional, llegando inclusive a la intervención federal de la Pcia. De Buenos Aires convertida por entonces en el sostén fundamental de las trampas electorales.
Esto le valió poco a poco perder el apoyo del régimen, en la misma medida en que iba creciendo a su alrededor un áurea de sólido prestigio personal entre la genta –especialmente los residentes en la Capital- y un entramado de alianzas políticas que no llegaron a concretarse debido al agravamiento de sus problemas de salud que, tras casi dos años de cabildeos, motivaron su renuncia al cargo.
El 24 de Junio de 1942 Ortiz, enfermo irreversible de una diabetes muy grave deja su cargo, falleciendo días después.
Castillo –seguramente uno de sus más íntimos enemigos- asume el cargo y se dispone a garantizar la continuidad de todas aquellas cosas contra las que infructuosamente había luchado su antecesor. Sin embargo, los tiempos ya se habían agotado...
Mientras la dirigencia y las cúpulas del poder buscan seguir con sus juegos personales, en círculos militares se forma una logia secreta, el G.O.U. (Grupo de Oficiales Unidos o Grupo Obra de Unificación) que desde noviembre de 1942 controla el Ministerio de Guerra e impone la neutralidad del gobierno en el conflicto armado que conmueve por esos días al mundo.
En febrero de 1944 terminaba la presidencia de Castillo y toda la maquinaria del fraude ya estaba aceitada para la elección de su reemplazante ,prevista para setiembre de 1943.
Justo, el sucesor natural, fallece imprevistamente en enero de 1943 dejando a la Concordancia sin candidato.
Castillo sugiere como su sucesor al industrial salteño Robustiano Patrón Costas, presidente provisional del Senado y también presidente del partido Demócrata Nacional (conservador). Como candidato a la vicepresidencia fue sugerido el radical antipersonalista santafesino Manuel Iriondo.
Ambas postulaciones debían ser convalidadas por las convenciones de los respectivos partidos a reunirse el 4 de Junio.
No obstante, la figura de Patrón Costas despertó grandes resistencias en numerosos círculos del país, pues se le atribuía el propósito de abandono del neutralismo y la asunción de compromisos de beligerancia en favor de los aliados.
El núcleo mayor de resistencia se concretó en el Ejército y su logia predominante, el G.O.U. Cuando los logran que el general Arturo Rawson acepte encabezar la rebelión, el mismo 4 de junio abandonan sus cuarteles de Campo de Mayo y marchan hacia el centro de Buenos Aires.
El gobierno de Castillo cayó tras un breve paseo de las tropas, las que tuvieron sólo un enfrentamiento con efectivos de la Escuela de Mecánica de la Armada que provocó unas 70 bajas entre los militares y los civiles que les acompañaban. Comenzaba entonces la segunda de las intervenciones militares del siglo XX en la conducción del país .
La primera, como ya lo dijésemos anteriormente, nada había dejado al país sino aislamiento y retroceso. Ni siquiera en materia económica –que posteriormente sería esgrimida por los defensores de esta aventura como un logro de prosperidad y crecimiento- puede encontrarse nada que no hubiese sido igualmente posible dentro de las instituciones de la democracia, toda vez que las circunstancias internacionales favorecían por esos años a la industria exportadora argentina.
Y tal vez sería correcto argüir que la dependencia del comercio internacional argentino debió ser motivo de una rápida búsqueda de alternativas ante la presencia de un escenario bélico que mostraba a las claras que el mundo iba a cambiar cualquiera fuese su resultado.
Y ese fracaso, con el tiempo, sería proclamado sin disimulo desde todos los puntos cardinales realidad institucional argentina:
"El amargo y desgraciado resultado de la acción de 1930 no fue otro que atrasar un cuarto de siglo a la democracia, elemento fundamental de la república “. "En el año 30 nacieron los rencores y las diferencias profundas entre los argentinos ".
El autor de estas palabras no fue un tribuno de la democracia ni siquiera un racional sostenedor de la legalidad institucional como úbico camino al progreso social de los pueblos. Por el contrario ; fueron pronunciadas por el Gral. Pedro Eugenio Aramburu, gobernante de otro facto militar –que además sostenía postulados ideológicos muy similares a los que dieron luz a la asonada del 6 de setiembre- en su discurso del día de las FFAA el 28-6-1958.
La segunda era de la vida nacional terminaba sin herencia real. Así como los hombres que llegaron con Caseros no habían logrado consolidar un contrato social que nos diera identidad y futuro como nación, la era que dejamos atrás –y que viera la luz con el advenimiento de nuevas fuerzas políticas y diferentes formas de interpretar al país y al mundo después de la Revolución del 90- se agotaba sin que ese contrato apareciese en el horizonte nacional.
El fraude, los privilegios, la preeminencia de los intereses sectoriales y partidarios por sobre los generales, la obstinación de Irigoyen, la claudicación natural de un integrante de las clases dominantes como fue Marcelo T. De Alvear y, sobre todo, la ruptura de un orden institucional que era por entonces –aún insuficiente- el único punto de contacto con la civilización política habían forjado este país que –desde la nada- se preparaba para grandes reformas que condicionarían su vida durante los próximos 50 años.
Pero eso, en la Argentina de entonces, nadie lo sabía.
Y por lo tanto nadie se preparaba para la construcción de un nuevo país, una nueva sociedad y un nuevo contrato entre los argentinos.
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