LA MUERTE DE LA REPUBLICA
Es imposible construir el futuro desde la negación del pasado; y será tanto más difícil aceptar a éste cuando se vive el presente con obstinada indiferencia y con un pertinaz voluntarismo.
Porque –por razones que el hombre debería saber que nunca va a poder dominar- el presente invariablemente va a convertirse en pasado y ya no existirá alternativa alguna de modificarlo.
Algo así nos pasaba a los argentinos en aquel luminoso 1983 del retorno a las formas democráticas y a las libertades individuales.
Los años de la dictadura –sobre todo aquellos primeros tiempos de fuego en los cuales funcionó a la perfección la máquina del ocultamiento- se habían llevado mucho más que las 30.000 vidas perdidas entre torturas, secuestros y violencia irracional.
Como tantos procesos anteriores habían comenzado con un pueblo que no quiso afrontar sus responsabilidades y terminaban con una sociedad que no se animaba a mirar de frente las consecuencias de tal actitud.
Era entonces mucho más sencillo ponerle al miedo el nombre de sus actores principales y evitar la penosa tarea de mirarnos al espejo y aceptar que , de alguna forma, todos teníamos responsabilidad –aunque no culpa- en el montaje de tan siniestra obra. En definitiva, una vez más el culpable y el pretexto que históricamente habíamos necesitado para seguir adelante con la frescura de una inocencia chamuscada.
La imagen de una sociedad que con diferencia escasa de días denostaba a los usurpadores por sus fracasos en la gestión económica para vivarlos, sin solución de continuidad, por el desembarco en Malvinas y volver nuevamente su furia contra ellos por la derrota militar al final de la aventura, es demasiado evidente como para que intentemos siquiera explicación alguna.
Así como en 1930, 1943, 1955, 1966 y 1976 habíamos jugado frívolamente con la institucionalidad y acompañado con entusiasmo la violación de nuestra propia Constitución Nacional, volvíamos ahora a abrazar con pasión al orden democrático partiendo sin embargo de una falsa premisa: “yo” no era responsable de ninguno de los horrores ocurridos.
No comprendíamos entonces –y difícilmente lo comprendamos aún hoy- que es imposible que una comunidad conviva con la muerte tanto tiempo y pueda esgrimir luego el absurdo sofisma de “yo” no sabía lo que estaba ocurriendo o “yo” nunca vi nada.
Actitud que de no mediar profundas diferencias personales bien pudo inspirar a Pascal en su definición luminosa del “detestable yo”.
La única esperanza de maduración estaba puesta entonces en la profundidad con que los argentinos construyésemos este tiempo de nuestra historia una vez recuperado el pleno goce de nuestros derechos constitucionales.
Era ese el momento que debíamos elegir para comenzar a caminar una etapa de análisis profundo, de asunción de culpas y de firme decisión para cambiar frivolidad por compromiso, voluntarismo por lucidez para evaluar los hechos , comodidad por esfuerzo y fundamentalmente individualismo por sentido de pertenencia a la sociedad y a la nación.
Y si bien es cierto que cargábamos sobre nuestras espaldas demasiadas tensiones, agravios y enfrentamientos, no es menos real que el estado del país –y con este el de la sociedad- era de tal postración, abatimiento y amargura que bien podíamos encontrar en él la fuerza para intentar emerger desde el fracaso hacia una realidad suficiente para comenzar de nuevo.
Empobrecidos, aislados del mundo, conocedores por primera vez de la humillación en la derrota, poseedores de una conciencia crítica que nos indicaba que no era cierto que los demás fuesen culpables de todos los males del país, la oportunidad que se presentaba frente a nosotros era tan inmerecida como única y posiblemente irrepetible.
Inmerecida, porque no era cierto que la democracia fuese” arrancada a los militares por la gesta heroica del pueblo argentino” –como gustaban decir dirigentes políticos de entonces y terminamos por aceptar los ciudadanos aún a sabiendas de la falacia- sino que la misma había llegado como consecuencia del fracaso en Malvinas y el desmanejo de la economía, especialmente durante la segunda etapa del Proceso. En el capítulo anterior nos preguntábamos ¿qué hubiese pasado si Galtieri se convertía en el triunfador que devolvía las islas a la Argentina y ponía de rodillas a los ingleses?; no creímos entonces necesaria la respuesta y seguimos ahora pensando que la misma –aún con su carga de vergüenza- está muy clara en la conciencia de todos nosotros como para tener que extendernos más en ello.
Igualmente debemos asumir que no se recuerda un solo hecho, producido por la sociedad en su conjunto, tendiente a defender el estado de derecho en 1976 y posteriormente a recuperarlo, a partir de esa fecha y hasta el anuncio de los comicios programados para octubre de 1983.
La gestión de Raúl Alfonsín se inició sin embargo bajo los mejores auspicios. El entusiasmo de la gente era por entonces realmente desbordante y los argentinos vivimos durante un tiempo en un estado de gracia muy particular que nos llevó al convencimiento de que la sociedad había dado un vuelco en lo referente a sus malos hábitos de antaño.
Por lo demás el acompañamiento internacional estaba presente como nunca antes en nuestra historia. La aventura en Malvinas –más que las aberrantes violaciones a los derechos humanos- habían aislado del mundo al gobierno militar y era palpable que la llegada de las administraciones civiles significaban poder quitar al país de la agenda negra de los conflictos mundiales.
El nuevo gobierno –en sintonía con la social democracia que gozaba su apogeo en el mundo libre- tenía además un valor agregado que lo hacía más simpático a los centros de poder: había barrido al peronismo en los comicios de octubre y –de la mano de una liderazgo que supo despertar expectativas positivas en toda la sociedad- parecía por entonces capacitado para expulsarlo definitivamente de la historia nacional.
Y ya hemos visto anteriormente lo que el peronismo representaba para la civilización europea y norteamericana...
Claro que estaban pendientes de solución dos temas que para los nuevos amigos eran de vital importancia:
1- la fenomenal deuda externa acumulada por el país durante los años del Proceso y la duda que despertaban algunas afirmaciones de Alfonsín durante su campaña electoral en el sentido de revisar la legitimidad de la misma y ;
2- el alineamiento internacional de la Argentina dentro de un orden mundial que comenzaba a cambiar y que ahora se regía por parámetros económicos antes que por dialécticas políticas de dudoso andamiento.
Ya veremos más adelante que –a poco de transcurrir la nueva gestión- esos temores no lograron disiparse y el país tomó en ambos casos rumbos que se parecieron más a una improvisación que a una política racionalmente estructurada.
Ello acarrearía graves consecuencias de aislamiento que se agudizaron hasta el dramatismo en el momento de declararse el default de nuestra deuda, consagrando por primera vez en nuestra historia el incumplimiento liso y llano de los compromisos contraídos.
Pero fueron demasiados los escalones que con anterioridad debimos bajar para llegar a ese punto. En esta primera etapa preferimos concentrarnos en aquellos elementos de carácter general que tienen que ver con las actitudes de la sociedad en su conjunto y que deberán ser resueltos definitivamente si pretendemos dar a luz algún día ese contrato social que necesitamos para emprender la reconstrucción.
Y vamos a comenzar por el más sensible de ellos porque nos cuesta creer que en los principios del S XXI todavía no podamos tener en claro de que estamos hablando cuando al tema nos referimos.
-derechos humanos: de la frivolidad al cachetazo-
No era casual que el problema de los derechos humanos se presentara en 1983 como el más urgente a los ojos argentinos. Los años que dejábamos atrás habían sido particularmente duros en ese aspecto y los hechos que ahora conocíamos en detalle –aunque a veces esa misma minuciosidad se parecía más a una propaganda de pésimo gusto que a la expresión cabal de la realidad- nos hablaban de una barbarie que se había desatado entre nosotros y nos planteaba a su vez una pregunta que por entonces parecíamos querer responder: ¿no habíamos visto o no quisimos ver?.
Nadie podía dudar que la sociedad en su conjunto se veía de golpe revolucionada por aquella verdad horrenda y clamaba a gritos justicia para los responsables y para sus víctimas.
Sin embargo aquella especie de segunda juventud moral de los argentinos iba a quedarse pronto en el camino.
Porque frente a las respuestas amenazantes de quienes no aceptaban su cuota parte en los hechos cometidos –aunque pretendieran disfrazar esa posición de reivindicación de las instituciones militares, como veríamos en 1987 con el levantamiento de Semana Santa y así continuadamente hasta la asonada de 1990- respondimos una vez más en forma timorata, desganada e inconstante.
Vinieron entonces las leyes exculpatorias que si bien tuvieron el repudio generalizado de la sociedad no encontraron en ella una actitud fuertemente reivindicatoria del estado de derecho –ni en sus representantes, ni en la prensa, ni en la capacidad de movilización que solamente se pondría en movimiento cuando la afectación llegó a los bolsillos de los argentinos- que evitara que ambos gobiernos – lo que significó que primero Alfonsín y luego Carlos Menem resolviesen la situación de acuerdo a sus propias necesidades coyunturales y no de cara a una historia que ya había sido asumida, no sin dolor, por el país.
Y esto tuvo su origen en la interpretación parcial, cuando no interesada, que la sociedad en su conjunto le diera a una cuestión tan delicada como es para la civilización la de los derechos del hombre.
En 1984, la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (CONADEP), que presidió el escritor Ernesto Sábato, realizó una reconstrucción de lo ocurrido, cuya real dimensión apenas se sospechaba..
Sus conclusiones fueron luego confirmadas por la justicia, que en 1985 condenó a los máximos responsables.
Concebido como un plan orgánico, el proyecto represivo del gobierno de las FFAA fue aplicado de manera descentralizada, reservándose cada fuerza sus zonas de responsabilidad.
Grupos de militares generalmente no identificados se encargaban de secuestrar a activistas políticos y sociales que luego de ser sometidos a torturas permanecían largo tiempo detenidos en centros clandestinos (La Perla, El Olimpo, La Cacha, y aún en cuarteles y comisarías), hasta que una autoridad superior decidía si debían ser ejecutados o si eran recuperables.
los desaparecidos -pues los familiares ignoraban su suerte y ninguna autoridad asumía la responsabilidad de la acción- y también las tumbas clandestinas.
La CONADEP logró documentar nueve mil casos, aunque probablemente (según las denuncias de los familiares) la cifra deba triplicarse.
La dictadura iba a insistir en el uso del término desaparecido; si aceptaba el uso del secuestrado o detenido, debía reconocer el hecho delictivo de un secuestrador, la comisión de un delito y la responsabilidad del estado, lo que hubiese puesto en evidencia su participación directa en los crímenes. Suponía además que con ello empujaba a la resignación y que esta daría paso a la impunidad.
La Junta Militar tuvo como “objetivos básicos restituir los valores esenciales para la conducción integral del Estado, enfatizando el sentido de la moralidad, idoneidad y eficacia como presupuestos esenciales para reconstruir la imagen y contenido de la Nación, erradicar la subversión y promover el desarrollo económico del país, basados en el equilibrio y participación de los sectores para asegurar el afianzamiento de una posterior democracia representativa, republicana y federal adecuada al pueblo Argentino.... concretar la soberanía política donde el interés nacional sea superior a cualquier tendencia. La vigencia de la moral cristiana, la tradición nacional y la dignidad de los ciudadanos Argentinos; además lograr la vigencia de la seguridad nacional erradicando desde sus causas los actos subversivos para legar al funcionamiento pleno del ordenamiento jurídico y social, tendiente a asegurar la capacidad de discusión y la plena realización del hombre argentino, otorgándole el bienestar general a través del trabajo fecundo, con igualdad de oportunidades y en un sentido adecuado de la justicia social. Lograr la conformación de un sistema educativo adecuado a las necesidades del país, que sirva y consolide los valores y aspiraciones culturales del ser Argentino” (Propósitos y Objetivos Básicos del Proceso de Reorganización Nacional-Buenos Aires 24 de marzo de 1976).-
A partir de estos principios se dicta todo un ordenamiento legal por el cual el secuestro y desaparición forzosa de personas se convierte en el método privilegiado de desaparición por razones políticas.
Esta fue la base del terrorismo de estado y punto de partida a la secuencia mas grave de violación a los derechos del hombre; al secuestro, la cárcel y la muerte, a los que se les sumaron los más espantosos tormentos y torturas a prisioneros además de la censura de los medios de comunicación, la subordinación de la justicia al poder militar, y la constante confusión y desorientación de la ciudadanía que llego a convencerse que todas las denuncias existentes eran producto de una perversa campaña internacional contra la Argentina.
A tal punto llegó la impunidad instalada en el país que pudimos observar el nacimiento de un nuevo orden legal que –si no fuese por la hondura del drama que pretendía ocultar- podía parecer a los ojos de cualquier hombre civilizado como una broma de dudoso gusto.
El 12 de septiembre de 1979 promulgó la Junta Militar la llamada Ley Sacrílega, que pretendía regular el "presunto fallecimiento" de las personas que habiendo sido secuestradas o detenidas permanecían en calidad de desaparecidos.
Esta ley disponía:
1) Que podía declararse el fallecimiento presunto de la persona cuya desaparición del lugar de su domicilio o residencia, sin que de ella se tenga noticias, hubiese sido fehacientemente denunciada entre el 6 de noviembre de 1974 ( fecha de declaración del Estado de Sitio por decreto 1368/74) y la fecha de promulgación de la presente ley
2) Que la declaración del fallecimiento presunto será decretada por el Juez Federal del último domicilio o residencia del desaparecido y podía ser promovida por el cónyuge, por cualquiera de los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o por el Estado Nacional.
3) Para los efectos de índole civil, había que remitirse a las disposiciones pertinentes de la ley 14.394; es decir, al dispositivo legal que desde el año 1954 regulaba la ausencia de una persona, que regula los procedimientos judiciales relacionados solamente con la liquidación de los bienes del presunto fallecido y la habilitación de su cónyuge para contraer nuevas nupcias.
Decía la Junta que, el Estado debía intervenir para dar solución a los casos de menores, huérfanos o desamparados, cuyos padres puedan haber fallecidos en acciones de carácter subversivos
En segundo lugar y si bien es cierto que la ausencia de las personas se encontraba regulada, como dijimos, desde el año 1954 a través de la ley 14.394, incorporada al Código Civil, la Junta entendía que era el momento de comenzar a abreviar plazos para considerar como ausente o desaparecida (fallecido) a una persona en atención a la "presunción más convincente de la vinculación de la ausencia con los hechos terroristas acaecidos en el país" .
El propio jefe de estado explicaría en una conferencia de prensa brindada con motivo de la aparición de esta norma que "Se busca esclarecer la situación de individuos que se ignora dónde están; porque hubo una guerra civil, donde hubo muertos sin identificar en enfrentamientos, muertos ajusticiados por los propios terroristas, personas que salieron clandestinamente del país y otras que se encuentran en la clandestinidad en el propio país para actuar contra la seguridad del Estado...".
Pero los argentinos, aunque cueste aceptarlo, vivieron bajo esta nueva legislación de la vida durante demasiado tiempo sin plantear por ello cuestionamiento alguno. Recién con la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –el 6 de setiembre de 1979, seis días antes de que la Junta se viera obligada a dictar la norma en cuestión- comenzarían a tomar nota de que el tema no era tan fatuo como se creía y que el gobierno nacional ocultaba a la sociedad hechos y circunstancias que sin lugar a dudas lo involucraban en cuestiones de suma gravedad.
La CIDH es un organismo de la O.E.A (Organización de Estados Americanos), creado para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y para servir como órgano consultivo de la Organización en esa materia.
No tiene facultades para aplicar sanciones, limitándose a recibir denuncias; transmitirlas a los gobiernos; escuchar sus descargos o reconocimientos; emitir sus juicios sobre los casos a través de resoluciones y producir informes anuales o especiales que son regularmente presentados a la Asamblea General Ordinaria de la O.E.A.
El informe hecho por la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, pese a la importancia de sus conclusiones, fue prácticamente desconocido y omitido.
En ningún diario o revista de circulación en el territorio del país fue publicado; en aquel momento, ninguna imprenta estaba dispuesta a correr con el riesgo de su impresión.
El informe nos introducía al tema de la siguiente manera: "La CIDH ha recibido en los últimos años, antes y después del pronunciamiento militar de marzo de 1976, denuncias de graves violaciones de los DD.HH. en el país, a las cuales ha dado el trámite reglamentario. Expresó, además, en diferentes oportunidades a representantes del gobierno argentino su preocupación por el número cada vez mayor de denuncias y por las informaciones recibidas de distintas fuentes que hacían aparecer un cuadro de violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a derechos y libertades del hombre".
"Ante esta situación, la CIDH resolvió elaborar el presente Informe y al comunicar al gobierno argentino esta decisión le hizo saber el interés que tenía en visitar la República Argentina para practicar una observación in loco, por considerar que este era el medio más idóneo para establecer con mayor precisión y objetividad la situación de los DD.HH. en un determinado país y momento histórico..."
La comisión concluyó su labor el 20 de septiembre del mismo año; durante su permanencia en el país se entrevistó con Jorge R. Videla; los integrantes de la Junta Militar (Viola, Graffigna y Lambruschini); los Ministros del Interior ( Albano Harguindeguy), de Justicia (Rodríguez Varela), de Relaciones Exteriores y de Culto (Wilfredo Pastor) y de Educación y Culto (Carlos Llerena Amadeo).
También lo hizo con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Alfredo. Gabrielli), miembros de la Cámara Federal de Apelaciones y con el Juez Federal, Dr. Martín Anzoátegui, y con ex-presidentes de la Nación; con personalidades de la Iglesia Católica, con Entidades Defensoras de los DD.HH., con representantes de las organizaciones políticas, con asociaciones de profesionales y también, con asociaciones gremiales y sindicales.
Ese mismo día le entregaba a Videla un texto que incluía recomendaciones preliminares; estas no vieron la luz hasta el retorno de la vida democrática al país.
Es claro que para ese momento nadie podía seriamente ignorar las atrocidades cometidas en nuestras propias narices; mucho menos al conocerse el detalle de muchas de ellas durante el juicio seguido a los responsables del golpe de estado de marzo del 76 y a quienes les sucedieron en el gobierno de la nación.
Por ello en aquella ocasión la sociedad jurídicamente organizada en el estado pareció responder desde la más pura civilización a la cuestión que se le planteaba. Muchas fueron las amenazas –algunas veladas y otras directamente desembozadas y públicas- que recibió el gobierno de Raúl Alfonsín para detener el proceso legal a los hombres de las fuerzas armadas.
A pesar de ello se siguió adelante con el histórico juicio y las penas impuestas a su culminación eximen de cualquier comentario acerca de la firma vocación de impartir justicia que sobrevoló aquellas jornadas.
La sentencia de la Cámara Federal morigeró sin embargo las penas solicitadas por la fiscalía. El motivo esgrimido fue que no consideró que los tres miembros de las Juntas fueran igualmente responsables en la represión, separando para ello el accionar de cada fuerza.
El Ejército y la Marina aparecían como los principales responsables; la Fuerza Aérea fue sustancialmente beneficiada con esta separación de responsabilidades, ya que había tenido pocos centros de detención directamente a su cargo y se habían reunido relativamente pocas pruebas en su contra.
La sentencia impuso las siguientes penas: Jorge R. Videla: reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua; Emilio E. Massera: prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua; Orlando R. Agosti: 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua; Roberto E. Viola: 17 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua; Armando Lambruschini: 8 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua; Leopoldo F. Galtieri:, Omar R. Graffigna, Jorge L.Anaya y Basilio Lami Dozo, absueltos.
Los tribunales siguieron su acción y citaron a numerosos oficiales implicados en casos específicos, lo cual produjo la reacción militar en defensa de sus compañeros -particularmente oficiales de baja graduación- que según sostenían no eran responsables sino ejecutores de órdenes superiores.
Un primer intento de encontrar una salida política a la cuestión -la llamada ley de Punto Final- fracasó, pues no fue suficientemente amplia para detener las citaciones a numerosos oficiales de menor graduación.
En los días de Semana Santa de 1987 un grupo de oficiales se acuarteló en Campo de Mayo y exigió lo que denominaban una solución política.
El conjunto de la civilidad, así como todos los partidos políticos, respondió solidarizándose con el orden constitucional, salió a la calle, llenó las plazas y exigió que depusieran su actitud.
La demostración fue impresionante, pero las fuerzas militares que debían reprimir a los rebeldes -que empezaron a ser conocidos como "carapintadas"- se negaron a hacerlo.
Luego que el propio Alfonsín fuera a Campo de Mayo, los insurrectos se rindieron, pero poco después, a su propuesta, el Congreso sancionó la ley de Obediencia Debida, que permita exculpar a la mayoría de los oficiales que habían participado en la represión. Aunque este resultado no era distinto a lo que Alfonsín había propuesto a lo largo de su campaña -los principales responsables ya habían sido condenados- la gente lo vivió como una derrota y como el fin de una de las ilusiones de la democracia, incapaz de doblegar a un poder militar que seguía incólume.
Y comienza a extenderse sobre su estado de ánimo una desazón que tornaría en indiferencia, seguramente acicateada por la sensación general de que las organizaciones defensoras de derechos humanos involucradas en la cuestión no estaban tampoco dispuestas a permitir una solución definitiva al conflicto: la sociedad ya percibía entonces que el tema había sido partido en dos y que ninguno de los bandos en pugna buscaban justicia sino impunidad, en un caso, y venganza en el otro.
La cuestión culminaría algunos años después con la firma de los indultos –a poco de asumir la Presidencia Carlos Menem- beneficiando a los principales responsables de aquél tiempo de vergüenza y sinrazón.
Militares y dirigentes subversivos –culpables de miles de muertes y violencias que partieron a la sociedad toda- terminaban siendo perdonados por un estado que no supo o no quiso guiar con firmeza a la nación por el camino del respeto a la ley y larazonable búsqueda de la diferencia necesaria entre honestos y delincuentes sin la que ningún país puede soñar con salir adelante.
El indulto de Menem fue criticado en el ambiente de derechos humanos y en general por toda la opinión pública , pero dejó sin respaldo en la corporación militar a quienes seguían haciendo planteos.
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