LA OTRA REPUBLICA-PARTE 22

(CONTINÚA)

A partir de allí el sindicalismo perdió poder real, los trabajadores del sector formal de la economía –cada vez más acotado, de la mano del crecimiento informal y cuentapropiasta que deviene siempre de las crisis del estilo que vivía el país- dejaron de ver a sus representantes como vehículo útil a las reivindicaciones, a la vez que el temor al desempleo desarmó la intensidad de las protestas, y la lucha por las reivindicaciones quedó limitada a expresiones sindicales a las que las sociedad observaba como oposición y no como verdaderas representantes sectoriales.

La Iglesia Católica –a la vez que agradecía la política de pacificación que la sacaba del debate acerca de sus responsabilidades durante el Proceso- encontró en Carlos Menem un impensado aliado a la hora de promover políticas conservadoras en materia de aborto, derechos de las minorías sexuales y acompañamiento de las propuestas vaticanas en materia de preservación de la moral tradicional.

De la mano de este acompañamiento en los temas de su interés específico, la iglesia accedió a morigerar hasta la exageración su posición frente a la pobreza creciente que vivía la sociedad argentina y llevó hasta la elipsis el lenguaje utilizado en sus expresiones sobre esta cuestión o acerca de la creciente corrupción en el poder.

La corporación empresaria no hacía por entonces otra cosa que maravillarse de la gestión de gobierno.

Las privatizaciones, el desmantelamiento del ordenamiento legal en materia laboral con su carga de flexibilización y pérdida de los derechos de los trabajadores, la participación de los dueños del capital en los negocios del estado y el lenguaje libremercadista del poder eran para ella música celestial comparada con tantos años de estatismo de los que sin embargo habían sido directos beneficiarios.

Las dos vertientes principales del capital nacional –el campo y la industria- tardarían demasiado tiempo en comprender que la situación creada se volvería como un bumerang en su contra y que terminarían pagando el precio de la sobrevaluación del peso, la apertura económica indiscriminada, los compromisos internacionales del gobierno con los centros del poder financiero internacional y, sobre todo, un gasto público desmedido que dispararía la voracidad fiscal sobre sus respectivas actividades.

Cuando tomaran nota de ello...ya sería demasiado tarde.

Con los partidos políticos la cuestión fue tan sencilla que nos atreveríamos a decir que supuso una operación menor cuyos exitosos resultados se hubiesen precipitado aún sin que el gobierno los buscara.

A la debilidad de las fuerzas tradicionales –el radicalismo en espantada huída, el peronismo dividido en mil pedazos y las expresiones de centroderecha absorbidas por el mensaje de Menem y su acción de gobierno- había que agregarle una circunstancia no menor en su peso y en sus consecuencias inmediatas: era evidente que el bipartidismo había entrado en crisis en toda América Latina, y ello abría un poco mensurable campo de acción para este tipo de expresiones heterodoxas que mezclaban el lenguaje populista con las reglas de mercado.

Las recurrentes crisis políticas en el subcontinente mostraban la dificultad de que una democracia basada en sólo dos partidos se consolide a largo plazo. Esto se acentúa bajo un régimen de división de poderes en el que distintos partidos pueden ganar las elecciones separadas a la presidencia y al parlamento.

Si se enfrentan, pueden bloquearse mutuamente y conseguir que nadie gobierne; si cooperan, se convierten en cómplices de una colusión excluyente que genera movimientos de protesta desde afuera y contra el sistema.

Cuando, a mediados de los años setenta América Latina quedó anegada por las dictaduras, quedaron flotando tres islotes democráticos, Colombia, Costa Rica y Venezuela, que coincidían en tener sistemas de dos partidos.


En Colombia y Venezuela los dos partidos habían suscrito pactos de cooperación -llamados, respectivamente, de Punto Fijo y de Sitges- con la intención de proteger y estabilizar la democracia mediante una serie de elecciones no competitivas, el reparto de cargos y el turno en la presidencia. La consecuencia a medio plazo fue que creció impunemente la corrupción hacia adentro y el cierre y la exclusión hacia afuera.

Colombia y Venezuela siguieron caminos diferentes y en algunos aspectos opuestos, incluidas las guerrillas en un caso y el populismo autoritario en el otro. Pero los dos procesos tienen un origen común en el duopolio político que ha llevado al desprestigio desu dirigencia, la desintegración de los partidos tradicionales y la ingobernabilidad.

Entre las nuevas democracias establecidas en América Latina desde principios de los años ochenta, sólo en Argentina se desarrolló un sistema bipartidista.
Tras el fracaso del radicalismo y mientras el justicialismo se mantuvo dominante, hubo estabilidad política, aunque ya dijimos que también corrupción y exclusión.

El modelo bipartidista parecía seguir la pauta de Estados Unidos, pero hay que tener en cuenta que en este país los dos partidos son grandes tiendas -que cobijan un amplio pluralismo interno, expresado en las elecciones primarias y reflejado en una alta indisciplina partidaria de sus representantes- por lo que siempre son necesarias las negociaciones y los pactos entre el presidente y los congresistas de su propio partido y de la oposición.

Sin duda, pese a todos sus defectos, el sistema político estadounidense es más pluralista e integrador que los sistemas bipartidistas cerrados que han existido en algunos países de América Latina. En contra de lo que algunos esperaban, en los últimos veinte años casi todas las nuevas democracias latinoamericanas se caracterizan por el multipartidismo, la ausencia de mayoría presidencial en el congreso y los gobiernos de coalición.

Incluso la veterana Costa Rica ha abandonado recientemente el bipartidismo: en las últimas elecciones consiguieron representación cuatro candidaturas mayores y, por primera vez en cincuenta años, hubo que convocar una segunda vuelta para elegir presidente porque ningún candidato había obtenido el requerido 40% de los votos.

En esta situación ahora habitual de división de poderes con múltiples partidos, la gobernabilidad se consigue por dos vías.

En algunos casos, un sólido partido de tipo centrista se convierte en el eje de la formación de mayorías políticas y en un elemento de continuidad de la gobernación y las políticas públicas.
Pero en la mayoría de las experiencias de la última década es observable como los grandes partidos tradicionales han dado paso a caoaliciones multipartidarias –no siempre homogéneas en su base ideológica o programática- tendientes a una continuidad en los aspectos generales de la administración y con diferencias que pueden ser analizadas como de coloratura.
Sin embargo estas experiencias han finalizado casi siempre en ruidosos fracasos los que sumados a aquella crisis de los viejos partidos han dejado a muchos países del subcontinente sin una vía clara y contundente de representación de las mayorías.

Los ejemplos más nítidos de la situación podríamos encontrarlos en Chile como expresión positiva –la coalición de centro izquierda en el gobierno ha motorizado el crecimiento más sólido y el sistema social más justo de toda la región- y en Venezuela como variante negativa, a partir del desprestigio generalizado de la clase política , que dio como resultado no deseado una experiencia populista construida detrás de un liderazgo de sesgo autoritario y populista.
Bolivia con su enmarañado juego de alianzas, Perú con la experiencia de Fujimori y el poco ortodoxo frente opositor que debió formarse para llevar a Alejandro Toledo al poder –con las consecuencias que le sobrevinieron y la imposiblidad de una gobernabilidad efectiva-, Uruguay y el retroceso de los tradicionales partidos Nacional y Colorado frente al arrollador crecimiento de la coalición de izquierda que acaba de hacerse del poder encabezada por el Frente Amplio son algunos de los ejemplos de esta nueva forma de construir poder en América Latina.
Forma que ya era tradicional en Brasil desde la retirada del gobierno militar y la conformación de una cambiante pero sólida historia de coaliciones multipartidarias que llevaron primeramente al poder a Tancredo Neves para sostener tras su sorpresiva desaparición al dubitativo gobierno que debió encabezar José Sarney.

Y que luego de absorber la crisis que arrancó de la presidencia a Colhor de Melo fluctuara entre la derecha moderada de Fernando Henrique Cardozo y la actual experiencia de un populismo sui generis que Lula lleva adelante no sin sobresaltos.

Lo cierto es que el gobierno argentino se quedó sin oposición y esta circunstancia movilizó la demolición de un sistema democrático ya de por sí precario.

La violación sistemática de la ley –realizada en muchas ocasiones con la silenciosa complicidad de la ciudadanía, el aval de los jueces amigos y la exasperante corrupción que enmarcaba cada negocio público fueron tan sólo algunas de las características que comenzaron a decir presente en la vida cotidiana del país.

Males a los que deberíamos agregar, sin dudarlo, el silencio de una prensa contagiada de la frivolidad propia de esa etapa en muchas cosas olvidable de la vida nacional.

-cuando la ley no importa-

Si existió un vicio de la época que es comprensivo de la tesis desarrollada en el presente trabajo ha sido sin duda alguna el que supuso la sistemática violación del estado de derecho en el país.
El ordenamiento legal fue atropellado en los negocios públicos, en las relaciones entre el estado y la comunidad, en la vida financiera del país –a partir de la exacción del Plan Bonex- en la designación de magistrados y funcionarios –soslayando hasta las inhibiciones de ley que muchos de ellos arrastraban-, en la administración del presupuesto nacional, en la disposición de fondos del estado para uso personal y para fines políticos ocultos, en la utilización sistemática de cláusulas reservadas en la firma de contratos y el otorgamiento de concesiones sin el debido proceso licitatorio y a través de la utilización abusiva del decreto de necesidad y urgencia reservado por la Constitución para casos especialmente excepcionales.

Todo pasaba por el único prisma del interés del gobierno; y este se fundía cada vez más frecuentemente con el interés personal de sus integrantes.
La impunidad dio paso a la impudicia; y ya nadie se preocupó tan siquiera por ocultar el espurio beneficio de sus acciones.

La Constitución –refugio formalmente intocable de los gobiernos democráticos y vallado temido hasta el punto de su derogación por las experiencias militares- no podía quedar a salvo del atropello.

No se trataba entonces de desecharla...y mucho menos de cumplirla; bastó con manosearla al arbitrio de los hombres del poder y convertirla en el vehículo legal que favoreciese sus ilegítimos intereses.

El acontecimiento jurídico fundamental después de Caseros fue la Constitución de 1853, a pesar de todas las críticas que se le pueden formular y que explican su limitada influencia en la historia posterior del país.

Fue una carta en cierto modo improvisada, redactada con inspiración de variados orígenes como las Bases de Alberdi, la constitución americana, la constitución suiza, los antecedentes constitucionales de 1819, 1826 y el pacto federal de 1831.

No nació del análisis profundo de la realidad en forma tal, como para que sus diferentes aspectos hubieran tenido ocasión de ser discutidos.

No fue tampoco una regulación que merezca un juicio como el de Charles Beard, cuando describe la constitución americana como un documento económico diseñado con habilidad superior por hombres cuyos intereses patrimoniales estaban en juego y que, como tales tenían una correspondencia directa con intereses idénticos del país en general.

La nuestra fue una ley enunciativa y administrativa: nos contaba que país debíamos construir y nos decía como administrarlo; pero se apoyaba en una arquitectura racional y filosófica que poco y nada tenía que ver con la realidad existente más allá de Buenos Aires.

Tal vez en esas circunstancias encontremos la explicación que permita concluir porque el violarla sistemáticamente ha sido en la Argentina una tentación inevitable del poder y un hecho de importancia secundaria para la sociedad.

Los años de Menem son en ese sentido un ejemplo harto suficiente: la carencia de oposición y la indiferencia popular llegaron a permitir que la ley fundamental de la república se negociara a espaldas de la gente y se adecuara al interés personal de dos caudillos que pretendían alternativamente ampliar la base de su propio poder y mantenerse como protagonistas excluyentes de la vida nacional.

Y sin entrar ahora en una evaluación puntual de las calidades de la ley reformada –lo que haremos necesariamente en las conclusiones finales- podemos afirmar que su ilegitimidad de origen la proyecta hacia el futuro con las mismas debilidades que todas las que la precedieron, excepción hecha de la de 1853 que tuvo al menos el valor de ser la que fundó –para bien o para mal- el criterio de organización de la república que después todos nos encargamos de destruir.
Aunque convengamos que poco puede esperarse de nuestra sociedad en lo que hace a la necesidad de asumir una verdadera pasión constitucional para la convivencia cuando se ha incorporado al conciente colectivo hablar de la norma de 1853 como “ la Constitución de Alberdi”, de la de 1949 como “la de Perón” y finalmente de “la de Menem”.

Esa identificación nominativa esconde, sin duda alguna, la falta de sentido de pertenencia de los ciudadanos con su base jurídica y política.

No queremos dejar atrás el análisis de la implosión institucional del país durante el período menemista sin incluir una breve reflexión sobre las consecuencias que para la nación tuvo la desaparición de la oposición del escenario político argentino.

La oposición es un componente básico del funcionamiento de las democracias pluralistas ya que su existencia representa la cristalización de la diversidad social y desemboca en regímenes bipartidistas o multipartidistas.

Mantiene una relación directa con la democracia porque busca la solución del conflicto, no en la eliminación del adversario, sino mediante la identificación de intereses comunes, promueve la superioridad del diálogo sobre la confrontación, y sus funciones van mucho más allá de la mera expresión de la protesta o el descontento, pues su participación en los órganos de representación le aseguran una influencia sostenida sobre el proceso de decisiones.

Es así como en los regímenes democráticos la oposición no se limita a expresar la diferencia, sino que también tiene funciones de gobierno que cumplir.

Históricamente este momento de la evolución política de los regímenes democráticos fue más difícil de construir que los anteriores, porque en más de un caso la constitucionalización ha sido una estratagema consistente en aprovechar la libertad y los recursos políticos que ofrece el régimen democrático para destruirlo.

Así lo hicieron en su momento el Partido Fascista italiano y el Partido Nacionalsocialista alemán.
Ambos se integraron a la vida parlamentaria para promover su presencia y utilizaron esa tribuna para denunciar persistentemente los irremediables defectos de la democracia, y sin embargo accedieron al poder mediante elecciones sin nunca haber renunciado del todo a los métodos de acción directa que minaban las instituciones democráticas.

Una vez que llegaron al poder dictaron medidas tendentes a desmantelar el régimen democrático. La huella de esta experiencia está presente en muchas constituciones democráticas elaboradas después de la Segunda Guerra Mundial, que establecen límites a la libertad de asociación y contemplan la supresión de las organizaciones políticas que transmitan mensajes o incurran en comportamientos considerados anticonstitucionales.

La Unión Europea también tomó esta precaución en relación con las flamantes democracias de los países del Este de Europa, pues como requisito para cualquier tipo de vinculación con terceros países introdujo una cláusula de la democracia que estipula que la Unión sólo celebrará acuerdos con países que realicen periódicamente elecciones limpias y competitivas.

De lo anterior se desprende que en los regímenes democráticos la noción de oposición tiene un sentido muy preciso: es siempre una parcela del poder político, es su contraparte lógica, su complemento y no sólo su contradicción. Esto es así porque en los regímenes democráticos la oposición política es la forma institucionalizada del conflicto, y desempeña un papel en la preservación de los equilibrios del poder o en una evolución ordenada de los mismos.

La depuración del concepto de oposición ha sido un proceso lento y accidentado que se inició en Inglaterra en el siglo XVII con la Gloriosa Revolución que atribuyó al Parlamento poder para limitar a la Corona.

Su historia se aceleró y se enriqueció en Europa en el siglo XIX por efecto del apogeo del liberalismo. No es una coincidencia que la oposición como concepto y como institución se haya debilitado en la primera mitad del presente siglo, cuando se crearon condiciones adversas al sostenimiento de los principios liberales por la fuerza de las doctrinas nacionalistas y del pensamiento revolucionario que perseguían la homogeneidad política; de la misma manera que tampoco es una coincidencia que la razón de ser y las funciones de la oposición se hayan renovado con la restauración del liberalismo con la que pareció sellarse el siglo XX.

Ello no ocurrió en el país; en este aspecto –como en tantos otros- nuestro pretendido ingreso en la modernidad no fue otra cosa que una mala caricatura de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Y esa caricatura –convertida en el rostro visible de la Argentina- no depositó en el unicato como forma de gobierno y en la desaparición de todo control republicano de los actos del poder.
Esa situación –que arrastra el desprestigio de toda la clase política y sus instituciones- se mantiene inalterable hasta la actualidad y plantea serias dudas acerca del futuro institucional de la nación.

Porque convengamos por fin que aquellas actitudes antidemocráticas que tanto se criticaron en Carlos Menem y su época no sólo no fueron corregidas por quienes le continuaron en el uso del poder sino más bien se han ido consolidando en el tiempo hasta convencernos que esta democracia vacía y raquítica es la única a la que podemos aspirar los ciudadanos.

-conclusiones hacia el futuro-

La etapa democrática que comenzara en 1983 cierra en la actualidad con un balance peligrosamente negativo.

Si bien es cierto que el país parece haber dejado atrás la inestabilidad institucional en cuanto a la vieja alternancia civiles-militares, no es menos cierto que el sistema de representación no ha podido dar a la sociedad las respuestas necesarias para dejar atrás una larga decadencia social, económica y ahora moral.

Tras dos décadas de vigencia del orden constitucional los resultados reales no pueden ser más preocupantes; y ello no es producto de la casualidad.

Hemos dejado voluntariamente fuera del análisis al período que se inicia tras el abandono del poder por parte de Carlos Menem.

Aún aceptando la gravedad de los acontecimientos que culminaron con el derrumbe de la administración De la Rúa y con el ingreso de la Argentina en una etapa de dudosa legalidad institucional que nos llevó inclusive al incumplimiento de nuestros compromisos financieros internacionales y a una nueva exacción del dinero de nuestros ciudadanos -para lo que fue necesaria la complicidad de todos los poderes del estado- estamos convencidos que todas estas circunstancias fueron, pese a su extrema gravedad, la consecuencia final de los errores y tropelías cometidas por representantes y representados a lo largo de un tiempo que debió necesariamente ser de austero sacrificio y sin embargo se caracterizó por la frivolidad, la displicencia y el habitual abandono que nuestra sociedad ha hecho de sus obligaciones a lo largo de la historia, para detenerse tan sólo en el reclamo de lo que cree son sus derechos.
Porque coincidiremos con el lector en un punto que parece estar fuera de discusión: quienes nos han gobernado durante el período han sido –en todos los casos- plebiscitados por el voto de los argentinos, lo que de por sí los convierte en nuestros representantes legítimos y por tanto en expresión de nuestra propia voluntad.

Así –entre entusiasmos desmedidos y desilusiones propias de una tragedia griega- hemos ido entronizando dioses y demonios, en nuestra eterna búsqueda de deslindar responsabilidades y creer que siempre es un tercero el culpable de todos nuestros males.

Pero si vamos a intentar construir un verdadero contrato social que nos permita comenzar a caminar una Argentina común a todos nosotros, deberemos aceptar que esta es la realidad y que sobre ella –y no sobre la que nuestro voluntarismo nos indique- deberá cimentarse la arquitectura de un país posible, serio y previsible.

Veamos cual es entonces el capital inicial con el que contamos para ello:

a) la realidad social:

En Argentina en 51,4 % de la gente vive en pobreza.
Son 18,2 millones de personas y de ellos 8,3 millones son chicos menores de 18 años. Hay 7,8 millones de indigentes que no alcanzan a cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

La pobreza es un fenómeno en ascenso desde 1994 con un impactante salto desde 1998 para trepar con aún mayor fuerza en los últimos cinco años.

Así desde enero de 2002 -y en apenas 5 meses- la pobreza aumentó en 3.813.000 personas, a razón de 762.000 nuevos pobres por mes o 25.000 nuevos pobres por día.

En relación a 1998, cuando comenzó la recesión, hay 7 millones de nuevos pobres, de los cuales poco más de la mitad se generaron durante la crisis disparada en diciembre de 2001.
Según el INDEC el costo de la canasta básica -que determina quien vive por debajo de la línea de pobreza- incluye un grupo de alimentos y de servicios elementales y se considera pobre a las familia –matrimonio y dos hijos- que gana menos de 724 pesos por mes, que es lo necesario para cubrir el gasto de esa canasta.

A su vez es indigente quien ni siquiera tiene ingresos para comprar los alimentos básicos. Así, una familia de 4 integrantes que gana menos de 266 pesos mensuales, para el INDEC es indigente.

El jefe de hogar desocupado que cobra el subsidio de 150 pesos por mes no logra salir de su situación de indigencia, situación que involucra en la actualidad a más de tres millones de argentinos.

La indigencia está creciendo a un ritmo más intenso que el de la propia pobreza. Por ejemplo, en 1998 el 28,9% de los pobres era indigente y ahora alcanza el 42,6%. Esto indica que la extrema pobreza ha pasado a ser un fenómeno masivo, con su secuela de desnutrición y riesgo de vida ya que esas personas no ingieren los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles del ser humano, de acuerdo al INDEC.

En 1998 ya 1 de cada 4 hogares era pobre; a fin del 2001 alcanzó al 30% y ahora 4 de cada 10 hogares es pobre.

Y si bien este es el verdadero drama de la Argentina actual, no es menos cierto que en los estratos superiores de la sociedad la situación no parece mucho más desahogada.

Un porcentaje importante de quienes hoy se encuentran por debajo de la línea de pobreza proviene de una clase media que ha sido sin duda la más golpeada por la crisis.

Quienes sin embargo han logrado mantenerse en ese nivel hoy padecen una fragilidad tal que los convierte en una masa histérica, conservadora y timorata que no logra retomar el protagonismo político que por derecho propio le corresponde en la estructura social argentina, y se abroquela en la defensa de pequeños intereses personales o sectoriales que tan sólo sirven para alimentar el fuego de su propia decadencia.

Además, el fantasma de la pobreza posible ha potenciado la dispersión de sus integrantes, hasta el punto en que la mayoría de los argentinos que abandonan en país en busca de mejores horizontes son jóvenes y pertenecientes a esta clase media.

Perdida la movilidad social ascendente que le dio origen y partida al medio por el drama de la inestabilidad hacia el futuro, la sociedad argentina es hoy una masa en retirada que busca caso con desesperación la salida mágica que le permita dejar atrás este tiempo de pesadilla.
Tal vez su propia organización –desde el acuerdo y la legalidad y no desde un liderazgo más o menos carismático- sea en definitiva el camino apropiado.

b) la realidad política:

Las dos décadas de ejercicio democrático han dejado al país instituciones desprestigiadas, inútiles en el servicio de las necesidades de la sociedad y vacías de contenido normativo, si por ello entendemos el conjunto de leyes y disposiciones que sirvan como vehículo de la promoción individual y colectiva de los argentinos.

Ello no debe sorprendernos si aceptamos que el ordenamiento legal ha sido motivo de usos y abusos desde el instante mismo de la organización nacional.

Sin embargo la situación crítica del sistema democrático, observable a partir de la desaparición de la necesaria influencia de los partidos y la mimetización de estos con el aparato estatal –los funcionarios de gobierno son los mismos dirigentes que integran las cúpulas o sectores de las agrupaciones política y los parlamentarios responden verticalmente a estos mandatos- pone al país al borde de la ilegitimidad de representación.

La sociedad percibe que la política no le pertenece y que, en todo caso, es un negocio de “ellos” (los políticos), al que por lo tanto le da la espalda sin esperar ser escuchada e interpretada. De alguna manera –aún no demasiado nítida, aunque previsible en el corto plazo- esto supone un estado de anarquía conceptual que va a tornarse necesariamente peligroso en la medida en que la situación no regrese a sus cauces normales.

La multiplicación de las representaciones del tercer sector y la aparición periódica de liderazgos alternativos (Artaza, Blumberg) o de formas no convencionales de oposición -encarnadas por ejemplo en las agrupaciones “piqueteras”- demuestran que los canales de participación y la presión propia de un sistema pluralista han ido variando hacia nuevas modalidades y nuevas formas en la misma medida en que se ha vaciado de contenido la vida de los partidos políticos.
Al mismo tiempo es ciertamente preocupante que, a pesar de las experiencias vividas, la sociedad parece insistir en la búsqueda de un caudillo salvador que, desde la acción individual, resuelva la totalidad de los problemas que la aquejan, olvidando que la insistencia en esa actitud de organización vertical ha llevado a la Argentina al fracaso reiterado y permanente y ha sido la causa principal del péndulo amor-odio que invariablemente a relacionado a la gente con sus lideres.

Y la ruptura del romance ha producido –cuando no empujado- los más graves momentos de la historia contemporánea.

c) la realidad económica

Es seguramente uno de los aspectos que presenta indicadores más negativos en el balance de las dos décadas.

A pesar de la relativa estabilidad y la sensación de bienestar del tiempo de la convertibilidad, la economía argentina ha vivido una pendiente de retroceso casi permanente y los índices de crecimiento del sector –sumados a los resultados sociales ya vistos-indican a las claras que nuestro país no ha logrado engancharse en ninguno de los ciclos positivos de la economía mundial o, al menos, no ha utilizado los mismos para generar una base sólida de despegue.

Por el contrario ha mantenido en el tiempo los males endémicos de su vida económica que han sido básicamente:

1- Un gasto público desbocado;

2- la carencia de una política fiscal sustentable;

3- un ordenamiento impositivo de claro corte regresivo;

4- uso indiscriminado del crédito internacional, sin que ello signifique políticas de

modernización o inversión en equipamiento y tecnología;

5- un insostenible grado de corrupción estructural.

6- Los problemas empezaron con la hiperinflación de la década de 1980. Para reducir la inflación hacía falta anclar la moneda al dólar lo que de alguna manera fue un retorno a una variante del viejo patrón oro.

Si la inflación continuaba la tasa de cambio real del país se apreciaría, la demanda de sus exportaciones caería, el desempleo se incrementaría y eso dispararía presiones salariales y de precios. Los participantes del mercado se darían cuenta de que la inflación no sería admitida y si –en el caso de un acuerdo general- el compromiso con el sistema cambiario permaneciera creíble, lo sería también el compromiso por detener la inflación.

Si las expectativas inflacionarias eran cambiadas, podría lograrse reducir la inflación sin el costoso desempleo. Esta prescripción funcionó durante un tiempo en algunos países, pero era riesgosa, como lo mostraría Argentina.

El FMI fomentó entonces el uso de este sistema cambiario y a pesar de que ahora son menos entusiastas no parece muy dispuesto a reconocer aquél error mientras que es la Argentina quien está pagando el precio. La indexación redujo la inflación; no promovió un crecimiento sostenido.

También hubo otros errores en el programa de reforma elegido párale país. Desde los centros de poder financiero se nos felicitó por permitir que los bancos fueran en gran parte propiedad de extranjeros –lo que creó más estable sistema bancario- pero este sistema no le prestó dinero a las compañías de pequeño y mediano tamaño que eran , en definitiva, las movilizadoras naturales de la actividad económica y la generación de empleo.Después del ímpetu que llegó con el fin de la hiperinflación, el crecimiento se redujo, en parte porque las empresas en el país no pudieron obtener un financiamiento adecuado.

Enamorado de las alabanzas que el supuesto “milagro” argentino representaba para el mundo, el gobierno de Menem no supo ver con claridad el freno abrupto del crecimiento y la inversión nacional genuina y quedó a expensas del sostén externo que –en poco tiempo se vería- no iba a mantenerse en forma indefinida.

La crisis de Asia del Este en 1997 le suministró el primer golpe, en parte debido al mal manejo del FMI que logró convertirla en una crisis financiera global, incrementando las tasas de interés para todos los mercados emergentes incluyendo Argentina.

El sistema cambiario de Argentina sobrevivió, pero a un precio muy alto: la aparición de un desempleo de dos dígitos.

Sugestivamente no ocurrió lo mismo con las reservas del BCRA que, de la mano de la defensa casi cerril del tipo de cambio, no solamente no decrecieron sino que hasta tuvieron la posibilidad de aumentar levemente.Pronto las altas tasas de interés tensaron el presupuesto del país, pero aún así, la relación deuda-PIB de Argentina -incluso conforme empezó a colapsarse- permaneció en un nivel moderado -cerca de 45%- más baja que la de Japón; pero con tasas de interés de 20% más del 9% del PIB del país sería gastado anualmente para financiar la deuda.

La crisis posterior –que amenazó con barrer a la Argentina del mapa mundial- pudo evitarse si las administraciones anteriores –también le cabe, y mucho al gobierno de Alfonsín el sayo del irrealismo conceptual- hubiesen tomado nota de estas cinco normas elementales de la economía actual:

1. En un mundo de tasas cambiarias volátiles, fijar una moneda a otra como el dólar es muy riesgoso.

2. La globalización expone a un país a enormes sacudidas y por lo tanto los ajustes de las tasas de cambio son parte del mecanismo de asimilación.

3. Ignorar los contextos social y político es al menos irresponsable, ya que cualquier gobierno que aplica políticas que dejan a grandes facciones de la población desempleada o subempleada, no está cumpliendo su misión primaria.

4. Enfocarse exclusivamente en la inflación -sin prestar atención al desempleo o al crecimiento- es riesgoso.

5. Para tener crecimiento se requiere de instituciones financieras que brinden créditos a las firmas domésticas. Vender los bancos a extranjeros, sin crear las salvaguardas apropiadas, puede significar hipotecar el crecimiento y la estabilidad.

Lo cierto es que el país –si por ello entendemos fundamentalmente a la gente que en él vive- cierra esta primera etapa con una inmensa deuda social que se suma a la otra –la deuda real- que de alguna forma está hipotecando su futuro inmediato.

Duele decirlo –y seguramente a muchos enojará- pero el tiempo democrático no ha sabido mejorar la calidad de vida de los argentinos con respecto a los tiempos de ruptura institucional. Si bien en el campo de las libertades públicas se ha avanzado sensiblemente –aunque todavía lejos de una situación ideal, para lo cual deberían desaparecer vicios como el clientelismo político, la demagogia y la corrupción y lograrse un sistema electoral que garantizase el derecho a elegir y no tan sólo a optar – la nación como unidad no encuentra el camino hacia su consolidación y esto representa la continuidad de la ruptura del contrato social que debe caracterizar a toda sociedad moderna y organizada.

Pero si algún daño social debemos señalar de este tiempo las palmas se la llevará seguramente la extinción del sentido comunitario imprescindible para cualquier intento común.

El individualismo creciente, originado en el temor a la pérdida de lo propio y a la generalizada convicción acerca de la incapacidad de la dirigencia para superar el momento crítico del país, han puesto a la Argentina en un estado de dispersión altamente riesgosa en el que la desaparición de valores comunes se convierte en una constante que afecta en forma recurrente cada situación que aparece en su horizonte.

Superarlo –y volver al espíritu gregario que nos convierta en nación- es tan necesario como imperativo si pretendemos no tan sólo la continuidad histórica sino, y sobre todo, la conformación de una sociedad exitosa.