LA OTRA REPUBLICA-PARTE 20

(CONTINÚA)

Cuando intentaron otro levantamiento, a fines de 1990, fueron severamente reprimidos, en un operativo que incluyó un bombardeo por parte de varios tanques al Cuartel de Palermo.

La popularidad así adquirida por el presidente fue la que justamente le permitió, con motivo de las festividades de fin de año, incluir en el indulto a los miembros de las Juntas que aún purgaban sus condenas.

El nuevo gobierno nacional argumentó para ello ”que las secuelas de los enfrentamientos habidos entre los argentinos desde hace dos décadas, obran como constante factor de perturbación en el espíritu social que impide alcanzar los objetivos de concordia y unión a los que el Gobierno Nacional debe atender prioritariamente, y dejar atrás aquellos hechos luctuosos no es un acto de irresponsable condescendencia. Es el requisito que debemos cumplir para unirnos solidariamente, como un solo pueblo, sin la división en dos bandos a que quiere arrastrarnos el pasado. Sólo después de que reconstruyamos esa unión solidaria volverá a nosotros la energía vital que necesitamos para ser, de veras, un país con destino. La idea fuerza de este tiempo es la de reconciliación. Los argentinos tenemos que reconciliarnos y conseguir, así, la paz espiritual que nos devuelva a la hermandad. Jamás la obtendremos si nos aferramos a los hechos trágicos del ayer cuyo sólo recuerdo nos desgasta y nos enfrenta”.

Otra etapa de nuestra historia sin cerrar; otro drama argentino sin una solución definitiva.
Preguntémonos sin embargo si esto se debió exclusivamente a la claudicación de la política –que suele moverse universalmente en zonas grises, máxime cuando responde a una sociedad sin principios firmes- o a la presión de los sectores directamente interesados, que en el mundo entero actúan en el mismo sentido subjetivo y corporativo.

Más bien pareciera que la falta de un parámetro para fijar las pautas de convivencia no negociables de una comunidad, movilizó a esos sectores ciertamente minoritarios –los enfrentados en la década del 70 y asociados ahora a gobiernos que no temen la vindicta pública porque conocen a la perfección la anomia de nuestros ciudadanos- para continuar con una lucha que jamás dejó de ser librada a espaldas de la gente y que ahora llegaba al grotesco de convertirlos alternativamente en dueños de la legalidad.

No quisiéramos sin embargo dejar atrás esta cuestión de los derechos humanos sin realizar algunas reflexiones acerca de lo que creemos debería representar para los argentinos un imperativo de cara a la construcción de ese contrato social que venimos reclamando desde el principio de este trabajo.

Como en tantos ordenes de nuestra vida en común hemos tomado esta cuestión en forma parcial; y al hacerlo hemos olvidado que derechos humanos supone –desde el fondo de la misma historia universal- mucho más que la detestable violación de las libertades públicas y la dignidad humana por cuestiones políticas y en el marco de guerras facciosas o experiencias totalitarias.

Cuando entendamos que el campo abarcativo de tales derechos es inmensamente mayor, hasta llegar a la esencia misma del hombre, su dignidad y su propia naturaleza, seguramente comenzaremos a valorar en toda su magnitud el alcance de la democracia y el compromiso que cada uno de nosotros debe tomar -en forma individual y colectiva- para convertirla en algo más que una formalidad que se parece a la nada.

Los Derechos Humanos se fundamentan en la propia naturaleza del hombre y por lo tanto le son inherentes en cuanto tal .

Los estoicos, percibieron la natural inclinación a hacer el bien, considerándolo como el primer principio innato en la naturaleza del hombre; "haz el bien y evita el mal".

Cicerón encuentra el fundamento de los derechos humanos en la recta razón, que es la encargada de discernir lo bueno como justo y verdadero, y lo malo como injusto.

La naturaleza humana otorga titularidad a estos derechos universales, inviolables e irrenunciables, por lo que en prinicpio deducimos que no pertenecen al hombre por una disposición estatal, sino que le pertenecen por el solo hecho de ser persona.

La expresión de "derechos humanos", es de origen reciente. Su formula de inspiración francesa -derechos del hombre- se remonta a las últimas décadas del siglo XVIII pero la idea de una ley o legislador que define y protege los derechos de los hombres es por cierto más antigua.
Ya el código de Hammurabi los protegía castigando a quienes los violaran con penas desproporcionadamente crueles.

En Roma se los garantizaba solamente al ciudadano ,que además era el único reconocido para formar parte en el gobierno, la administración de la justicia y la elección de funcionarios públicos.

El derecho romano según fue aplicado en el Common Law, como el derecho civil del continente europeo, ofrece un patrón objetivo para juzgar la conducta desde el punto de vista de los derechos y libertades individuales. Ambos admitieron la concepción moderna de un orden público protector de la dignidad humana.

En Inglaterra se libraron largas guerras en defensa de los derechos civiles para limitar el poder del rey; de estas luchas emergen la Petition of Right de 1628, y el Bill of Rights de 1689 que compendian en su sencillez todos los derechos del ciudadano en tanto hombre.

Las ideas de estos documentos se reflejan luego en las revoluciones Norteamericana y Francesa del siglo XVIII con la Declaración de Derechos de Virginia de 1776 y la Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano .

Fue en el año 1789, específicamente al 26 de agosto, cuando la Asamblea Constituyente Francesa votó por unanimidad un conjunto de principios considerados esenciales en las sociedades humanas y en las que habían de basarse la Constitución Francesa (1791) y otras muchas constituciones modernas.

En cuanto a su contenido político y social no representaban una aportación original, pues su espíritu había sido ya aceptado en Inglaterra en 1689 por Guillermo III, y casi en iguales términos los había sancionado con anterioridad en Estados Unidos el Congreso de Philadelfia.
No obstante, la gran repercusión de la Revolución Francesa los universalizó y entraron a formar parte de la conciencia europea como expresión de las aspiraciones democráticas.

Dicha declaración establece: la igualdad política y social de los ciudadanos, el derecho a la libertad, a la propiedad, a la seguridad, a resistir la opresión, el libre ejercicio de los derechos naturales y la libertad de palabra y de imprenta.

En esta etapa- llamada de los "derechos de primera generación" y en la que se observa la decadencia del absolutismo político y monárquico- comienzan a dictarse las constituciones de carácter liberal, que protegían los derechos civiles y políticos y buscaban la protección de las libertades de propiedad, y de vida.

Como respuesta a una etapa de crisis de los derechos humanos originada en distintas situaciones políticas que tuvieron también su influencia en América - entre ellas el surgimiento del comunismo y la revolución industrial - aparecen los llamados "derechos de segunda generación" que son específicamente sociales y económicos ya que atendían a la esperanza del hombre de mejorar sus condiciones de vida dentro de la sociedad –básicamente en lo económico y en lo cultural-por lo que a medida que otras valoraciones penetran a las diferentes comunidades, el repertorio de derechos civiles y políticos recibe un fuerte impulso ampliatorio..

Estas nuevas ideas comienzan a plasmarse en las constituciones de México de 1917 y en la de Alemania de Weimar en 1919.

Es a partir de la Segunda Guerra Mundial que estos comienzan a ser incluidos en forma taxativa en el derecho internacional público, de forma tal que no dudamos en considerarlos antecedentes concretos de las actuales tendencias orientadas a una aplicación supranacional de la administración de justicia.

Valgan acaso apenas algunos ejemplos de lo que aquí sostenemos;

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
La Declaración de Derechos del Niño, de 1959.
La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, de 1959.
La Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, de 1969.
La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas o degradantes, de 1984.
La Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989.

Aparecen por fin los llamados "derechos de tercera generación", que son específicamente los derechos humanos, que agregan aspectos puntuales como la preservación del medio ambiente, el desarrollo económico de todos los pueblos, derecho a la paz, al uso y goce de los recursos naturales, a la protección del patrimonio cultural y artístico, etc.

A ello nos referíamos cuando sosteníamos la parcialidad del alcance que en nuestro país se le diera al concepto que ahora tratamos y la necesidad de asumirlo en su plenitud como condición irrenunciable en la construcción de una nueva sociedad y su contrato.

Nadie puede negar seriamente que –en la búsqueda de una verdad parcial de nuestra historia reciente- dejamos de atender, promover y enseñar cuestiones inherentes a nuestra calidad de vida que suponían derechos individuales que representaban la esencia misma del ciudadano en tanto hombre.

Tan esencial resulta comprender este aspecto cuando de contrato social hablamos que el propio Rousseau basaba en ellos el justificativo para repudiar el absolutismo del estado -salvando la libertad ilimitada de los individuos- pues estos, al obedecer las leyes que prescriben obligaciones y establecen derechos, no están haciendo otra cosa que obedecerse a si mismos.
Desde la otra vereda del pensamiento filosófico Santo Tomas de Aquino dice que la ley natural es común a todos; "en cuanto a los primeros principios comunes, es lo mismo en todos los hombres, tanto por la rectitud de su inteligencia, como por el conocimiento que de ellos se tiene”.

“Principios comunes”, “derechos inherentes a la persona humana”, “libertades públicas”,”derechos naturales” , “derechos humanos” o como prefiera designárselos, lo cierto es que estamos hablando del individuo en su estado más puro y sólo si llegamos a interpretarlo en su dignidad de tal podremos comenzar a entender al ciudadano en su estado más puro.

A partir de ello comprenderemos el porqué del fracaso de la sociedad argentina: la exclusión , la marginalidad, la pérdida del valor moral del trabajo, la demagogia, la corrupción, la falta de respeto por la ley y por la inviolabilidad de la propiedad privada, el desapego a las normas de convivencia, el asistencialismo como remedio a la pobreza común, el clientelismo político, la miserable decadencia moral del estado, la falta de decencia y de docencia en el manejo de la res-pública, la política como forma excluyente de fabricar poder, la escasa calidad educativa, el sectarismo, la incultura, la inseguridad y el individualismo, así como la huida de nuestros jóvenes en busca de mejores perspectivas lejos de la patria, son tan sólo algunas de las consecuencias acarreadas por aquellas visiones parciales, caprichosas e irresponsables que nos llevaron a construir una historia insuficiente para un país insatisfecho.

El no respetar en los demás y no exigir en nosotros mismos el cumplimiento de nuestros derechos intrínsecos ha sido sin duda el pecado original de la decadencia argentina.
Y ello no ha sido resuelto –por lamentable que sea reconocerlo- en estas dos décadas de democracia en el país.

-20 años de voluntarismo económico-

La economía es uno de los subsistemas del sistema social y como tal influye en los otros s - el político por ejemplo- y a su vez es influido por éstos en una constante y mutua interdependencia; o como sostenía Schumpeter, “los hechos económicos nunca son económicos solamente”.

Es el sistema alimenticio del cuerpo social; nutre a la producción y a la distribución de bienes y a través de ellos crea o destruye valores y modelos de vida en los diferentes grupos de la sociedad.
Tiene que ver con todas las creencias e ideologías -están en boga o sean rechazadas- y por ello condiciona también a los subsistemas religioso, jurídico y militar.

En una palabra, su función se mezcla con toda la red de valores de una cultura y con su manera de ver el mundo.

Sin embargo esta importancia del sistema económico no justifica el error frecuente de asignarle un carácter prioritario ,como hace el marxismo teórico y todos los especialistas a los cuales el árbol no les deja ver el bosque.

Porque retomando la afirmación de Schumpeter, es claro que las respuestas a medidas estrictamente económicas no son solamente económicas.

Por ello, por caso, la burbuja especulativa que hace explotar una economía, tiene explicaciones mucho más profundas que las perceptibles a través de índices y estadísticas. Los vaivenes de la balanza de pagos de un país no se entienden estudiando solamente los indicadores de exportaciones o importaciones, por desagregados que puedan ser.

El mercado de armas o de drogas y su incidencia en la economía mundial, tiene raíces que penetran en lo más profundo de la especie humana y es una simplificación peligrosa pretender aprehenderlo con el solo análisis de tablas numéricas.

La inflación no es un fenómeno económico, por último, es un fenómeno cultural.

Y así podríamos continuar con los ejemplos que dieran certeza a nuestra afirmación, aunque preferimos en homenaje a la claridad quedarnos con estos pocos que tienen el valor explicativo otorgado por la circunstancia de aparecer reiteradamente a lo largo de las diversas etapas que hemos analizado hasta aquí, para explotar casi en forma conjunta en las últimas dos décadas de la vida nacional.

Para comprenderlo mejor –y siempre respetando la tesitura de elegir de manera aleatoria los acontecimientos que consideramos sirven para lanzarnos de lleno a la comprobación de nuestra hipótesis central- vamos a incluir ahora una prieta síntesis de los hechos económicos de estas dos últimas décadas, de manera tal que sea más sencillo para el lector extraer luego sus propias conclusiones y acompañarnos en el análisis de fondo.

Digamos para comenzar a desandar este camino que el gobierno radical no comprendió de inmediato que la estructura socioeconómica de la Argentina había cambiado.

El primer ministro de economía de la gestión alfonsinista, Bernardo Grinspun, pretendió aplicar una política redistributiva, y endureció la posición argentina frente a la deuda externa, siguiendo ciegamente las promesas electorales y cometiendo el mismo error que casi veinte años antes había llevado a Arturo Illía a no ser capaz de asumir seriamente la realidad argentina al anular los contratos petroleros firmados por su antecesor, aunque a todas luces ello fuese a traer graves consecuencias para el país, tal cual ocurrió en poco tiempo.

Los grupos económicos consolidados en el Proceso decidieron mostrar al gobierno quién dominaba por entonces la situación y provocaron una primera escalada inflacionaria, gracias a su posesión del monopolio de los mercados.

Con el Plan Austral de junio de 1985, el gobierno radical reconoce la situación y empieza a virar de la preocupación por la distribución a la acumulación de capitales.

El nuevo Ministro de Economía Juan Vital Sourrouille –un técnico de impecables antecedentes- diseña una estrategia de modernización que reconoce a los grupos económicos como la fracción más dinámica de la burguesía y a los que se bautiza con un mote que ya no los abandonará hasta nuestros días: los capitanes de la industria.

Desde lo político busca un espacio de negociación con el nuevo bloque de poder y diseña programas conjuntos, asumiendo los costos de esta relación y apostando a la iniciativa inversora de aquellos. Justo es reconocer en esta actitud la capacidad de cambiar a tiempo que mostró la administración de Alfonsín –lo que no había querido hacer en su momento Illía- aunque a poco de andar quedase en evidencia que se trataba de una simple cuestión estratégica y no de una verdadera comprensión de la nueva realidad mundial que dejaba a nuestro país –tal cual lo interpretaba el jefe de estado- atrasado en el tiempo y aislado en el espacio económico.
En este marco se dan las primeras privatizaciones -Plan Houston (inversiones privadas en el área petrolera, que era hasta entonces monopolizada por YPF), integración con Brasil, incorporación de capitales al área de las telecomunicaciones, y poco más- todas dentro del concepto liberal que pasaba de esta forma a ser el oficial desde aquel mismo instante. Paralelamente comienza a plantearse la necesidad de una reforma del estado y ello puede deducirse a partir de lo afirmado por el mismísimo Sourrouille para sorpresa y furia de los radicales del viejo tronco que a partir de ese mismo instante inician un sistemático trabajo de demolición que tiene como víctima al mismísimo plan económico del gobierno y, por supuesto, a su mentor.

Decía entonces con realismo el ministro que "lo esencial es asociar a los grupos económicos a un proyecto de crecimiento industrial en democracia".

La estrategia de políticas acordadas con el gran capital, le demostrará al gobierno que entablar relaciones con el poder económico -sin hacerlo desde una posición de fuerza importante y sustentada en una base social movilizada y en una decisión política fuerte-, no puede terminar de otra manera que no sea la subordinación de los intereses de la nación a las especulaciones empresarias.

Sin embargo la política de concesión permanente a los grupos dominantes -a la espera de que asumieran el liderazgo de una nueva era de crecimiento- fue debilitando al partido gobernante, hasta dejarlo preso de su propia estrategia.

Pensar en una solución populista resultaba prácticamente insostenible en las circunstancias por entonces existentes: las condiciones que imponía la crisis económica mundial, sumado al ordenamiento económico heredado de la dictadura militar, eliminaban la posibilidad de combinar al menos por el momento, crecimiento económico con justicia social.

El fracaso del intento de abrir el camino político a los grandes empresarios nacionales -conteniéndolos dentro de un sistema con apoyo social- obligó a Alfonsín a negociar una posición más favorable a los acreedores externos, propiciando la apertura económica como forma de limitar la capacidad de aquellos grupos para fijar los precios internos a su antojo.

Al mismo tiempo, la imagen del gobierno se deterioraba, soportando derrotas electorales como la de 1987, que reflejaban el reclamo popular de cambios en la economía, frente a los continuos ajustes que los grupos de poder, nacionales y extranjeros, exigían a cambio de su apoyo.
Se había terminado el romance (lo que era harto evidente) llevándose consigo aquél espíritu reivindicatorio de las primeras épocas: ya no se quería seguir hablando de los derechos humanos o de la calidad institucional; había llegado la hora de vivir mejor.

En agosto de 1988 –en medio de grave situación económica y con el oficialismo perdiendo aceleradamente apoyo político- se lanzó el Plan Primavera que apostaba todas sus fichas a la exportación, los créditos externos y a la apertura económica.

La intención de acabar con algunos privilegios de los holdings locales, mediante la competencia exterior, la progresiva sobrevaluación del Austral y las modificaciones a los regímenes de compre nacional y de promoción industrial, fue poniendo a aquellos mismos grupos empresarios en la vereda de enfrente del gobierno hasta convertirlos en los más enconados e irreconciliables enemigos.

En febrero de 1989 el Plan Primavera se derrumbó, dando comienzo una etapa final marcada por la imposibilidad de plantear cualquier política económica futura y la sumisión ante el poder económico.

Hiperinflación, estallidos sociales, pánico financiero, pérdida del gobierno de todo apoyo popular y la renuncia inevitable de las autoridades nacionales fueron los pasos que –en sucesión fatalista- arrastraron al gobierno de Alfonsín y a punto estuvieron de hacerlo con toda la sociedad argentina.

Entre 1983 y 1989, la economía en su conjunto se achicó el 3,7%, a razón del 0,6% anual.
El consumo había caído el 2,6%, a razón de 0,4% por año.

En 1989, estalló la hiperinflación que trepó al 4.923 % en los precios al consumidor y al 5.386,3% para los precios mayoristas; así se desató una huida generalizada del austral –la moneda creada por el gobierno junto con el lanzamiento del plan del mismo nombre- hacia el dólar, cuya cotización creció 25 veces en apenas 6 meses.

Se produjo un elevado derrumbe fiscal ya que, en relación a los impuestos directos, la participación disminuyó sensiblemente: del 3% del PBI a principios de los años sesenta, a menos del 2% en los setenta y a 0,8% a principio de los ´90.

En el mundo el nivel promedio en los países con ingresos semejantes era del 8,1% del PBI, es decir 10 veces más.

El crecimiento del PBI fue nulo y con una fuerte reducción del PBI per cápita del 1,3 por ciento en promedio.

La Argentina perdió un punto por año de crecimiento económico produciendo al mismo tiempo un fenómeno asombroso: mientras la economía trastabillaba y arrastraba consigo al PBI aumentaba notoriamente su nivel de empleo, producto del desborde generado en el sector público y en el trabajo doméstico que eran los que empujaban las estadísticas hacia arriba.
La hiperinflación que explotó por primera vez en julio de 1989 reflejó una cifra inusual aún en la historia mundial de situaciones similares: el índice de precios al consumidor alcanzó ese mes el 196,6%, superando inclusive a la hiperinflación alemana de 1923.

El empobrecimiento de la baja clase media y de los trabajadores de empleo fijo movilizó el crecimiento de un sector informal para la producción de bienes de consumo baratos, de baja calidad y servicios personales, sustitutivos de una mejor calidad que ya no eran alcanzables. Este predominio del sector informal en la economía de un país es siempre indicativo de retroceso económico.

El aumento desmedido del sector público -y por lo tanto del déficit público- como consecuencia del mal funcionamiento de empresas sobredimensionadas en personal y plagadas de corrupción, llegó a ser una de las causas principales de la hiperinflación y, como consecuencia de no existir recursos financieros ni siquiera para pagar sueldos, llevó al gobierno a cometer el error de buscar la solución por la vía de la emisión de moneda con la consiguiente pérdida de valor de la misma.

El empresario Julio Ramos –director propietario del influyente “Ambito Financiero” - fue el primero en afirmar entonces que sólo un presidente peronista podría lograr la legitimidad política necesaria para un plan de ajuste económico neoliberal , lo que a juicio de muchos era ya inevitable.

Mariano Plotkin agrega: "Pareciera que un gobierno peronista por el hecho de serlo adquiere una legitimidad inercial que le permite hacer cosas que otros gobiernos aún con una base electoral mayor no pudieron realizar (tampoco los militares, para el caso)".

Si a eso le sumamos la dramática situación socio-económica existente al momento en que Menem asumió su mandato, podemos entender con claridad la inmensidad del campo de maniobras que tuvo su gobierno para imponer dichas políticas.

Después de casi dos años de erráticas medidas económicas -que produjeron otro brote hiperinflacionario en el verano de 1991- el ministerio de economía fue asumido por Domingo Cavallo, quien implementó en forma inmediata medidas -como la Ley de Convertibilidad- que lograron aplacar la inflación, recurrente problema de la Argentina de las cuatro últimas décadas.
Esa estabilidad encendió la llama del consumo y dio pie para una lenta pero incesante transformación de las estructuras socioeconómicas argentinas.

Las privatizaciones -envueltas en sospechas de corrupción como todo el gobierno de Menem-, el achicamiento del Estado –acompañado sin embargo por un descontrolado crecimiento del gasto público-, la flexibilización laboral –con la consiguiente pérdida de derechos adquiridos por los trabajadores -,la desregulación del sistema económico, la subordinación exagerada y estratégicamente equivocada a los intereses de Estados Unidos – aquellas relaciones carnales definidas por el ministro Guido Di Tella- la regresividad del sistema tributario –que llegó a hacer depender más dos tercios de la recaudación en los impuestos al consumo- y el espíritu especulativo que terminó fomentándose desde el gobierno, son algunas de las muestras del avance incontenible de aquellas ideas neoliberales que, siendo inevitables como medidas de ajuste ante la estampida final que se produjo durante la gestión anterior, terminaron enamorando al propio gobierno y, lo que resulta mucho más grave, a una sociedad que empujó masivamente con su voto la continuidad de las mismas, aún cuando a partir de la mitad de la década ya dejaban ver claramente los costos sociales de su implementación y mostraban claras señales de agotamiento.

Tal como había ocurrido durante la primera etapa de la gestión económica del Proceso de Reorganización Nacional, el mantenimiento del alto nivel de consumo de la población debía ahora sostenerse con la única ayuda del crédito externo, multiplicando la deuda y comprometiendo porcentajes de la renta pública y privada que debían ser utilizados para , si bien penosamente, afrontar sus vencimientos

Al igual que antaño la pérdida de competitividad externa –originada en la cada vez mayor sobrevaluación de la moneda- comenzó a afectar la balanza de pagos, destruyó sistemáticamente la industria nacional y sustituyó su producción por bienes de consumo provenientes generalmente de los mercados asiáticos.

Y se reiteró también aquella costumbre de la sociedad argentina –basada en la falta de responsabilidad común y de claridad acerca de los objetivos nacionales que sostiene la hipótesis central de este trabajo- de entregarse alegremente a un consumo fatuo y desmedido, viajar por el mundo como si perteneciésemos a la más próspera de las sociedades e insistir en lo que ya se parecía más a un rasgo de perversión que a la ingenuidad: aceptar como positivo aquello a lo que tan sólo un tiempo atrás señalábamos como responsable de todos los males acaecidos a la sociedad.

Como para que no quedase ninguna duda, el 17 de marzo de 1996 el propio José Alfredo Martínez de Hoz declaró al diario La Capital de Rosario que se sentía "reivindicado" por la política económica de Carlos Menem e implementada por Cavallo, que según él retomaba "las ideas centrales" de su programa.

La inconstancia de los argentinos irrumpía nuevamente en la escena del drama nacional...
Pero esta realidad venía desde el fondo mismo de nuestra historia.

Veamos sino este cuadro de importaciones entre 1871 y 1874, que ilustra sobre las tendencias de nuestra incipiente cultura nacional de acuerdo a los perfiles surgidos de la mano de la que puede ser considerada la primera apertura económica de nuestra historia.

Las clasifica en prescindibles; competitivas —o sea que podían fabricarse en el país— necesarias que no podían sino importarse; y libres de derechos, aquellas cuyo ejemplo eran las locomotoras o los libros impresos.

Prescindibles: 15.215.772 pesos fuertes
Competitivas: 138.082.598 pesos fuertes
Necesarias: 48.910.790 pesos fuertes
Libres de derechos: 13.899.674 pesos fuertes

Para comenzar, las mercaderías prescindibles o suntuarias superan a todas las demás libres de derechos.

Más del 50 % podían haberse fabricado en el país, promoviendo el interior y volcando en él una adecuada protección a los inmigrantes.

Es tan clara y definida esta propensión de la cultura, que una composición semejante de las importaciones se repite cada vez que se liberan los ingresos del exterior. La experiencia durante el Proceso (1976-1979) o la observable en los años de Menem ilustran esta realidad. La teoría del gasto ostensible de Veblen, se comprueba en las tendencias persistentes de nuestra cultura.
Decíamos que paralelamente a la implementación de estas políticas económicas el gobierno promovió como estrategia prioritaria un acercamiento con los Estados Unidos.

En octubre de 1997el sistema político norteamericano –es decir, el Poder ejecutivo y el Congreso, con el voto unánime de demócratas y republicanos – decidió otorgarle a la Argentina la condición de aliado estratégico ajeno al sistema de la OTAN.

Esta categoría está prevista en la Ley de Asistencia Externa de los Estados Unidos y no es precisamente un club con muchos socios ya que sólo la comparten con nuestro país Australia, Corea del Sur, Israel, Japón, Jordania y Nueva Zelanda.

Claro que una de las exigencias paralelas a esta decisión –que en los hechos no pasó de un enunciado vacío de contenidos reales- era la reducción del enorme déficit fiscal que había llevado a Alfonsín no sólo a la caída global de la economía, sino también a la hiperinflación del 89 provocando el colapso de las finanzas públicas y las estampidas hacia el dólar que sirvieron para potenciar la situación.

Una crisis en el estado -a partir de un crecimiento exagerado y distorsionado- requiere ineludiblemente para su reconstrucción una dramática disminución de su tamaño y su presupuesto.

Menem anunció entonces algunas de las medidas que estaba dispuesto a implementar para lograrlo:
1) Privatización de las empresas bajo su órbita;
2) el fin de esquemas salariales de privilegio
3) reducción paulatina del gasto político y de la burocracia estatal
Algunos de estos ejes centrales nunca llegaron seriamente a implementarse y otros terminaron seriamente cuestionados por la presencia de un incontenible brote de corrupción que encontró en la indiferencia de una sociedad satisfecha y consumista el principal cómplice para su inescrupuloso avance.

Las privatizaciones fueron por lo demás un fenómeno mundial a fines de la década del 70, y principios de los 80, lo que habla a las claras de la falacia sostenida por el gobierno al auto designarse como ejemplo para el mundo.