LA OTRA REPUBLICA-PARTE 21

(CONTINÚA)

Aparecieron inauguradas como tendencia por la primer ministro inglés Margaret Thatcher (1979-1990), vendiendo activos por valor de 29.000 millones de libras esterlinas y reduciendo a la mitad el tamaño del sector público.

Aquella experiencia -junto con la de Ronald Reagan (presidente 1981–1982) en EEUU- se extendió también a un grupo de países como España, Italia, Francia, Canadá y Alemania.

Tanto peso llegó a tener el criterio privatizador en la sociedad británica que Tony Blair, el actual primer ministro laborista, sólo alcanza el triunfo una vez que abraza al thatcherismo a través de una reformulación del pensamiento político de su partido. Cuando se le preguntó sobre esos cambios y la generación de nuevas ideas respondió: "es simple, el mundo ha cambiado y el Partido Laborista no lo ha hecho".

El nuevo sistema se extiende como reguero de pólvora: la política de privatizaciones toma nuevo auge con la decisión del gobierno francés de vender total o parcialmente unas 21 empresas, incluyendo Elf Aquitaine, la empresa petrolera, y la famosa compañía de autos Renault; en Alemania se prepara la venta de Deutsche Telekom, -la gigantesca empresa estatal de teléfonos- tras la reducción de la participación estatal en Lufthansa del 52% al 35%.; en España el estado continúa reduciendo su participación en las empresas públicas. habiendo exitosamente hecho la segunda colocación de acciones de Endesa, la empresa eléctrica, por 100 millones de dólares y concretando la privatización de otras como Repsol o Telefónica; Portugal y Grecia: también privatizaron sus compañías de teléfonos en los años 1995 y 1996; en EEUU la tendencia cobra la forma de contratación de empresas privadas para distintos servicios que hasta ese momento venían prestando los gobiernos locales; en la mismísima Europa Oriental la llamada privatización masiva pos comunismo sigue su curso, convirtiéndose en razón de estado en países como Polonia, Rumania, Hungría, lo que rápidamente es imitado en Africa, -Marruecos, Camerún, Egipto, Túnez y Ghana, Sud Africa- y en Asia -Pakistán, India, )en Japón todas las empresas eran ya privadas pero con un fuerte control estatal), Sri Lanka, Corea del sur, Bangla Desh- apareciendo arrolladoramente como una filosofía única y excluyente en todo el mundo a un punto tal que quien no la abrazaba como propia es catalogado en forma inmediata de involutivo, quedantista y pasado de moda.

Nuestro sub continente no podía quedar al margen y así se llevaron a cabo numerosas privatizaciones en México -luego de la crisis del 94- Chile, Brasil, Argentina, etc., claro que en todos los casos con la fuerte presencia del distintivo síndrome latinoamericano de la corrupción más escandalosa.

Aquella tercera ola –como fue bautizada universalmente- tuvo en los filósofos del post-modernismo a sus más vehementes defensores y fue así que pensadores como Galbraith, Turrhow o Fukuyama abrazaron con entusiasmo infantil sus postulados y se convirtieron en verdaderos gurues del nuevo mundo, aunque muchos de ellos debieran concluir tardía y amargamente que en el camino de ese espejismo lineal olvidaron analizar el factor humano y el precio que las nuevas tendencias iban a cobrarse en los sectores sociales más débiles de la economía del mundo.

No se tuvo en cuenta la creación de una red de contención social –que debió ser sostenida en el tiempo tanto como fuese necesaria- para evitar la destrucción traumática del medio de vida de millones de personas en el mundo entero que se convertían día a día en los excluidos del nuevo sistema.

Como ocurriese oportunamente con la revolución industrial de fines del S XIX, la pobreza se extendía por todo el planeta como respuesta al drástico cambio de modalidades en la producción y el consiguiente en los términos de distribución de la renta.

Creció el desempleo, explotó la marginalidad y se potenció la lucha social, al mismo tiempo en que terrorismo y narcocriminalidad aparecían en el escenario de la nueva realidad como inocultables emergentes de la falta de visión del nuevo capitalismo.


Y si bien en la Argentina –como en toda América Latina- las consecuencias sociales del cambio propuesto no tardaron en llegar -e instalarse en una sociedad partida que además estaba demasiado acostumbrada al paternalismo estatal- aquella etapa permitió al menos la acumulación de fondos financieros en el Banco Central -el cual fue independizado del Estado para desterrar la emisión desmedida de moneda circulante y evitar que se tocasen las reservas en un eventual cambio de gobierno- dando seguridad a los inversores y ahorristas nacionales e internacionales logrando de esa manera –aunque por corto tiempo- la financiación del plan de convertivilidad, que “acabaría con la hiperinflación y estabilizaría al país, permitiendo que se triplicaran las exportaciones”, lo que sólo se consiguió parcialmente.

Para ello el proyecto de autonomía del BCRA, confeccionado por el Poder Ejecutivo, proveyó a este de una total independencia de todos los poderes de la república.

Y aquella sensación de bienestar y modernidad terminó sirviendo para movilizar lo que sería el peor de los males de la era Menem para el país y para él mismo: la locura de la reelección indefinida y la perpetuación en el poder.

La reforma de la Constitución Nacional en 1994 –que lo habilitara para un nuevo período de gobierno- no fue entonces suficiente y las maniobras para forzar una nueva instancia sumieron a la gestión en el desprestigio, la pusieron de espaldas a la sociedad y a su propio partido lo que terminó generando tensiones sobre la economía nacional que hicieron explotar la realidad aún antes de lo que hubiese ocurrido de la mano de los propios errores de implementación.
Aunque sobre estos temas volveremos al momento de analizar la crisis institucional generada durante las dos décadas de vida democrática iniciadas en 1983.

El creciente desprestigio del menemismo en el poder privó al país de la posibilidad de sumergirse en el debate profundo y generalizado de dos propuestas que, aún discutibles, pudieron en un caso cambiar para siempre el perfil de la decadencia nacional y en el otro resolver aunque más no fuese coyunturalmente la crisis financiera que se avecinaba y la cuestión de la asimetría de nuestros precios internos con los vigentes en el mercado internacional.

El primero de ellos fue la propuesta de regionalización del país, es decir la reducción de la cantidad de provincias -de las 23 actuales más la autonomía de la capital federal a 6 o 7 regiones administrativas (no se hablaba de la desaparición lisa y llana de los estados federales tal cual están reconocidos en la Carta Magna)- lo que permitiría reducir la burocracia y el gasto fiscal , medidas ambas necesarias para dejar atrás los años de un déficit permanente como resultado de un estado demasiado grande e ineficiente para evolucionar, como sucede en los países más desarrollados, hacia uno más pequeño pero con más poder y capacidad de gestión.

La idea no contó –como era de esperarse- con el apoyo de los beneficiarios de la política prebendaria tan extendida en las provincias argentinas, lo que por sí sólo estaría demostrando que el proyecto merecía al menos ser analizado...

Y aunque las políticas implementadas después de la explosión de diciembre del 2001 han logrado convertir aquél déficit en este superávit actual, creemos que un retorno sobre el tema –sin tener tomada sobre el mismo una actitud definitiva de aceptación- sería muy importante en una sociedad que rescata de su propia historia dos lecciones indiscutibles: la necesidad de buscar un estado permanentemente más chico y el riesgo de que las políticas de saneamiento fiscal queden sujetas a la buena estrella de la administración de turno o a las circunstancias coyunturales de los mercados internacionales.

La otra cuestión -sobre la que existen más dudas debido a la sucesión de fracasos en los casos en que ha sido implementada en economías y sociedades de similar conformación que la argentina- fue la ahora abandonada propuesta de dolarización de la economía.

Se la sostenía como una medida que permitiría sortear todo tipo de especulaciones del sector financiero, generaría una moneda segura y confiable y agilizaría mucho las transacciones comerciales con los demás países.

Paralelamente -y al ser la cantidad de moneda circulante limitada- ya no se emitiría, razón por la cual el Estado estaría obligado a bajar sus gastos ,achicar la cantidad de funcionarios públicos, sus sueldos y sus privilegios.

Más allá de los cuestionamientos de índole nacionalista que despertó la sola mención del proyecto, y que por cierto no merecen ser descalificados como tales, fue evidente que ni siquiera en los países centrales se generó demasiado entusiasmo ante tal posibilidad. Pensamos sin embargo que la cuestión encierra en sí misma una riqueza tal que bien merece ser objeto del debate social, máxime si se la toma como complemento de la idea regionalizadora.

Por último, otra de las cuestionadas decisiones del gobierno Menem fue –como ya lo adelantamos- la alianza estratégica con los EEUU ostensiblemente buscada para tener presencia internacional y apoyo de la mayor potencia del mundo tal como lo hizo Australia a mediados del siglo XIX y tras ella muchos de los países que hoy son desarrollados.

Esto era planteado además como paso previo a la adhesión de la Argentina al ALCA lo que permitiría aumentar notablemente las exportaciones considerando que es un mercado mucho más grande que el MERCOSUR.

La primera reacción de rechazo dio paso con el tiempo a posturas más racionalmente maduradas y en la actualidad se encuentra incluida en la agenda permanente de la asociación regional de Sudamérica como una cuestión que en su momento deberá ser resuelta positivamente por el conjunto de los países que la integran.

No puede dejar de rescatarse como un aspecto muy positivo de la gestón económica de la década la fortaleza demostrada por la Argentina ante las situaciones de crisis de origen externo, como la crisis cambiaria y financiera internacional iniciada en México en diciembre de 1994, y la asiática de 1997.

Crisis que se extendieron a varios de los más importantes agentes de la economía mundial, muchos de ellos señalados como ejemplo a partir del crecimiento de su PBI: primeramente los cuatro tigres asiáticos: Tailandia, Malasia, e Indonesia que abandonaron sus cambios de tipo fijo en 1997 y luego las fuertes devaluaciones en Filipinas y Singapur.

Rusia anunciaba una cesación de pago parcial de su deuda externa y ese mismo año, la bolsa de Hong Kong, registró su mayor baja en 10 años.

Al poco tiempo, las acciones estadounidenses sufrieron su peor caída y cayeron en Japón dos importantes entidades bancarias.

Finalmente, tiempo después, devaluaron Brasil y Corea.

En medio de semejantes convulsiones –que por otra parte ponían en evidencia las limitaciones de la maravillosa tercera ola post moderna- el sistema financiero argentino emergió intacto –insólitamente y contra lo afirmado en todos los libros de economía las reservas líquidas se mantuvieron e inclusive siguieron tenuemente su tendencia ascendente- y el país creció a un promedio del 6% anual (un 60% en la década) uno de los índices más elevados del mundo y sin duda el mejor de latinoamérica.

Estos y otros datos positivos de la década –entre los que no pueden dejar de anotarse la modernización de las telecomunicaciones y el desarrollo de la industria automotriz de la mano del incesante crecimiento del mercado interno- debieron ser suficientes para que en el balance final la ciudadanía y los gobiernos que le sucedieron mantuviesen algunas de las políticas implementadas por Menem y su gestión.

Sin embargo la gigantesca corrupción, la ostentación impúdica de enriquecimiento del Presidente y sus más cercanos colaboradores, el manejo desenfadado de la justicia con la consiguiente impunidad para quienes cometían delitos contra el estado y el contraste que todas estas cuestiones mostraban con respecto a la creciente exclusión social, terminaron por descalificar a toda la época a punto tal que casi la totalidad de los argentinos –como ocurriese en ocasiones anteriores- optaron por demonizarla, sin tomarse el elemental trabajo de separar la paja del trigo.

Ya lo había hecho la generación fundadora con todo aquello que tuviese siquiera reminiscencias del régimen rosista , lo reiteraron los radicales apenas accedieron al poder y pretendieron borrar de la realidad nacional a quienes le habían dado al país nada menos que su propia organización jurídica, insistieron en esa política de no dejar ni el recuerdo los hombres del 30 tras apropiarse ilegalmente del manejo de la república, lo intentó Perón denostando a los oligarcas en vez de captarlos para la nueva etapa que se abría y lo sufrió en carne propia tras su caída y exilio al observar como se dinamitaban uno a uno los derechos a los que habían accedido todos los argentinos.

Siempre igual...y siempre con el acompañamiento de la opinión pública.

¿Porqué iba a ser ahora diferente?, ¿qué había cambiado en un pueblo que no dudó en avergonzarse de su propio orgullo del 2 de abril de 1982 cuando –aunque fuese por poco tiempo- la Argentina recuperó la soberanía efectiva sobre sus islas del Atlántico Sur?, ¿o algo se había modificado en la actitud culposa de una nación que ni siquiera se animaba a reconocer su participación en los inolvidables festejos de 1978 –en ocasión de lograrse el campeonato mundial de fútbol- por temor a ser por ello tildada de colaboracionista con la dictadura de Videla?
La historia se repetía y en menos de cuatro años aquélla mitad de argentinos que habían dicho en las urnas “métale para adelante”, “roba pero hace” y “que me importa si yo estoy bien” se habían convertido en una raza inexistente que daba paso a la totalidad de un pueblo enfurecido por la corrupción y que al grito de transparencia se disponía a votar algo que desconocía, que no venía acompañado de proyecto alguno pero que aparecía en el horizonte levantando la bandera de la proclamada honestidad..

Uno de los efectos más nefastos de la corrupción ha sido el de desnaturalizar medidas -como la privatización del sector público- indispensables para el despegue de un país y que ahora encontraban por doquier una resistencia popular creciente.

No es de extrañar: en países como en la Argentina, bajo el gobierno de Carlos Menem, y en el Perú, bajo la dictadura de Fujimori, las privatizaciones, en vez de servir para abrir mercados, estimular la competencia, bajar los precios y mejorar los servicios, fueron operaciones concebidas para privilegiar a determinados grupos particulares y para encubrir cuantiosos latrocinios que desviaron cientos de millones de dólares hacia los paraísos fiscales.

El desprestigio que estos saqueos de los recursos públicos ha impuesto a la idea de la privatización se extiende por todo el continente y sirve de combustible al hoy renaciente populismo que lleva a muchos gobiernos latinoamericanos a descartar de plano la sola idea de transferir al sector privado empresas públicas que son casi siempre gigantescas, ineficientes y por lo mismo un pesado lastre para el crecimiento de un país.

Las industrias ilegales como el narcotráfico, han aprovechado en algunos casos mucho mejor que los gobiernos la globalización y las nuevas tecnologías para descentralizar sus operaciones de tal manera que en la mayor parte de los países de América latina operan con una movilidad y eficacia que les garantizan total impunidad.

En países como Colombia y México la producción y comercialización de la droga da de comer a tanta gente, asegura la existencia de tantos negocios y empleos honorables y es el sustento de tantos profesionales, funcionarios y políticos que no es exagerado decir que el narcotráfico se halla poco menos que consustanciado con la sociedad y que la idea de acabar con él ha pasado a ser una quimera.

El análisis tradicional de la política económica latinoamericana nos ha acostumbrado a poner en el centro de nuestras preocupaciones los temas vinculados con la inestabilidad macroeconómica.
En la actualidad, después de que muchos países de la región pusieran en marcha importantes programas de ajuste estructural, parecen ser obstáculos de orden institucional los que ensombrecen las perspectivas de crecimiento económico. Todos estos obstáculos convergen en lo que se suele llamar déficit del estado de derecho. Es decir que los programas de reforma económica que arribaron a la etapa de estabilización nos vuelven a colocar frente a un viejo dilema: ¿cuáles son las posibilidades de sostener procesos de crecimiento económico en el marco de democracias representativas caracterizadas por su escasa institucionalización y fundamentalmente por la excesiva presencia de una corrupción estructural?.

La incertidumbre sobre la naturaleza y cumplimiento de las reglas de juego tiene efectos devastadores sobre las chances de sostener en el tiempo un proceso de crecimiento económico, haciendo a la vez más vulnerables los regímenes democráticos recientemente constituidos.
En este entendimiento la década menemista remite a la manipulación del tipo de cambio y de las tasas de interés, la inconsistencia en el cumplimiento de los contratos, la manipulación del poder judicial y la corrupción

Vaya este párrafo para entender a partir de la dureza del ejemplo cual ha sido el precio que la sociedad ha pagado por la corrupción que se extendió a todos sus ámbitos. No olvidemos sin embargo el rol que a ella misma le tocó jugar en el camino.


- la república vacía-

Nadie estuvo tan cerca de la historia y tan lejos del poder como Carlos Menem en 1995. Acababa de ser reelegido -con más de la mitad de los votos válidos emitidos- y el país vivía un estado de bonanza económica que -aunque luego se vería como una simple apariencia- producía en la sociedad un estado de ánimo tal que no cuesta mucho concluir la hubiese hecho responder positiva y fuertemente a una convocatoria del gobierno para encarar todas aquellas reformas que hacían falta para consolidar un rumbo estable para el desarrollo.

Si bien ya aparecían en el horizonte nacional los nubarrones del costo social –propio del fenomenal cambio de dirección asumido desde 1991- no es menos cierto que los mismos pudieron entonces corregirse con la construcción de una red de contención suficientemente extendida y profesional que imitara lo realizado en otras sociedades con igual problemática que la que comenzaba a tener el país y que en la mayoría de los casos representó un lento pero sostenido paso adelante.

Era tal vez ese el momento en plantear aquella regionalización de la que antes hablábamos y asumir a la vez un vasto plan de obra pública –que pudo ser el desechado Plan Laura, que preveía la construcción de 10.000 km. de redes viales y la reforestación del país- para lo que aún se contaba con el crédito externo y con una ya por entonces interesante situación en lo que a reservas líquidas se refiere.

No se trataba de volver a las épocas en las que las reservas se utilizaban como moneda corriente –duplicando la base monetaria , envileciendo la moneda y disparando la inflación- sino más bien utilizar la posición sólida de la Argentina de aquellos años para plantear en los organismos internacionales de crédito la necesidad de un sostén financiero para la nueva etapa que podía ser sólidamente avalado por la misma.

Máxime cuando en el mundo ya comenzaba a sonar fuertemente la autocrítica de los padres filosóficos del postmodernismo que prevenían sobre la necesidad de no descartar la cuestión social como parte del armónico camino que debía seguir el nuevo capitalismo hacia su consolidación.

Voces a las que se sumaba fuertemente el planteo de la Iglesia Católica que –desde la tribuna magistral de Juan Pablo II- descalificaba a este capitalismo por la deshumanización de sus propuestas y el abandono de la lucha contra la pobreza.

Ya estaba claro que aquel efecto derrame, tantas veces anunciado como la solución de la exclusión ,no iba a producirse. La copa del crecimiento económico se llenaba sin solución de continuidad pero su contenido -lejos volcar sus efectos sobre la sociedad- era absorbido por unos pocos de manera tal que el borde superior parecía cada vez más lejano.

Si observamos el mapa político mundial de mediados de la década anterior podremos concluir que esa sensación de injusticia por desigualdad ya comenzaba a volverse en contra de quienes pocos años antes aparecían como los iconos del nuevo mundo.

El republicano George Bush –hijo privilegiado de las reaganomics de la revolución conservadora y ganador además de la Guerra del Golfo- cedía su poder a un William Clinton que hablaba de los problemas sociales, del desempleo y de la cobertura de salud, a la vez que instalaba en la sociedad americana una nueva agenda –drogas, aborto y homosexualidad incluida- que tenía mucho más que ver con los efectos de la exclusión que con los beneficios de la tercera ola.
La señora Tatcher –hasta entonces todopoderosa impulsora del nuevo orden- veía derrumbarse su poder y se convertía para los británicos en la responsable de todos los males sociales que afrontaba un imperio empobrecido y convulsionado por la caída constante del empleo y la producción y comenzaba a pagar en la pérdida de eficiencia de sus servicios públicos –parte integrante del orgullo inglés- la consecuencia de una economía declinante.

Este fenómeno no sólo alcanzaba a los mentores de la nueva derecha; sus socios progresistas –aquellos líderes que proviniendo de propuestas socialistas habían adherido con la fe del converso a las nuevas ideas y que por ello habían sido presentados ante el mundo como los estadistas del pragmatismo mágico- veían licuarse su poder y su prestigio, arrastrando a sus propios partidos a una crisis de representatividad que ya no podía disimularse detrás del conveniente cliche de la muerte de las ideologías.

Felipe González se acercaba en España al fin de su reinado; Francoise Mitterand debía compartir en silencio un poder dividido y caía en el desprestigio personal en una Francia que no podía definir ni siquiera su rol de liderazgo en Europa.

Y Alemania, consolidada en las dos décadas anteriores como el referente obligado de la unidad europea y con derecho a reclamar para sí la propiedad intelectual de las políticas de mercado, observaba atónita como su canciller Helmut Khol –sin duda el más sólido de los políticos del continente- abandonaba ruidosamente su sitial en medio de acusaciones de corrupción y críticas a una férrea visión monetarista que hacía crecer las dificultades de la clase media en la misma medida que posicionaba el marco como base de partida de la nueva moneda común.
No era entonces una cuestión de pertenencia política; era la respuesta de la sociedad a la falta de respuestas del sistema.

Allí dónde gobernaban las izquierdas comenzaban a registrarse triunfos conservadores, al mismo tiempo que propuestas progresistas arrasaban con los gobiernos promotores de la nueva derecha.

Menem no supo o no quiso ver la realidad. Obnubilado por su triunfo electoral prefirió poner todas sus energías y jugar su capital político a una sinrazón: provocar una forzada interpretación de la Constitución reformada del 94 para acceder cuatro años después a un nuevo período de gobierno.

Poco tardó la sociedad en tomar nota del peligro que suponía este intento de perpetuación y la poca o nula importancia que el poder le daba a los problemas reales.

De la mano de tan disparatada aventura se multiplicó la corrupción, aparecieron los primeros síntomas de aislamiento en los gobernantes, reinó la obsecuencia y se explicitó ante el pueblo el desprecio por las normas legales que siempre había caracterizado al jefe de estado y a sus principales colaboradores.

Apenas transcurrido un año de aquél plebiscito el romance se rompió y la gente se hartó de Menem y sus sueños de grandeza.

A partir de entonces todo fue confusión; el gobierno continuaba en el autismo y la oposición comenzaba a instalar un modelo de crítica sin propuesta que abría peligrosamente las compuertas del salto al vacío.

Situación agravada por el hecho de que esta se limitaba a sus postulados anti-menem desde una situación de desorden y atomización a la que había llegado a partir de la crisis del radicalismo tras la huida de Alfonsín y la incipiente división de un peronismo que no aceptaba que el resultado de una gestión de gobierno que se autodefinía justicialista pudiese mostrar como logros los índices de desocupación, de marginalidad y concentración de capital que enarbolaba la Argentina real.

En su momento de apogeo en el poder –potenciado por la furia que la sociedad volcaba contra el radicalismo- Menem había logrado desarmar todas las patas corporativas del país, cortando en apariencia el círculo vicioso del poder histórico.

Las FFAA quedaron divididas una vez más en legalistas e intervensionistas –aunque los carapintadas sostuviesen hasta la insistencia que su accionar era reivindicativo y nada tenía que ver con aventuras golpistas- y así fueron arrasadas por el poder menemista que terminó alineándolas bajo su mando tras los acontecimientos de diciembre de 1990, situación que se acentuó después de la autocrítica de Balza y a partir del hartazgo de la sociedad ante los reiterados alzamientos.

Las políticas del gobierno hacia adentro de las fuerzas también tuvieron su influencia directa en esta situación: los indultos –que pretendieron ser el verdadero punto final de los enfrentamientos del pasado-, la derogación del servicio militar obligatorio –que de alguna manera retiró los ojos de la sociedad de la vida de los cuarteles-, la profesionalización de las estructuras militares y la participación de tropas en operativos internacionales fueron hitos en el camino de una relación que puede calificarse como sólida durante toda la época.
Lo cierto es que Menem consiguió lo que nunca antes gobernante alguno: el militarismo no fue un problema con el que tuviera que lidiar durante su gestión.

Con la dirigencia sindical el camino fue por cierto más sencillo; su carácter prebendario resultó el principal aliado del gobierno en su estrategias de anulación: las privatizaciones y las obras sociales fueron el campo de acción elegido para serenar a los caudillos gremiales, asociándolos en aquellas y cubriendo con dineros públicos los desmanes que habían llevado adelante en estas últimas.